Al final, y tal y como se temía, perdió la naturaleza y triunfaron los intereses de los grandes terratenientes con cotos de caza en el interior del Parque Nacional de Cabañeros. Empresarios como Alberto Cortina y Alberto Alcocer —con participación en la constructora ACS—, el naviero Alejandro Aznar —dueño de una flota de petroleros y marido de Mónica Oriol, la presidenta del Círculo de Empresarios— o el propio director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada, gran amante de la caza, podrán seguir disfrutando de sus monterías dentro este espacio protegido situado entre Toledo y Ciudad Real.

Así lo hace posible la nueva Ley de Parques Nacionales, que entró en vigor el pasado 5 de diciembre. Fue aprobada el 20 de noviembre con los votos exclusivos del Partido Popular y el rechazo del resto de grupos parlamentarios, aunque CiU y UPyD se abstuvieron en la votación de algunas enmiendas.

La ley abre la puerta a la práctica cinegética en el interior de estos espacios protegidos — aunque ha desaparecido con finalidad comercial en la mayoría de ellos, excepto en Cabañeros— y ha provocado tal rechazo entre la ciudadanía y las organizaciones ecologistas que la oposición parlamentaria en bloque ha anunciado un pacto para derogarla lo antes posible e intentar declarar ilegales los preceptos aprobados en la enmienda 278.

Los responsables de los Parques Naturales se han mostrado en contra de la reforma

Esta enmienda, introducida por el PP en el Senado en el último momento, vino a rectificar su propuesta inicial de permitir a los propietarios de fincas privadas dentro de los parques seguir organizando cacerías sin límites de tiempo y fija en el año 2020 el plazo máximo para que estos lleguen a un acuerdo con el Estado y pongan fin a esas actividades.

"La enmienda 278 plantea, sencillamente, la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección de un parque nacional hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida. Se trata, por tanto, de un hurto genérico del interés general declarado en la ley que, de esta forma, queda sencillamente invalidado. Con la nueva ley, no hay normas derivadas de un parque nacional, que se limita a ser un mera marca, y no precisamente de calidad", dicen los cinco grandes grupos conservacionistas españoles.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF interpretan que la enmienda ampara cualquier derecho real que pueda existir en el futuro sin ningún tipo de limitación. "La modificación presentada por el Grupo Popular incumple todos los principios de interés general y relega la primacía de lo público y el interés por la conservación. Ya no hay ningún lugar en el territorio nacional donde conservar el patrimonio natural sea el máximo fin. Los parques nacionales no ocupan ni el 1% del territorio. Es lamentable que un Estado no sea capaz de mantener a salvo de la explotación ni siquiera esa ínfima porción de su territorio", señalan las cinco organizaciones en un comunicado conjunto.

El partido en el Gobierno justifica la prórroga por la defensa de la “seguridad jurídica” de los propietarios privados, tal y como hizo con la nueva Ley de Costas, en la que también se introdujeron enmiendas en el último momento para consolidar núcleos precarios ilegales en primera línea de mar. En las semanas previas a la aprobación de la ley, la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró que había que reconocer la contribución de los propietarios particulares en la conservación de los parques nacionales.

La nueva ley está diseñada para sustituir a la norma de 2007 que fue aprobada con un amplio consenso y que regula los 15 parques nacionales de España. Su objetivo declarado es “la conservación de los parques” y su red, así como la “coordinación y colaboración” entre Gobierno y las comunidades autónomas, que son las tienen las competencias de gestión exclusivas según la ley de 2007.

No más plazos

La polémica ha acompañado a la reforma desde mucho antes de su aprobación. El Consejo de Estado se mostró contrario al texto y puso en duda su constitucionalidad, porque invadía las competencias de las comunidades autónomas. Pero, finalmente, el organismo consultivo no se opuso a que fuese remitido al Consejo de Ministros. El PP se quedó sólo en su defensa, en su primer paso por el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Antes dar su visto bueno definitivo, cuando aún no se había retirado la enmienda que perpetuaba la caza y que sería finalmente sustituida por otra que la prorroga hasta 2020, 11 directores de los 15 parques nacionales remitieron una dura carta al Ministerio de Medio Ambiente en el que expresaban su rechazo a la reforma.

Los responsables de espacios protegidos como Doñana, Monfragüe, Sierra Nevada o Picos de Europa señalaban en el escrito que permitir la caza sine díe “implica socavar en lo más profundo el concepto de interés general y las bases de la existencia de nuestros parques nacionales”.

"Es una ley a medida
de los señoritos que gestionan sus fincas en Cabañeros"

La carta fue enviada al director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada, pidiéndole que la elevara “a las instancias oportunas del Senado y del Congreso, así como del Ministerio”. Sin embargo, Rada ocultó al Grupo Popular la queja de los 11 directores.

“Los 15 parques nacionales son como nuestros mejores 15 cuadros del Museo del Prado. No demos más rodeos. Nuestro patrimonio natural no merece más prórrogas”, reivindica Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/Birdlife. 

Para Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, la reforma del PP es “una ley a medida de los señoritos que gestionan sus fincas en el Parque Nacional de Cabañeros como si fueran sus cortijos”. Oberhuber vincula la prórroga de las monterías en Cabañeros con la “amistad” de los grandes terratenientes con María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. “Tenemos un Gobierno atado de pies y manos a la voluntad de Cospedal”, opina.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, aplaude “la valentía” de los 11 directores que alzaron su voz contra la reforma. “Parecía que éramos sólo los ecologistas los que estábamos en contra, pero no, los mejores técnicos, que son los directores de los parques nacionales, están pidiendo que se pare esta salvajada”, destaca. En su escrito, los directores aseguraban también que con la nueva ley “los parques nacionales quedan cuestionados a nivel mundial, porque se reducen las garantías para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia, con el coste que de ello se deriva en términos de prestigio, valoración turística y reconocimiento de nuestra biodiversidad”.