El pasado domingo, más de 50.000 personas inundaron las calles de Amposta (Tarragona) para manifestarse contra el Plan Hidrológico para el río Ebro aprobado por el Gobierno en funciones del Partido Popular (PP) que preside Mariano Rajoy. La magnitud de la cifra se pone de manifiesto al compararla con la de la población total de las comarcas catalanas que rodean el delta del río, de unos 180.000 habitantes. El plan prevé construir 56 nuevos embalses y dotar de regadío a 465.000 hectáreas más, lo que podría condenar a muerte el mayor humedal del Mediterráneo peninsular y otras áreas protegidas del tramo final del río.

El conflicto tiene un precedente. En el año 2000, la burbuja de la construcción española llevaba ya unos meses hinchándose. El Gobierno, presidido entonces por José María Aznar, anterior máximo dirigente del PP, redactó un Plan Hidrológico Nacional que, aprobado un año después, preveía el trasvase de agua de la cuenca del Ebro a otras autonomías y una fuerte reducción del caudal del río en la parte final de su curso.

El domingo se manifestaron 50.000 personas sobre una población de 180.000

Nació entonces la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), que agrupa a decenas de entidades opuestas a los trasvases y que denuncian los perjuicios ambiental, social y económico que éstos producirían en el bajo Ebro, y especialmente en el delta. La PDE inició un ciclo de movilizaciones sin precedentes y concitó en el territorio una voluntad casi unánime en favor de una nueva cultura del agua.

El proyecto, también cuestionado por la Unión Europea, no se llevaría a cabo. El trasvase fue anulado por el siguiente gobierno, el socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que elaboró en 2005 un nuevo plan basado en una mejor gestión del agua en los territorios que debían recibir el agua del Ebro y en la desalación. Pero ahora, pese a estar en funciones y con casi nulas posibilidades de que Rajoy pueda gobernar una legislatura más, el ejecutivo del PP acaba de plantear un tercer Plan Hidrológico para el período 2016-2021 que ha puesto de nuevo al territorio en pie de guerra.

Según la PDE, el nuevo plan representa la "muerte planificada del Delta del Ebro", una zona húmeda de alto valor ecológico y rica biodiversidad. El documento, aprobado sin consenso con ningún otro grupo parlamentario, establece una previsión de agua para 465.000 hectáreas más de regadío, que se añadirían a las 950.000 ya existentes, y prevé la construcción de más de 50 nuevos embalses y obras de regulación, que se agregarían a las 200 presas actuales.

Salinización y residuos tóxicos

De hacerse realidad, las quitas y barreras dejarían al río sin el caudal mínimo suficiente y pondrían en grave peligro la supervivencia de los ecosistemas naturales de su tramo final y su entorno socio-económico. De hecho, desde hace años, diferentes estudios alertan del peligro de desaparición del delta.

Desde su trabajo sobre el terreno Ramón Vidal, educador ambiental en el Ecomuseo del Delta, es consciente de la fragilidad de esta área húmeda, una de las más importantes de Europa. Vidal indica que una reducción del caudal del río puede “afectar gravemente a un ecosistema muy sensible”. Si se reduce el caudal, disminuye la cantidad de sedimentos depositados en la desembocadura, "la fuerza constructiva del río”. Por tanto, el empuje hacia el delta del mar, que además está subiendo de nivel como consecuencia del cambio climático, aumenta.

Vidal advierte de que el delta se encuentra “en un claro proceso de regresión, que en algunos puntos se puede apreciar a simple vista”. Otros problemas evidentes son la salinización creciente del río, la acumulación de sedimentos en los embalses y la acumulación de residuos tóxicos.

El documento contempla construir 56 embalses y regar otras 465.000 hectáreas

La Unión Europea (UE) debe emitir un dictamen sobre el plan a finales de marzo. “El delta, además de ser parque natural, acaba de ser declarado Reserva de la Biosfera y está protegido por el convenio internacional Ramsar”, relativo a las áreas húmedas de importancia internacional. Éstas, “históricamente maltratadas por la actividad humana, tienen ahora una importancia estratégica”, argumenta. Según Vidal, al igual que frenaron el proyecto anterior, las instituciones europeas deberían tener en cuenta que el Plan Hidrológico “incumple la Directiva Marco del Agua europea, la de Hábitats y la de Aves”.

Las organizaciones ecologistas de la cuenca del Ebro, y particularmente la PDE, orientan claramente sus acciones hacia Bruselas. De hecho eligieron el 7 de febrero para convocar la gran manifestación de Amposta porque al día siguiente visitaba la zona una delegación de europarlamentarios que deberán redactar un informe al respecto. Como hizo con éxito con el plan previsto para el período 2009-2015, la PDE impugnará el proyecto ante la Comisión Europea. Acciones legales y la fuerza de las movilizaciones masivas es la combinación que ha puesto sobre la mesa la plataforma desde hace 15 años para salvaguardar un biotopo único.

Las organizaciones ambientales de la cuenca del Ebro, cuyas alegaciones se han ignorado en el proceso de aprobación del proyecto, consideran que España podría incluso ser objeto de sanciones y quedarse sin acceso a los fondos europeos que reclama para las obras. Los nuevos planes gubernamentales, aseguran, perjudican a la sociedad e “incumplen los requerimientos de la UE a través de la Directiva Marco del Agua, como evidencia el procedimiento que la Comisión ha abierto contra España”. Europa tendrá la última palabra en los próximos meses, si es que el convulso panorama político español no propicia una retirada o una reforma drástica del proyecto actual.