Mientras Barcelona acoge esta semana el Mobile World Congress, el gran congreso mundial de la telefonía móvil, que en la anterior edición reunió a 93.000 personas de 200 países y dejó en la ciudad más de 430 millones de euros, el lucrativo negocio del sector, y de la industria electrónica en general, oculta una triste realidad.
Muchos de los componentes de las baterías de smartphones y tabletas se extraen de las minas de la República Democrática del Congo (RDC), por cuyo control y explotación han estallado violentos conflictos bélicos, los más cruentos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en las que el abuso y la explotación laboral tanto de adultos como de niños están a la orden del día.
La existencia de trabajadores semiesclavos en minas controladas por grupos armados que luchan por dominar los yacimientos de recursos tan preciados –cada teléfono contiene alrededor de 40 minerales distintos– hace años que salió a la luz gracias a reportajes de prensa y documentales. Pese a ello, la situación no mejora y las grandes marcas electrónicas, como Apple, Samsung y Sony, siguen sin mover un dedo. Así lo demuestran Amnistía Internacional (AI) y Afrewatch en su último informe.
AI y Afrewatch han rastreado la venta del cobalto extraído en el sur de la RDC
El estudio se centra en el proceso de extracción del cobalto en el sur de la República Democrática del Congo, país que produce al menos el 50% del total mundial. Este mineral no está incluido entre los llamados “de conflicto o de sangre” (estaño, tantalio, tungsteno y oro) y a su comercio no se le aplica ninguna regulación especial. Ambas organizaciones han rastreado la venta del cobalto empleado en las baterías de iones de litio y han comprobado que proviene de minas en las que niños de tan sólo siete años trabajan en unas peligrosas e inhumanas condiciones.
Las largas jornadas de trabajo sin apenas equipos de protección en minas y canteras, vertederos o campos de cultivo son el pan de cada día para 168 millones de niños en todo el mundo, una cifra que ronda el 11% del conjunto de la población global menor de edad, según los datos del último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De ellos, más de la mitad llevan a cabo trabajos peligrosos como la extracción de minerales o agricultura en la que se manejan sustancias tóxicas, o son sometidos a formas de esclavitud como la explotación sexual. El África subsahariana continúa siendo la región con la más elevada incidencia de trabajo infantil, con 59 millones de niños.
“Los fascinantes escaparates y la publicidad de las tecnologías de vanguardia contrastan fuertemente con los niños cargados con bolsas llenas de piedras y los mineros que desfilan por estrechos túneles, expuestos a sufrir daños pulmonares permanentes”, denuncia Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.
Un congreso alternativo
En el informe se documenta como el cobalto extraído de las minas de la RDC, uno de los países más pobres del mundo, se vende a Dongfang Mining (CDM), filial en propiedad exclusiva del gigante chino del comercio de minerales Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt). Dichas empresas lo procesan antes de venderlo a tres fabricantes de componentes para baterías de iones de litio, Ningbo Shanshan y Tianjin Bamo, de China, y L&F Materials, de Corea del Sur, que a su vez lo comercializan entre compañías de tecnología y automóviles, entre ellas Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler y Volkswagen. AI contactó con 16 multinacionales que figuraban en la lista de clientes, y ninguna fue capaz de aportar datos suficientes sobre el origen del cobalto empleado en sus productos.
Amnistía Internacional y Afrewatch piden a estas grandes corporaciones que se hagan responsables de la legalidad en la extracción de las materias primas que emplean en sus artículos, que investiguen cómo se consiguen y que sean más transparentes en lo que respecta a informar sobre sus proveedores. “Sin leyes que las obliguen a comprobar dónde consiguen los minerales y a hacer pública la información sobre sus proveedores, las empresas podrán seguir beneficiándose de los abusos contra los derechos humanos. Los gobiernos deben poner fin a esta falta de transparencia, que permite a las empresas sacar provecho de la miseria”, afirman.
Las ONG piden a las empresas que hagan pública la información sobre sus proveedores
La empresa social holandesa Fairphone nació para ofrecer una alternativa a esta sucia trastienda y lo ha conseguido. Tras el éxito cosechado con el primer teléfono inteligente fabricado con materias primas limpias y un trato social digno para todos los trabajadores implicados en su producción, la compañía ha lanzado, manteniendo la misma política, el Fairphone 2, para el que ha rastreado y puesto en un mapa toda su cadena de suministro. Ya han vendido más de 30.000 unidades desde julio.
Además de preocuparse por los minerales de conflicto, la compañía también lo hace por las inaceptables condiciones laborales que se dan en las fábricas donde se producen componentes para teléfonos móviles de reconocidas marcas, ya que numerosos trabajadores han contraído enfermedades incurables e incluso han muerto a consecuencia de la prolongada exposición a sustancias tóxicas.
El aparato ha sido diseñado de manera que los propios usuarios puedan desmontarlo y cambiar sus piezas, de manera que no se vea afectado, como el resto de aparatos del mercado, por la obsolescencia programada, y además sólo se fabrica bajo demanda, para evitar la sobreproducción, dado que los procesos de montaje son aquellos que generan más emisiones de dióxido de carbono, tal y como señalan desde la empresa.
Fairphone, aseguran sus creadores, busca que la industria mundial de la electrónica sea más justa. El proyecto será presentado en Barcelona en el alternativo Congreso Social del Móvil que se celebrará el 23 de febrero por la tarde organizado, bajo el lema Plantemos cara al Mobile World Congress, por ONG y entidades como SETEM, Amnistía Internacional y la Red de Entidades por el Congo, entre otras, impulsoras de la plataforma Electronics Watch.