Una aspiradora que usa un 50% más de energía que la declarada, un lavavajillas que necesita dos ciclos de lavado para dejar correctamente la vajilla o una bombilla LED que ilumina un 20% menos de lo que promete su etiqueta. Estos son algunos de los casos que denuncia en un reciente estudio MarketWatch, un proyecto desarrollado por un consorcio de 16 organizaciones sociales de toda Europa y cofinanciado por la Comisión Europea, tras analizar durante los últimos tres años un amplio número de productos.

El informe concluye que 18 de los 95 artículos examinados están fuera de la normativa europea sobre eficiencia energética. Es decir, uno de cada cinco electrodomésticos gasta más energía de la que garantizan sus fabricantes. “Los ciudadanos están comprando productos menos eficientes de lo que esperaban. Definitivamente, las autoridades españolas tienen mucho por hacer: deben asegurarse de que la información que declaran los fabricantes es correcta”, explica Mónica Vidal, la responsable de políticas europeas de ECODES, el socio español de la iniciativa.

Saltarse la norma supone perder 10.000 millones de euros anuales en energía

Según revela ECODES, algunos fabricantes y distribuidores, sobre todo en las ventas por Internet, se saltan sin rubor las leyes de eficiencia energética. El resultado: además de engañar a los consumidores –otra estafa más, a sumar a la de los automóviles diésel–, se encarecen nuestras facturas y contribuimos en mayor medida al calentamiento global. Hasta ahora nos han hecho creer que podíamos reducir nuestra factura de la luz y las emisiones de carbono si comprábamos electrodomésticos más eficientes, fiándonos de las etiquetas energéticas que los acompañan. Pero de poco servirá la buena voluntad y la predisposición de los consumidores –el 85% de europeos las tienen en cuenta en sus decisiones de compra–, si no se gestiona y controla mejor el sector para evitar estas malas prácticas.

La falta de cumplimiento de la legislación por parte de fabricantes y vendedores supone la pérdida de más de 10.000 millones de euros en ahorro energético cada año. Si un ciudadano utilizara únicamente aparatos energéticamente eficientes en su casa, podría llegar a ahorrar 480 euros anuales.

Las etiquetas energéticas son obligatorias para electrodomésticos de uso diario como frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras, lavavajillas, lámparas, aspiradoras, aparatos de aire acondicionado, calderas y utensilios de cocina como hornos de gas y campanas extractoras. Deben situarse en un lugar visible en todas y cada una de las unidades en venta. “El etiquetado energético beneficia al medio ambiente, pues permite a los clientes obtener información precisa, pertinente y comparable sobre la eficiencia energética y el consumo de energía de los productos relacionados con la energía, dondequiera que se encuentren en la Unión, y, por tanto, tomar decisiones de compra fundadas, rentables y respetuosas con el medio ambiente, que aportan beneficios tanto desde el punto de vista ambiental como desde la perspectiva económica”, recoge la Directiva Europea Ecolabelling (Euroetiquetado).

Escaso control

Actualmente, los productos se clasifican en diferentes escalas (de A a G, de A+++ a D, etc.). Cada letra es de diferente color e informa sobre el consumo de los aparatos: la letra A para el más eficiente y la letra G para el que menos. Es decir, un electrodoméstico con letra G consume más energía que uno con la A haciendo lo mismo. Los artículos que están más arriba en la clasificación son más caros, pero el precio se amortiza con el paso de los años gracias al menor consumo eléctrico.

En julio de 2015, la Comisión Europea revisó la normativa sobre el etiquetado de eficiencia energética y propuso volver a una única escala, de la A a la G, una medida que aportaría un ahorro igual al consumo energético anual de todos los países bálticos en conjunto (alrededor de 17 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año de energía primaria).

Los productos más eficientes son más caros pero se amortizan con el paso de los años

Asimismo, planteó crear una base de datos digital para los nuevos aparatos energéticamente eficientes con el fin de impulsar la transparencia y mejorar el cumplimiento de las normas. La propuesta de la Comisión se transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo, quienes la debatirán y tomarán la decisión final. Se calcula que el proceso durará un año. Una vez aprobada la propuesta, la Comisión aplicará los cambios a la mayoría de grupos de electrodomésticos que tienen una etiqueta energética en un plazo de cinco años.

La eficiencia energética está regulada en la Directiva de Ecodiseño (ErP). La normativa establece una serie de requisitos mínimos a los fabricantes para poder lanzar sus productos en el mercado comunitario. Según datos de la UE, las medidas vigentes generan cada año un ahorro en energía primaria de alrededor de 175 millones de toneladas de petróleo, lo que equivale al consumo de energía primaria anual de Italia o al consumo anual de alrededor de 60 millones de hogares.

Cabe destacar que los resultados del estudio de MarketWatch no reflejan la realidad del mercado desde un punto de vista estadístico porque para llevarlo a cabo primero se seleccionaron productos y modelos que ya resultaban sospechosos. Pero sí que revelan un número considerable de infracciones en artículos que se pueden encontrar actualmente a la venta. 

La Unión Europea estima que entre el 10% y el 25% de los electrodomésticos no cumple los requisitos de etiquetado de eficiencia energética y que aproximadamente el 10% del ahorro de energía previsto se pierde por culpa de ese incumplimiento. “Esto se debe en parte al escaso control por parte de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado”, denuncian. Desde ECODES se pide a los consumidores que ejerzan más presión sobre los fabricantes y los comerciantes en todos los países. Para impedir que sigan estafándonos.