Hacía casi una década que el precio de la electricidad no alcanzaba niveles tan altos en España. En concreto, desde 2008, cuando empezó lo más profundo de la crisis. El megavatio/hora costó en el recién finalizado enero 71,49 euros, casi el doble (un 96% más) que el mismo mes del año pasado, pese a que la demanda fue solamente un 7,4% más elevada que hace un año, según datos del organismo regulador del mercado eléctrico español y portugués Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español (OMIE). La cifra lo convierte en el segundo enero más caro de la historia. Y este fuerte incremento se produjo coincidiendo con algunos de los días más fríos registrados en el país en las últimas décadas, lo que colocará a muchas familias en situaciones económicas límite, agravando el triste fenómeno de la llamada pobreza energética.

En algunos momentos de máxima demanda, hacia las nueve de la noche de varios de los días más gélidos, el precio medio del megavatio en el mercado libre mayorista, fijado mediante el sistema de facturación horaria instituido en 2015, superó los 100 euros. Casi 12 millones de hogares abonados al sistema de tarifa regulada se verán afectados por estos incrementos desmesurados –el resto de consumidores paga una tarifa mensual fija–, y abonarán de media en la factura de enero unos 30 euros más que en diciembre, según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), aunque la patronal eléctrica Unesa reduce ese sobrecoste a sólo nueve euros. Sin contar el impacto de la subida sobre la inflación en general, que ha sido más que notable.

El Gobierno alega la falta de viento y lluvia, pero las renovables aportaron un 32%

El propio ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, admitió públicamente que, en estas circunstancias, cada usuario podría acabar pagando 100 euros más de luz a final de año. Y eso que el consumo solamente supone algo más de un tercio del importe total del recibo –el resto lo suponen los peajes para indemnizar por diversos conceptos a las compañías y los impuestos fijados por el Gobierno–.

La indignación popular generada llevó a la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo a abrir una investigación, que habrá que esperar a ver en qué queda. Eléctricas y Gobierno se aprestaron a culpar a una amplia batería de factores del brutal encarecimiento: además del fuerte tirón de la demanda provocado por la ola de frío polar, alegaron el aumento del coste de los hidrocarburos, una supuesta ausencia de lluvia y viento –aunque algunas comunidades vivían en pleno temporal– que habría impedido el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y la exportación de electricidad a Francia a causa del parón de una veintena de centrales nucleares del país vecino para someterlas a revisiones.

No obstante las afirmaciones gubernamentales y patronales sobre la falta de viento y de lluvia, las energías renovables, cuyo crecimiento ha perjudicado la actual administración, aportaron en enero el 32,7% de la generación eléctrica total: la eólica el 20,1%, la hidráulica el 8,5%, la fotovoltaica el 1,8% y la termosolar el 0,6%, según datos aportados al cierre del mes por la Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico (Reve), lo que todavía hace menos defendible el aumento desorbitado de los precios. 

Abusos y confusión

La organización de consumidores FACUA instó al Gobierno a modificar un sistema de fijación de precios que "fomenta la especulación y los abusos". En octubre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya había denunciado a las grandes compañías eléctricas –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo– ante la CNMC porque a su juicio "confunden a sus usuarios" al no aclarar debidamente sus diferentes intereses y actividades en los mercados libre y regulado. Los clientes, asegura la OCU, "al final no saben qué tienen contratado y con quién". Además, añade, el actual sistema "perjudica la entrada de nuevos operadores", que podrían aportar algo de competencia en lo que en realidad es un gran oligopolio eléctrico.

Ya de por sí, España es el quinto país de la Unión Europea donde el precio de la luz es más elevado, por detrás de Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia –donde los salarios medios en cambio no son precisamente equiparables–. Y por sus características climáticas y geográficas –insolación elevada, fuerte viento en algunas zonas, numerosos embalses– podría sacar un enorme partido a las energías renovables, baratas e inagotables. En el país del sol, la potencia fotovoltaica instalada, de 4,8 gigavatios, es apenas la cuarta parte de la de Italia (18 GW) y sólo una décima parte de la de Alemania (40 GW).

Alemania tiene 10 veces más potencia de energía solar instalada que España

Según un estudio de Greenpeace, un sistema basado en un 95% en energías verdes podría permitir en 2030 un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares respecto al año 2012. Solo en la factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos. Además, se reducirían las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del sector en un 75% con respecto a 2012. 

Pero el oligopolio eléctrico es muy fuerte en España y cuenta con poderosos aliados –o servidores– en las esferas del poder político. El último ejemplo de puerta giratoria de un responsable gubernamental resulta especialmente desafortunado en este contexto: Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, hasta noviembre director general de la Guardia Civil, acaba de ser designado consejero de administración de Red Eléctrica de España, la compañía que gestiona el transporte de la electricidad. Sin experiencia conocida en el sector, este amigo personal de Mariano Rajoy cobrará unos 175.000 euros al año. Le darán para pagar el recibo de la luz.