Tras el final de la crisis, alimentada en buena medida por la burbuja inmobiliaria, las excavadoras y las grúas vuelven a amenazar los cada vez más escasos y fragmentados espacios naturales o simplemente no urbanizados que quedan en el litoral. La insaciable ofensiva especulativa del ladrillo y el cemento ha vuelto a poner sus ojos en la Costa Brava gerundense, en la que diversos proyectos prevén la construcción de 10.000 viviendas en primera línea de mar en municipios como Pals, Palamós y Aiguafreda.

Hasta una veintena de promociones urbanísticas, casi todas ellas aprobadas ya por las autoridades catalanas, quieren edificar 1.076 pisos en Pals; 265 en Aiguafreda, junto a Begur; 72 apartamentos de lujo en la Pineda d'en Gori de Palamós y más viviendas de segunda residencia -que se usarán apenas unas semanas al año- en Palafrugell, Mont-ras, Llançà y Tossa de Mar. Sin embargo, estos planes tendrán que hacer frente a una notable movilización ciudadana.

Solo siete de las iniciativas están en una fase que hace posible pararlas

Frente a ellos se han levantado una veintena de asociaciones de todo tipo y organizaciones ecologistas locales, que se unieron en agosto en la plataforma SOS Costa Brava, que ha lanzado la campaña Ni un palmo más de cemento en la Costa Brava. La plataforma ha centrado su actuación en siete de los proyectos que todavía no han recibido el visto bueno de las autoridades de Urbanismo y aún estarían a tiempo de paralizarse.

En total, los mismos suponen la construcción de 10.000 viviendas, de 4 edificios en Cap Roig, 5 hoteles de lujo y un camping de cinco hectáreas en Mas Vilars, en Tossa de Mar, en pleno macizo de Cadiretes, uno de los últimos rincones del litoral catalán donde los bosques de pinos llegan al mar. Implicarían urbanizar totalmente las hasta ahora preservadas cala d'Aiguafreda de Begur o la Pineda d'en Gori de Palamós

Asimismo, estos proyectos contra los que batallará la plataforma ante las administraciones y en la justicia significarían, de ejecutarse, la prolongación de la autopista C-32, que ahora solamente llega a Blanes, hasta la ya masificada ciudad turística de Lloret de Mar, un campo de golf y otros 272 amarres para yates en la Marina Port d'Aro.

En uno de los proyectos, el de un hotel de lujo y 104 viviendas en Sa Guarda, en Cadaqués, junto al Parc Natural del Cap de Creus, cuyas obras podrían empezar en breve, se urbanizará una superficie de 15 hectáreas provocando la destrucción de más de 17 kilómetros de muros de piedra seca y 1.800 olivos de especies autóctonas, denuncia la Associació d’Amics de la Natura de Cadaqués, que cuenta con el apoyo de SOS Costa Brava.

Descalificar suelos urbanizables

La plataforma, que ha abierto una campaña de recogida de firmas dirigidas a la Generalitat catalana en el portal de internet Change.org, ha calculado que necesita recaudar 60.000 euros solamente para costear los trámites y la contratación de técnicos y abogados para intentar paralizar los proyectos urbanísticos. A día de ayer miércoles había conseguido reunir donativos populares por un importe de 9.500 euros, el 16% del total.

Asimismo, las entidades que la integran (hasta el momento 26 más una empresa) han elaborado un manifiesto con trece demandas al Gobierno, la Generalitat, la Diputació de Girona y los ayuntamientos para que salvaguarden las zonas forestales y los espacios protegidos. En el documento también se reclama que se descalifiquen los suelos urbanizables no desarrollados, no consolidados o no ejecutados; que se constituya un fondo para adquirir los terrenos con valores naturales y paisajísticos y que se cree el Conservatorio del Litoral de Cataluña para "recuperar la parte del litoral más amenazada.

La plataforma necesita reunir 10.000 euros para poder acudir a los tribunales

“La mayoría de estos proyectos tienen su origen en planificaciones de la época franquista y de los años 80 y 90. Son fósiles urbanísticos que se arrastran desde hace tiempo, pero la normativa ha cambiado muchísimo, como por ejemplo en el tema de las pendientes del terreno”, explica Marta Ball-llosera, portavoz de la Iaeden-Salvem l'Empordà y miembro de SOS Costa Brava, entidad que ha logrado llevar el tema a los ayuntamientos implicados, mediante tres mociones de apoyo; al Parlament catalán en su debate de Política General y al Congreso de los Diputados a través de diversas propuestas de resolución vehiculadas por grupos parlamentarios, y que piensa llevar hasta Bruselas su lucha.

Para los promotores de la plataforma, que hasta ayer había contabilizado 109 apariciones en los medios de comunicación, 9 de ellos internacionales, se trata de “modelos urbanísticos caducos y en los que la justificación jurídica para seguir construyendo es irregular” que pueden causar “graves impactos acumulativos, tanto ambientales como paisajísticos, sobre el litoral de Girona, importantes efectos negativos sobre la movilidad, los recursos hídricos y los acuíferos sobreexplotados, el paisaje y la sostenibilidad del territorio”.

El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, la administración que tiene la última palabra en materia de urbanismo, defiende la legalidad de los planes impulsados por los ayuntamientos: “Los planeamientos son correctos y cuando nos lleguen pondremos nuestra dosis de comprobación de legalidad urbanística”. Por de pronto, la administración catalana se ha comprometido a revisar el Plan Director del Sistema Urbanístico Costero para descalificar suelos urbanizables, algo que la plataforma ha considerado “un primer gran éxito político”.