Los paraísos fiscales no solamente son enemigos de la justicia y de la equidad social, y refugio de dinero sucio procedente de actividades delictivas (drogas, armas, prostitución, crimen organizado). También constituyen una de las peores amenazas para el medio ambiente. Desde ellos se financian, y a ellos van a parar (eludiendo los tributos de las zonas donde se obtienen) los beneficios de numerosas actividades económicas que están esquilmando los recursos del planeta. Y lo peor de todo es que muy a menudo el entramado empresarial que lo hace posible es absolutamente ilegal.

El 70% de las embarcaciones que, según las indagaciones de la Interpol, practican la pesca ilegal a gran escala operan bajo banderas de conveniencia ('flags of convenience' en inglés, o FOC), de países libres de impuestos que no son los de su botadura ni los de sus armadores, y el 68% del capital extranjero vinculado con empresas que deforestaron la Amazonia entre 2000 y 2011 provino de países con ínfimas tasas impositivas, según datos del banco central brasileño.

La OCDE cree que los países pobres pierden al año 170.000 millones en impuestos

Así lo ha puesto de manifiesto una investigación desarrollada por expertos del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo (Suecia) iniciada tras la publicación en 2016 de los llamados Papeles de Panamá, 13.4 millones de archivos filtrados en los que se demostraba cómo las personas y corporaciones adineradas, entre ellos destacados dirigentes políticos de países democráticos, usan empresas ficticias en paraísos fiscales para evadir impuestos. El estudio de los investigadores suecos se publicó recientemente en la revista Nature Ecology and Evolution. 

“El uso de paraísos fiscales no es solo un desafío sociopolítico y económico, sino también ambiental”, afirma Victor Galaz, autor principal de la investigación junto a Beatrice Crona, directora ejecutiva de Dinámicas económicas globales y la biosfera,  un programa de estudios de cinco años de la Academia de Ciencias sueca sobre la evolución de la economía global y sus implicaciones para un desarrollo sostenible.

La investigación aporta la primera cuantificación sobre el volumen de capital extranjero que fluye hacia los sectores productores de carne y soja que operan en el Amazonas brasileño y que son dos de los sectores más vinculados con la deforestación del mayor pulmón verde del planeta. Fueron 26.900 millones de dólares (unos 22.964 millones de euros) entre octubre de 2000 y agosto de 2011, asegura el estudio. Y, de ellos, aproximadamente 18.400 millones (15.707 millones de euros) llegaron desde paraísos fiscales, con las británicas y caribeñas islas Caimán como lugar de origen de la mayor transferencia, que “brinda tres beneficios a los inversores: eficacia legal, minimización de impuestos y confidencialidad”.

Luchar contra el secreto financiero

Precisamente, “el secreto financiero dificulta la capacidad de analizar cómo los flujos financieros afectan a las actividades económicas sobre el terreno y cuáles son sus impactos ambientales”, señalan los autores del trabajo. Esta situación no solamente hace que los países afectados tengan menores ingresos tributarios y como consecuencia de ello menos fondos para implementar programas de salud, educación o infraestructuras. También les privan de recursos para subsanar el impacto ambiental de las actividades extractivas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que los países más pobres pierden aproximadamente 200 mil millones de dólares (más de 170.000 millones de euros) cada año debido a la evasión de impuestos. 

Belice y Panamá, por su parte, son los dos principales emisores de banderas de conveniencia a nivel mundial, y gran parte de los barcos que pescan ilegalmente en los océanos del planeta las hacen ondear. Estos países no sancionan a los buques que navegan bajo su bandera aunque se acredite que están violando la ley internacional, y los armadores pagan por lucirlas en sus mástiles para reducir costes y evitar regulaciones estrictas en seguridad o tasas fiscales, pero también legislaciones más duras en materia medioambiental.

La mayor parte de los buques que faenan ilegalmente tienen bandera de Belice o Panamá

Diversas investigaciones periodísticas, muchas de ellas impulsadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sus socios, habían sacado a la luz conexiones entre los países donde apenas se tributa y la destrucción del entorno natural, como la tala masiva del bosque lluvioso en Indonesia por compañías de aceite de palma que operan a través de las islas Vírgenes Británicas o las empresas fantasma involucradas en la sangrienta minería de diamantes en África Occidental.

Lo novedoso del estudio sueco es que aporta una perspectiva más global del problema, algo que no resulta fácil a causa de la total falta de transparencia del sistema bancario de los paraísos fiscales. ”La ausencia de una visión más sistemática no es sorprendente, teniendo en cuenta la ausencia crónica de datos como resultado de la opacidad financiera creada por el uso de estas jurisdicciones”, señala Beatrice Crona.

Así, una investigación de prensa reveló que el grupo brasileño Amaggi y el suizo-francés Louis Dreyfus establecieron en 2009 una empresa conjunta para operar en Brasil. El beneficiario real de la filial de la misma en las islas Caimán era el actual ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Blairo Maggi, quien sin embargo negó haber cometido ninguna irregularidad. Otra investigación del ICIJ sacó a la luz que Pacific Andes, una importante empresa pesquera, creó una filial en Mauricio para administrar sus operaciones en Namibia y de esta forma se benefició de un tratado entre las dos jurisdicciones que lo protegía de los impuestos namibios.

Otro informe de ICIJ publicado en noviembre de 2017 descubrió que el gigante papelero April (siglas de Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.), uno de los mayores productores mundiales de papel y pulpa de madera, con sede en Singapur, utilizó una trama de compañías ficticias para evitar pagar impuestos y financiar sus inversiones en Indonesia, que contribuían a la destrucción de la frágil selva tropical del país. Una portavoz de la compañía dijo que "cumple con todas las obligaciones fiscales en las jurisdicciones donde opera". Durante la crisis económica del cambio de siglo, las autoridades indonesias rescataron financieramente a la compañía. 

La quema de bosques realizada por April y otras compañías, conjugada con un periodo de grave sequía, fue la causa de los pavorosos incendios sufridos en Indonesia en 2015, tan intensos que una espesa neblina cubrió gran parte del archipiélago y de Tailandia obligando a suspender cientos de vuelos. Estudios posteriores relacionaron los niveles de smog con al menos 19 muertes y problemas respiratorios sufridos por medio millón de personas, y la agencia de meteorología de Indonesia calificó lo sucedido como "un crimen contra la humanidad".

La lucha contra los paraísos fiscales no solamente redundará en una mayor justicia impositiva y una mayor igualdad social. "Cualquier progreso que podamos hacer en el terreno de la transparencia tendría beneficios ambientales", afirma rotundo Galaz.