A muchos españoles, sobre todo a los de cierta edad, la primera imagen que les viene a su memoria al pensar en el accidente nuclear de Palomares es la famosa foto de Manuel Fraga, fundador del PP y entonces ministro de Información y Turismo, bañándose en sus playas acompañado del embajador estadounidense en España, Angier Biddle. Es la instantánea que el régimen franquista empleó para demostrar al país que la zona no era peligrosa y silenciar así el gravísimo incidente que ha enfrentado al gobierno estadounidense y al español durante décadas. El domingo se cumplen 50 años de un suceso que todavía hoy sigue teniendo muchas más sombras que luces.

Y el aniversario coincide con el archivo por parte de la Fiscalía General del Estado de la demanda por vía penal presentada por Ecologistas en Acción contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y diversos miembros de los gobiernos que se han sucedido en estas cinco décadas por un supuesto "delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente". 

Cada bomba tenía un poder destructivo 75 veces superior a las de Hiroshima y Nagasaki

El 17 de enero de 1966, en el cielo de la localidad almeriense de Palomares, en el término municipal de Cuevas del Almanzora, al nordeste de la provincia, un bombardero gigante estadounidense B-52 chocó en vuelo con un avión de aprovisionamiento. La colisión aérea causó la muerte de siete tripulantes y la caída de cuatro bombas termonucleares, también llamadas de hidrógeno, con un poder destructivo 75 veces superior a las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.

Afortunadamente, no se produjo una explosión nuclear. Dos bombas resultaron aparentemente intactas: una cayó en tierra al abrírsele el paracaídas y otra, en el mar, donde fue recuperada por el ejército estadounidense gracias a las orientaciones de un pescador local, llamado Francisco Simó, más conocido posteriormente como ‘Paco, el de la bomba’, quien la había visto caer. Pero otros dos artefactos se incendiaron al impactar con el suelo contaminando centenares de hectáreas de zonas rurales circundantes.

“Por razones de secreto militar se desconoce la cantidad exacta de plutonio que existía en las bombas, estimándose entre nueve y 10 kilos. Como las partículas de óxido de uranio y plutonio emiten radiaciones alfa aun en ausencia de una reacción nuclear, los expertos de la Fuerza Aérea estadounidense se dieron cuenta de la terrible realidad: los habitantes de Palomares y sus propios hombres llevaban horas sujetos a la contaminación radiactiva, aunque sin saber con certeza el grado de dicha contaminación y con la característica de que el plutonio-239 tiene una semivida (tiempo necesario para que se degrade hasta la mitad) de unos 24.100 años”, explica el periodista Rafael Moreno Izquierdo en su reciente libro La historia secreta de las bombas de Palomares, con el que intenta aclarar qué ocurrió aquel fatídico día y cuál ha sido la respuesta de las autoridades españolas y estadounidenses desde entonces hasta hoy.

El suceso no se entendería sin enmarcarlo en su contexto, plena Guerra Fría. "Volábamos hasta los límites de la Unión Soviética estrictamente como una disuasión para que, en caso de necesidad, pudiésemos reaccionar inmediatamente", explica uno de los pilotos que sobrevivió al accidente en el documental Operación Flecha Rota, dirigido por el periodista José Herrera Plaza.

Durante los meses siguientes al accidente, Estados Unidos llevó a cabo tareas de descontaminación: se trasladaron a territorio norteamericano, a Carolina del Sur unas 1.700 toneladas de tierra contaminada con plutonio, una cantidad que años más tarde se demostraría insuficiente para limpiar el entorno afectado. Y es que hoy quedan todavía 50.000 metros cúbicos de tierra con medio kilo de plutonio, un volumen equivalente al de unas 30 piscinas olímpicas.

Washington y Madrid también acordaron controlar la zona con el conocido como Proyecto Indalo, un programa de vigilancia radiológica, ambiental y médica que fue sufragado con fondos españoles y estadounidenses hasta 2009. Desde entonces, España corre con todos los gastos. “El Proyecto Indalo es responsable en buena medida de la agridulce percepción que se tiene sobre toda la actuación de las autoridades españolas y estadounidenses. Por ello, el balance después de 50 años de vida es contradictorio, y con más interrogantes que respuestas tranquilizadoras. […] No en vano, Palomares ha sido durante medio siglo un laboratorio nuclear a cielo abierto único en el mundo, donde el hombre ha podido vivir y trabajar sin problemas, si nos creemos el relato oficial”, argumenta Moreno.

Micropartículas radioactivas

El Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia), organismo heredero de la Junta de Energía Nuclear del franquismo, es el organismo encargado de vigilar la pedanía almeriense. Fue a finales de los 90 cuando detectó niveles más altos de lo normal de americio, un subproducto de la descomposición del plutonio.

Empezaba la burbuja inmobiliaria y, con ella, las ansias por construir por doquier, con lo que, ante la preocupación del Ciemat por las consecuencias de posibles movimientos de tierra –que podrían levantar polvo radioactivo–, en 2003 el Gobierno español expropió y valló los terrenos contaminados para impedir su uso.

España empezó entonces a presionar a Estados Unidos para que se hicieran cargo de los residuos, ya que en la Península Ibérica no existe ningún almacén al que poder llevarlos. Ya en 2012, los norteamericanos se comprometieron a limpiar Palomares, una promesa que quedó en nada ante el miedo a crear un peligroso precedente para las arcas estadounidenses.

El último ofrecimiento llegó en octubre pasado. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, acordó con su homólogo español, el ministro José García Margallo, retirar de Palomares las tierras que todavía están contaminadas con plutonio para depositarlas en un cementerio nuclear del desierto de Nevada. Ambos responsables firmaron una declaración de intenciones, un acuerdo no vinculante, en el que no se incluyen detalles sobre financiación ni plazos.

EE UU se comprometió en octubre a retirar de la localidad las tierras contaminadas

“El gobierno de Rajoy busca agilizar los trámites y llevar a cabo un anuncio antes de la celebración del 50 aniversario del accidente –que se cumple este mes– e impedir al mismo tiempo que el próximo ejecutivo se apunte el éxito. [Pero] no olvidemos que el acuerdo no es firme y contempla la duda al admitir el gobierno de Mariano Rajoy la inclusión de la palabra 'posible', que implica que Washington puede no aceptarlo finalmente, especialmente al no confirmar una fecha límite para ejecutarlo. [Además], deja claro que todo dependerá de 'la disponibilidad de fondos, personal y otros recursos', por lo que la declaración 'no supone la creación de obligación jurídicamente vinculante'", explica Moreno.

Mientras Estados Unidos lanza promesas, el grupo de Física Nuclear Aplicada de la Universidad de Sevilla analiza cómo se comportan en el medio ambiente las partículas radioactivas procedentes de accidentes como el de Palomares o Chernóbil. Según indican los investigadores, la posible transferencia de elementos radioactivos por parte de estas partículas a “plantas, leche o a las personas en definitiva, es mínima y muy lenta en el tiempo”.

“No obstante, necesitamos saber cuál es exactamente su comportamiento para determinar los protocolos de actuación adecuados en caso de emergencia”, añade el investigador principal de este proyecto, Rafael García-Tenorio. Para ello, las micropartículas radioactivas encontradas en lugares afectados por accidentes se están analizando en aceleradores de partículas, donde los resultados están siendo “muy tranquilizadores”, en palabras de García-Tenorio.

Medio siglo más tarde, la catástrofe ambiental sigue envuelta en el secretismo. Y es que la actitud de la dictadura franquista de minimizar el incidente ha sido mantenida por las fuerzas políticas democráticas y las actuaciones que se llevaron a cabo entonces se han ido desvelando con cuentagotas en los últimos años. Los hoy 1.700 habitantes de Palomares viven su particular vía crucis: estigmatizados desde hace cinco décadas, desean pasar página de una vez por todas. Y vivir seguros.