Protegido en todo momento por un patrullero de la armada española, el Rowan Renaissance, el gigantesco barco perforador de 230 metros de eslora y 52.000 toneladas de desplazamiento alquilado por Repsol por cerca de un millón de euros al día para realizar prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias, inició el pasado martes los primeros sondeos al este de Fuerteventura.

No consiguió impedirlo la fuerte y casi unánime oposición de las instituciones canarias: el Gobierno, el Parlamento, seis de los siete cabildos insulares y la totalidad de los ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, en cuyas aguas se perforará, además de decenas de miles de ciudadanos que participaron en diversas movilizaciones multitudinarias en todas las islas. Una campaña de la plataforma Save Canarias fue apoyada por las firmas de 216.476 personas. 

Dos botes de Greenpeace fueron embestidos por la armada española

El gabinete autonómico que preside Paulino Rivero (formado por Coalición Canaria y el PSOE), cuyo intento de organizar una consulta popular al respecto fue frenado por el Tribunal Constitucional a instancias del Ejecutivo español (del PP), sí ha logrado que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitiera a trámite un recurso que pide la suspensión cautelar de los sondeos exploratorios, después de que el Ministerio de Industria rechazara un recurso de alzada contra la autorización de tres prospecciones que el mismo aprobó en agosto.

Mientras el Constitucional decide sobre la consulta ciudadana, el Gobierno canario encargó a dos universidades la realización de una encuesta a casi 2.800 personas para identificar la posición de la opinión pública del archipiélago sobre los sondeos. Los resultados fueron contundentes: el 75% de los entrevistados se declaró contrario a las prospecciones por considerar que la explotación de petróleo puede ser un peligro para la actividad turística —principal fuente de ingresos de las islas— y el medio ambiente, de una riquísima y única biodiversidad marina y terrestre. El 15% se mostró a favor de buscar petróleo, y el 9% restante no quiso pronunciarse.

Tampoco pudieron evitar el inicio de las perforaciones las maniobras de interposición que intentaron el pasado fin de semana dos embarcaciones neumáticas de Greenpeace, embestidas violentamente por lanchas militares españolas en una acción que pudo terminar en tragedia: una ecologista italiana resultó seriamente herida al caer al agua y ser golpeada por una hélice. Sufrió fractura de tibia y varios cortes. Otro activista tuvo que ser atendido de un fuerte golpe en las costillas. Y un bote de Greenpeace quedó destrozado. 

En apenas diez días, a finales de noviembre, una campaña lanzada desde la plataforma Change.org recogió 100.000 firmas pidiendo al presidente canario que emprenda acciones legales contra el Gobierno español por esta desproporcionada agresión militar contra los activistas de la organización ecologista. 

Para complicar más las cosas existe otro actor en el conflicto: Marruecos. Además de cuestionar la soberanía de parte de las aguas en las que pretende sondear en el futuro Repsol (aunque no de las tres autorizadas por el momento por Madrid), el Ejecutivo de Rabat ha concedido licencias para realizar prospecciones en zonas costeras situadas al nordeste y justamente al este de las que rastreará la empresa española. Peor aún, algunas están frente a las costas del Sahara Occidental, cuya ocupación militar por Marruecos desde 1975 no ha reconocido la ONU. Y la empresa turco-británica Genel Energy confirmó en octubre que ya había encontrado petróleo en el pozo Sidi Ifni Musa-1, ubicado frente a las costas de Agadir, a 200 kilómetros de Canarias.

Zonas marítimas protegidas

El primer sondeo de Repsol en aguas canarias se ha iniciado en un punto de la zona bautizada como Sandía situado a 54 kilómetros de las costas de Fuerteventura y a 62 de las de Lanzarote donde se cree que podría haber una bolsa de crudo a unos 3.100 metros de profundidad. Aquí trabajará durante 60 días la flotilla de Repsol, formada por el barco perforador y otros cuatro de apoyo, escoltados por el patrullero Relámpago. 

Posteriormente, y según sean los resultados obtenidos, se trasladará más al sur, al sector bautizado como Chirimoya. Una tercera área para la que el Gobierno de Mariano Rajoy autorizó los sondeos, Zanahoria, quedará por el momento libre de perforaciones. Cada una de estas operaciones de sondeo tiene un coste de unos 100 millones de euros.

Las tres zonas en las que se han autorizado los sondeos se adentran decenas de kilómetros en zonas marítimas protegidas por la presencia de aves marinas y cetáceos, para los que Canarias es uno de los principales santuarios atlánticos. Según Greenpeace, el sector Sandía “es uno de los cinco pulmones de los océanos a nivel mundial” porque “en este área se produce el fenómeno conocido como afloramiento de aguas profundas, que aporta nutrientes y oxígeno a los mares del planeta”. 

La compañía calcula que el crudo canario apenas dará para 10 años de explotación

La declaración de impacto ambiental que dio el visto bueno a las prospecciones obliga, entre otras cosas, a observar si los cetáceos se ven afectados por los trabajos, que se prolongarán las 24 horas del día. Asimismo, la compañía está obligada a desplegar una red de sismógrafos para comprobar si las perforaciones causan temblores de tierra. Los datos que registren serán evaluados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Asimismo, Greenpeace afirma que el Rowan Renaissance, barco especializado en la perforación a grandes profundidades, construido en Corea del Sur pero con bandera de conveniencia de las Islas Marshall, se estrenó en 2013 en un sondeo de Repsol en Namibia (con resultado negativo), y que durante el mismo “estuvo a punto de causar un desastre ecológico el pasado mes de mayo debido a un fallo de las válvulas de seguridad, el mismo problema que tuvo el Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010”.

Esta plataforma de British Petroleum provocó el enorme vertido —de cinco millones de barriles— que aniquiló la vida en las costas de Texas y Florida, una catástrofe ambiental de la que pueden tardar décadas en recuperarse. Además, los accidentes en la plataforma, que saltó por los aires, costaron la vida a 11 trabajadores.

British Petroleum pagará una multa récord de 4.500 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) al admitir parte de responsabilidad en el siniestro que causó la peor marea negra de la historia norteamericana y declararse culpable de 14 cargos criminales, incluidas las muertes de los 11 empleados. Todo ello en busca de un recurso cuyo uso debe erradicar en pocas décadas la lucha contra el cambio climático. El petróleo de Canarias, calcula Repsol, apenas daría para 10 años de explotación.