Los campos de Europa seguirán siendo rociados con glifosato al menos hasta 2022. En una controvertida votación, los países de la Unión Europea se decantaron el lunes por renovar la licencia del polémico herbicida, que expiraba el 15 de diciembre, durante un periodo de otros cinco años.

Eran muchas las voces que se oponían a la autorización del agroquímico y que pedían su prohibición por considerarlo nocivo para la salud humana y el medio ambiente. Pero 18 gobiernos de la Unión Europea, que suponen el 65,71% de su población, se mostraron partidarios de prorrogar la licencia, frente a 9 (representando a un 32,26% del total) que se declararon contrarios y una sola abstención.

El presidente francés mantiene su intención de prohibir el producto en su país

No fue por tanto atendida la petición de la Iniciativa Ciudadana Europea #stopglyphosate, que consiguió reunir, en menos de cinco meses, más de 1,3 millones de firmas a favor de la prohibición de la sustancia. Su representante, Mika Leandro, pedía a la Comisión Europea que se tomara "en serio" sus demandas porque los ciudadanos están "preocupados" por los efectos tóxicos del agroquímico. Los impulsores de la campaña se marcan ahora como objetivo alcanzar los dos millones de signaturas.

Votaron a favor de extender la autorización Bulgaria, Alemania, Chequia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, España, Letonia, Lituania, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Lo hicieron en contra Bélgica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre y Luxemburgo, Malta, Austria. Se abstuvo únicamente Portugal.

La reacción de los ecologistas no se hizo esperar y desde Greenpeace Luís Ferreirim criticó que "las personas que, se supone, deben protegernos de los plaguicidas peligrosos no han hecho su trabajo y han traicionado la confianza que los europeos depositan en ellos. La Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos han elegido ignorar las advertencias de los científicos independientes, las demandas del Parlamento Europeo y la petición firmada por más de un millón de personas que piden la prohibición del glifosato” porque, a su juicio, “las amenazas de demandas de empresas como Monsanto obviamente les preocupan mucho más que la salud de las personas y el medio ambiente".

El presidente francés Emmanuel Macron anunció el mismo lunes que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que el uso del glifosato queda prohibido en Francia tan pronto como exista una alternativa viable y, en caso contrario, como muy tarde dentro de tres años. 

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el glifosato es "probablemente cancerígeno para los humanos". Por el contrario, la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) descarta, al igual que lo hace la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que el glifosato pueda provocar la enfermedad.

Lobbystas vetados en la Eurocámara

A pesar de los dictámenes de estos organismos comunitarios, el Parlamento Europeo ya pidió la eliminación progresiva del glifosato en el territorio comunitario y su prohibición completa desde finales de 2022, aunque esta resolución del legislativo no era vinculante para la Comisión, que hizo caso omiso. La cámara llegó incluso a vetar el acceso a sus sedes en Bruselas y Estrasburgo a los activos lobbystas de la multinacional. 

La decisión sobre la renovación del herbicida ha estado rodeada permanentemente por la polémica y para complicar aún más esta situación, a principios de año la justicia de Estados Unidos hizo públicos los llamados papeles de Monsanto, en los que se revelaba que la compañía ocultó estudios críticos sobre el efecto de esta sustancia destinada a eliminar toda la vegetación que crezca entre los cultivos genéticamente modificados diseñados para resistir su toxicidad, generalmente monocultivos de soja, maíz, algodón o avena transgénicos. Algunos de estos informes aludían a lo posibles vínculos con el cáncer u otras dolencias.

La documentación publicada había sido reclamada en el contexto de una demanda colectiva interpuesta ante el Tribunal Federal de California por parte de cientos de trabajadores del campo afectados por un linfoma no Hodgkin (cáncer en la sangre). Según la IARC, la enfermedad podría atribuirse a un contacto continuo y prolongado con el herbicida de Monsanto.

El discutido agroquímico se usa ahora hasta 15 veces más de lo que se venía haciendo desde 1994, cuando se introdujeron los primeros cultivos resistentes a su acción. Este compuesto químico se introdujo por primera vez en la década de 1970 a través del RoundUp, un herbicida de Monsanto que lo contiene como ingrediente principal. Desde que venció la patente en el año 2000, son varias las compañías del sector agroquímico que comercializan diferentes versiones de productos basados en el glifosato.

En su momento se garantizó que las malas hierbas no se harían resistentes al glifosato, pero el paso del tiempo ha acabado demostrando todo lo contrario. No sólo una amplia gama de herbáceas han conseguido sobreponerse a la sustancia química, sino que han obligado a las empresas que comercializan el producto a explorar nuevas fórmulas para hacerlo más agresivo.

La Agencia Internacional del Cáncer lo cree un "probable carcinógeno"

Analizando muestras de un estudio prospectivo, investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California (UC) en San Diego (Estados Unidos), constataron que la exposición humana al glifosato ha aumentado aproximadamente en un 500% en 23 años, desde la introducción de los cultivos genéticamente modificados.

También al otro lado del Atlántico, donde abundan esta clase de cultivos, ha hallado detractores el glifosato. En el Medio Oeste norteamericano, las autoridades de diferentes estados han paralizado la venta y uso de un nuevo producto herbicida conocido como Dicamba.

Se trata de un potente herbicida producido por las multinacionales químicas BASF y Monsanto que mata de manera selectiva malas hierbas de hoja ancha. No es un producto nuevo, ya que el principio activo hace décadas que existe, pero lo que sí es novedoso es el momento de aplicación del mismo, pues normalmente se utilizaba en los campos antes de la siembra de los cultivos y ahora se hace sobre las plantas ya crecidas.

Durante los meses de verano de este año cientos de agricultores detectaron que las plantas de miles de hectáreas de cultivos –principalmente en Arkansas y Misuri, pero también en otra decena de estados– mostraban pronunciadas arrugas y atrofias diversas provocadas por la volatilidad del Dicamba hacia otros cultivos no transgénicos y por tanto no preparados para ser expuestos al Xtend –nombre con el que lo comercializa Monsanto–. Como consecuencia de ello, los tribunales han recibido un aluvión de demandas contra la compañía, principalmente en los dos estados mencionados.

Debido a estas denuncias, el Departamento de Agricultura de Arkansas prohibió cautelarmente durante 120 días el uso del Dicamba y aprobó el aumento de las multas por esta contaminación desde los 1.000 dólares (859 euros) hasta los 25.000 (21.487 euros) a partir del 1 de agosto.