El gobierno progresista de las islas Baleares ha presentado el borrador del llamado impuesto de turismo sostenible, que prevé implantar durante el verano de 2016. El archipiélago es una superpotencia turística que según algunos expertos se encuentra al límite de su capacidad, con más de 13 millones de visitantes anuales.

La propuesta ha generado una amplia controversia en la sociedad balear, acostumbrada a debatir sobre su modelo de monocultivo turístico, y sus implicaciones sociales y ambientales. No en vano, según los datos del lobby hotelero Exceltur, con la llegada de la crisis económica, el sector ya representa cerca del 45% del PIB de las Islas, proporción muy superior a la de cualquier otra comunidad autónoma española.

El archipiélago está al límite de su capacidad con más de 13 millones de turistas al año

El influyente movimiento ecologista GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa), con más de 6.000 socios y 40 años de historia, encabeza las críticas al proyecto. La entidad lamenta que el nuevo impuesto no represente una verdadera “ecotasa” y constituya más bien un “lavado de cara” de las actuales zonas turísticas.

Margalida Ramis, portavoz del GOB, asegura que la nueva tasa “debería tener carácter finalista, y servir para recuperar patrimonio y el medio ambiente y compensar el impacto de la actividad turística”. En su opinión, en los términos propuestos, la medida puede representar una “gran oportunidad perdida” porque, “en estos momentos, la ciudadanía está dispuesta a que se aplique una verdadera ecotasa”. En cambio, denuncia Ramis, el gobierno propone un nuevo impuesto “para contentar el sector turístico que puede convertirse en un mecanismo de reinversión dirigido a potenciarlo aún más”.

Numerosas opiniones aseguran que las Baleares han alcanzado el límite ambiental y social: con una población de poco más de un millón de habitantes, se reciben más de 13 millones de turistas anuales, concentrados especialmente en verano. En un sólo día, el 7 de agosto de 2015, se alcanzó el pico máximo histórico de afluencia, con 1.980.000 personas simultáneamente sobre las islas. Una reciente tesis doctoral ha calculado que para mantener el actual ritmo de vida y de consumo se necesitarían los recursos equivalentes a 14 archipiélagos como el balear.

Generalizado en Europa

Compensar ese enorme impacto debería ser el objetivo de una verdadera ecotasa, defiende el GOB, que propone ámbitos concretos de actuación: conservación de espacios naturales públicos y privados, recuperación de espacios naturales afectados por urbanizaciones abortadas, indemnizaciones por desclasificación de antiguos suelos urbanizables y deconstrucción de zonas turísticas obsoletas, con eliminación de plazas hoteleras. Con “voluntad y decisión”, recuerda Ramis, se puede revertir el crecimiento insostenible de visitantes y su incidencia en el medio ambiente.

En cambio el sector turístico, con una enorme capacidad de influencia en las islas, ha modulado sus críticas. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, a pesar de manifestar su rechazo inicial, se muestra dispuesta a dialogar sobre aspectos concretos ante una medida cada vez más extendida. Nada más lejos de su postura hace más de una década, cuando se opuso con uñas y dientes a la pionera ecotasa impuesta por el ejecutivo progresista del momento, que fue derogada a los dos años con la llegada al poder de un nuevo gobierno del PP. Aquella medida consiguió recaudar, en dos años, 160 millones de euros, a razón de medio euro por visitante y día.

El gobierno recaudará mediante el gravamen entre 50 y 80 millones de euros anuales

La realidad indica que el impuesto turístico se impone progresivamente en Europa, aunque con una enorme diversidad en cuanto a modalidades de cobro y aplicación. En España sólo se aplica en Cataluña desde el año 2012, y la ciudad de Madrid se lo plantea ahora.

Pero con formatos diferentes, existe un impuesto turístico en 17 estados europeos, en muchos casos como respuesta ante la recesión o para estimular la inversión en el sector. Parecen ser éstos los objetivos del gobierno balear, que entre las finalidades del nuevo gravamen incluye la mejora de la calidad y la competitividad del sector, el fomento de la desestacionalización, la promoción turística, el desarrollo de infraestructuras ligadas al turismo sostenible y la investigación.

Ramis recuerda que el proyecto “incluso rebaja los objetivos marcados por la polémica ecotasa de 2002” todo y estar llevado a cabo por el gobierno actual, que es el primero de la historia reciente del archipiélago compuesto exclusivamente por fuerzas progresistas. En todo caso, el impuesto de turismo sostenible sigue su camino, y prevé recaudar a partir del verano 2016 entre 50 y 80 millones de euros anuales gravando las pernoctaciones en hoteles, residencias, chalés y también en los cruceros. “Ahora falta que les dé tiempo”, concluye Ramis, ante lo que de momento sólo es un borrador que no ha sido capaz de suscitar el consenso.