Al filo de los 25 años de la gran catástrofe medioambiental de Aznalcóllar, como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla tiene fijados para los días 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de julio de este año, el juicio destinado a resolver la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la empresa sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses, por los gastos de restauración medioambiental.
Esas fueron las fechas elegidas para el juicio, en la vista previa celebrada en torno al asunto el pasado 29 de septiembre de 2022, una sesión de casi tres horas de duración en las que las representaciones jurídicas de la Junta de Andalucía y de Boliden se enfrentaron ya como antesala del citado juicio.
El juicio contará así con seis jornadas y con un total de 13 interrogatorios, entre ellos el del que fuera consejero delegado de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa) Javier Serrano Aguilar, por ejemplo.
La demanda de la Junta se dirige, en concreto, contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, manifestando la representación de la Junta de Andalucía al comenzar aquella vista, que la fractura de la citada balsa de residuos de metales pesados el 25 de abril de 1998 se tradujo en el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.
"Repercutir" los gastos a Boliden
La Administración andaluza, según la representación jurídica de la misma, asumió la "intervención coordinada" para combatir el citado macro vertido y restaurar el daño medioambiental, aunque desde un primer momento con la "voluntad" de "repercutir" los gastos afrontados a los responsables de la situación, recordando que Boliden, que desarrollaba su actividad minera a través del citado grupo de empresas, "era titular" de la balsa siniestrada y ostentaba "la mayoría" del capital social de Boliden-Apirsa y del citado grupo de sociedades.
Según la tesis de la Junta, merced a la Ley de Minas, Boliden está "obligada por ley" a resarcir los gastos sufragados para la restauración medioambiental de la extensa zona afectada por la catástrofe.
A tal efecto, la letrada representante de la Junta manifestaba que la empresa gestora de la corta minera "intervino en un primer momento" para actuar sobre el vertido de lodos contaminantes, pero después "cesó" en dicha tarea y "no la completó", insistiendo en que corresponde a los entonces responsables del complejo minero compensar a la Administración por los gastos ocasionados.
Boliden lo lamenta pero no acepta pagar
Las representaciones de Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV lamentaban de su lado el mencionado vertido de lodos contaminantes, además "profundamente", pero en paralelo reclamaban la desestimación íntegra de esta demanda de la Junta.
Según el representante legal de Boliden Apirsa, de la regulación en la materia y los hechos resulta "palmario" que no pesa "obligación" alguna de compensar a la Junta de Andalucía por los mencionados trabajos de recuperación ambiental.
Especialmente, señalaba que la propia Junta de Andalucía "autorizó el recrecimiento" de la balsa siniestrada en la mina y, en su demanda, "reconoce que no ha pagado todas las cantidades" que reclama a los antiguos responsables de la corta de Aznalcóllar.
Supuestos trabajos "innecesarios"
Según el letrado de Boliden-Apirsa, la demanda incluye cantidades "no imputables" a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de "mejora" para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos "innecesarios"; así como cuantías "controvertidas" por dudas respecto a su abono efectivo por parte de la Junta o el destino final al cual fueron aplicadas.
Es más, según este letrado, la demanda incluye cuantías de documentación adicional entregada "en dos cajas" ya en 2012, con motivo de la interposición de la segunda reclamación de reembolso.
En paralelo, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio por la vía Penal correspondiente a la investigación judicial de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero por parte de la Junta de Andalucía a la agrupación empresarial México-Minorbis, que ultima la reapertura del complejo para reactivar el mismo.
El juicio por los nuevos derechos de explotación
Esta otra causa judicial deriva de las acciones judiciales promovidas por Emerita Resources España, después de concurrir sin éxito al concurso abierto por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de reapertura del complejo minero, cerrado tras la mencionada catástrofe de 1998, un procedimiento saldado en favor de la oferta de México-Minorbis.
La causa gira en torno a presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; cometidos supuestamente por un total de 16 personas, entre las que figuran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel, que participa en México-Minorbis; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; o la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto.
La juez instructora del caso ordenó la apertura de juicio oral después de haber resuelto dos veces el sobreseimiento de la investigación, apoyando la Fiscalía tal extremo, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo, en ambos casos fue ordenada la reapertura de las actuaciones a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.