Greenpeace ha reclamado al Gobierno, a las Administraciones públicas, promotores, ciudadanos y ciudadanas que aceleren el desarrollo de las energías renovables que son "necesarias y urgentes" pero que este despliegue se haga de manera respetuosa con la biodiversidad, el territorio y las personas.
La organización reivindica tanto la necesidad y urgencia de un despliegue masivo de renovables, como la protección de la biodiversidad y el territorio y que se cuente con la máxima participación por la sociedad.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Viento (15 de junio) y a pocos días del Día del Sol que se celebrará el próximo 21 de junio Greenpeace ha publicado un documento con sus propuestas para lograr que el desarrollo de las energías renovables se haga al ritmo necesario y con la calidad necesaria para enfrentar la emergencia climática y al mismo tiempo proteger la biodiversidad y los derechos de las personas.
En concreto, reclama una mayor sostenibilidad territorial y una redistribución justa de los riesgos y beneficios en el ámbito rural y, para ello, entre otras medidas, destaca la importancia de garantizar espacios de diálogo y participación efectiva con la sociedad civil para incluir al territorio y las poblaciones implicadas por los efectos del desarrollo renovable, en los procesos de redistribución de los beneficios sociales y económicos generados por la utilización de sus recursos.
La transición energética en manos de los ciudadanos y ciudadanas
Además, Greenpeace recuerda la importancia de poner la transición energética en manos de los ciudadanos y ciudadanas "no como un eslogan sino como una oportunidad única para construir un sistema energético distribuido más justo social y ambientalmente".
La responsable de la campaña de energía de Greenpeace, María Prado Rubio, ha subrayado que esta es una "oportunidad nueva y única como sociedad" ya que en su opinión, la transición energética debe ser entendida "además de como un cambio de fuentes de energía fósiles a renovables, como una evolución de un sistema energético que históricamente se ha basado en un modelo especulativo y en pocas manos (oligopolio energético), a otro que introduzca la máxima participación de generación distribuida, eficiencia y ahorro y en el que la participación de la sociedad civil sea clave e impulsada al máximo".
Además, ha defendido que esta es una oportunidad para trasladar al territorio los "beneficios" de un sistema que tiene que ser "más justo energética y medioambientalmente" y recuerda a las autoridades, los ciudadanos/ciudadanas, las instituciones y a los promotores su "obligación" de corresponsabilizarse en ese desarrollo.
Transición energética justa social y ambientalmente
"Tenemos que encontrar las mejores fórmulas para acelerar la sustitución de los combustibles fósiles y nucleares por las renovables y recuperar el tiempo perdido, con justicia social, energética y climática. Ante muchos de los movimientos críticos con el actual modelo de desarrollo renovable, es imprescindible potenciar espacios de diálogo para avanzar", ha añadido Prado.
En definitiva, el informe de la ONG estima que es un deber de los Gobiernos y promotores que el desarrollo renovable que pueda ser comprendido como una oportunidad para el medioambiente y para la sociedad, para que esta se corresponsabilice de la transición energética, entendiéndola como una oportunidad única e irrenunciable.
La organización demanda asimismo que se garantice la creación de espacios de participación, diálogo y debate desde el principio de los procesos entre promotores, autoridades y comunidades que asumen el desarrollo renovable para asegurar la coordinación de intereses y búsqueda de soluciones compartidas que sumen el mayor impacto positivo posible.
Del mismo modo reclama al Gobierno una mayor descarbonización y, en esa línea, recuerda que el pasado mes de septiembre demandó al Ejecutivo ante el Tribunal Supremo por su inacción ante el cambio climático.
Con todo, lo más urgente es emplazar las renovables en suelos degradados; excluir de su ubicación a todos los espacios naturales sujetas a algún tipo de protección o que sean áreas críticas para especies en peligro de extinción y que los proyectos se sometan a una evaluación ambiental estratégica sinérgica y no solo individual.