El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.
En concreto, el Real Decreto incluye la revisión de los planes hidrográficos de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha indicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobación de la planificación hidrológica supone una muestra del trabajo "escrupuloso" y "riguroso" que da cuenta de como este Gobierno trabaja con anticipación y eficacia en la gestión de los recursos.
En su comparecencia, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ha explicado que el Gobierno ha aprobado este tercer ciclo de planificación para las 12 cuencas que depende de la administración general del Estado y, además, de las demarcaciones de Galicia-Costa y Baleares y ha señalado que aún falta por aprobar Canarias y Andalucía.
En total, estas 12 cuencas abarcan el 86 por ciento del territorio y el 65 por ciento de la población tras un recorrido de tramitación de "algo más de tres años" en un "dilatado" proceso con el fin de facilitar la planificación con la aportación de todas las partes, según la vicepresidnta.
Ribera ha destacado las prioridades de la planificación que "por primera vez" tiene en cuenta los escenarios de cambio climático; el riesgo de inundación; las obligaciones en materia de saneamiento y depuración; la lucha contra la contaminación difusa; la gestión sostenible de las aguas subterráneas; garantizar la seguridad de suministro y mantener planes especiales para preservar la biodiversidad de espacios emblemáticos como Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o las Tablas de Daimiel.
Respecto a los escenarios climáticos, la vicepresidenta ha asegurado que desde los años 80 España ha sufrido una reducción próxima al 12 por ciento de sus recursos hídricos y la perspectiva hasta 205 es la de una reducción adicional de entre el 14 y el 40 por ciento del agua disponible.
Por otro lado, Ribera ha incidido en que los planes de cuenca permiten a España prepararse para el riesgo de inundación y mejorar las inversiones hasta niveles nunca conocidos para mejorar el saneamiento y la depuración porque España sigue pagando multas coercitivas por este motivo.
Recorte del trasvase
En cuanto a una de las cuestiones que más polémica ha suscitado la tramitación de este Real Decreto, el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo que supondrá una reducción del volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura, la vicepresidenta ha garantizado el compromiso del Gobierno con el Levante pero ha advertido de la necesidad de anticiparse para asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo en materia de recursos hídricos.
Por ello, ha defendido la aplicación "por primera vez" de un caudal ecológico para el Tajo, para garantizar la "buena gestión" con un caudal ecológico que no suponga "ningún riesgo" para las cuencas que hasta ahora se han beneficiado del Tajo-Segura.
En concreto, la nueva planificación contempla un caudal ecológico mínimo de 7 hectómetros cúbicos (hm3) en 2023 y de hasta 8,65 hectómetros cúbicos en 2026 en el río Tajo. Así, la vicepresidenta ha asegurado que en "el peor de los escenarios" la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.
Así, ha subrayado que estos recursos hídricos adicionales permitirán "como mínimo" 140 hm3 nuevos, es decir un volumen "superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía".
En ese sentido, ha agregado que el Gobierno no quiere que estos recursos supongan una "carga inasumible" a los agricultores por lo que se ha comprometido a poner un precio tope de 34 euros para el agua desalada, inversiones en renovables y eficiencia del regadío.
La vicepresidenta ha reconocido al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, su voluntad para que estas inversiones sean "transparentes", "participadas", y que el Gobierno pueda demostrar cómo se van cumpliendo los distintos hitos de la planificación con los respectivos territorios.
En ese sentido, ha señalado que los volúmenes adicionales de desalación supondrán 547 millones de euros entre la capacidad de desalación con fotovoltaica y una ampliación de la capacidad de las desaladoras de 70 hm3 de los usuarios del Tajo-Segura que permite tener esa apuesta en 2026.
En este contexto, la vicepresidenta ha afirmado que cumplir la legislación europea, nacional y las sentencias judiciales debe ser una "premisa incuestionable" para "cualquier" ciudadano, institución y grupo parlamentario, lo que supone la obligación de establecer caudales ecológicos.
"Lo más sintomático e importante es anticiparnos a un escenario problemático", ha reiterado Ribera, que opina que no se puede depender solo de la lluvia disponible en un escenario de escasez cada vez más frecuente, por lo que ha recalcado la importancia de gestionar los recursos con inteligencia, participación, coordinación entre administraciones y reflejando la importancia económica que tiene el agua en política de precios, recuperación de costes, pero poniendo atención a las personas en el centro.
Finalmente, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno ha leído "con atención" las recomendaciones del Consejo de Estado, que tiene un enfoque "adecuado" respecto a las expectativas de gestión respetando el caudal del Tajo.
'Guerra del aguas': "Esterotipo"
Preguntada respecto a la conocida como "guerra del agua", ha preferido no quedarse con expresiones como "estereotipo" sino que ve fundamental "trabajar en lo que une" y no enfrentar territorios, sino encontrar soluciones "juntos".
De ese modo, ha afirmado que "nunca antes" había habido "tantos recursos" y ha garantizado la "total" disponibilidad del Gobierno para seguir trabajando de la mano con "todos" los actores incluidos las comunidades de regantes.
En concreto, la vicepresidenta ha apuntado que en estos cinco próximos años se dispondrá de más de 22.000 millones de euros en recursos y de ellos, más de 10.000 millones para modernizar las políticas hídricas.
Por otro lado, la ministra ha indicado que el Consejo de Ministros ha aprobado otro Real Decreto para actualizar el marco de acciones para facilitar la lucha contra la contaminación atmosférica y la mejora de la calidad del aire, en concreto para aumentar la anticipación de las situaciones en las que se pueda generar una emergencia que permitirá contar con instrumentos específicos y homologables en todo el territorio.
Moreno ve un "disparate" la aprobación del recorte
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera un "disparate" el recorte del trasvase del Tajo-Segura que implica la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del Real Decreto que revisa los planes hidrológicos de varias cuentas y ha instado al Gobierno a dar "marcha atrás" en un decisión carente de "sentido común" y en la que "no prima el interés general".
"Este es un procedimiento ya habitual por parte del Gobierno, que no respeta los procedimientos habituales para hacer una ley o una modificación legal, en este caso, un trasvase sin consensuar, además, con los sectores y territorios afectados", ha criticado.
A preguntas de los periodistas en Jaén, donde se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta, Moreno ha remarcado el "absoluto desacuerdo" mostrado por Andalucía "de manera reiterada y clara en los últimos meses" y ha asegurado que estamos ante "una nueva imposición de carácter unilateral" del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, según ha dicho, "va a llevar a la ruina a un inmenso porcentaje del sector productivo en el Levante español y en el andaluz".
El líder del Gobierno andaluz ha lamentado que el Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera no haya atendido las peticiones "para que hiciese una reflexión" y se "sentase a negociar" con las tres comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones agrarias, regantes y productores.
"Creo que es una de tantas decisiones políticas que se toman en este Gobierno donde no prima el sentido común, donde no prima el interés general y donde lo que sí prima son los acuerdos políticos e ideológicos, perjudicando al conjunto de los ciudadanos", ha trasladado.
Moreno ha afirmado que la aprobación este martes del Real Decreto es "un gravísimo error" que le han dicho a Pedro Sánchez "los propios socialistas murcianos, valencianos, e incluso, alguno de Almería" y ha asegurado que es indicador de que "es hora de el Gobierno pare y se ponga a hablar, a dialogar" abandonando lo que es "un criterio puramente ideológico".
"Se trata de una decisión claramente política, completamente injustificada en término técnicos, y que, además, se ha tomado una manera precipitada sin atender al propio Consejo de Estado que ha hecho unas aseveraciones que tendría que tener muy en cuenta", ha concluido.
El PP valenciano ve el recorte del trasvase un "capricho ideológico"
El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha calificado el recorte del trasvase Tajo-Segura de "capricho ideológico" y ha añadido que con él el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Consell, Ximo Puig, "destrozan el presente y el futuro de miles de familias".
Así se ha expresado este martes Mazón en un comunicado, tras la aprobación del Consejo de Ministros del Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.
Al respecto, el líder de los 'populares' valencianos ha subrayado que se trata de "una barbaridad, es la peor política, de la peor calaña, sin ningún rigor, sin ninguna justificación". "En definitiva, se trata de un capricho que pone en peligro el empleo de miles de familias y pone en jaque un sector económico fundamental para el desarrollo de la Comunitat Valenciana", ha aseverado.
En este sentido, se ha mostrado "totalmente en contra" de esta decisión del Consejo de Ministros, que considera que "ha contado con el silencio cómplice de Puig, que se abstuvo en el Consejo Nacional del Agua".
"Nadie del PSPV ni del Consell está legitimado para hablar hoy, porque ellos han contribuido por acción u omisión a la situación tan preocupante que nos encontramos. Este Consell no ha ejercido ninguna presión ni reivindicación al Gobierno de Sánchez. Puig hace tiempo que bajó los brazos en esta cuestión y hoy se ha dado de bruces con la realidad. Menos agua para el campo de la Comunitat Valenciana", ha lamentado.
Igualmente, Mazón ha expresado que, con esta decisión, "el Gobierno de Sánchez pone en peligro 15.000 puestos de trabajo y unos 6.000 millones de pérdidas en este sector, que ya lleva muchos años sufriendo el ataque de un Gobierno que no cree en sus posibilidades y con un 'president' que se ha rendido ante Sánchez".