La Comisión Europea ha informado este miércoles del inicio de un procedimiento de infracción contra España por falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de concesiones en el dominio público marítimo terrestre del litoral, cree que las prórrogas sin justificación son "contrarias" a las reglas de la Unión Europea (UE). La ley española permite ampliar hasta 75 años las concesiones de restaurantes e industrias.

 

Es contraria a las normas de la UE

 

"La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras", ha informado el Ejecutivo comunitario.

Los servicios comunitarios añaden en un comunicado que, en su opinión, la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta setenta y cinco años sin justificación "es contraria a las normas de la UE".

La Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar "sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes" 

La Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar "sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes" unas "concesiones" para construir locales permanentes como restaurantes, empresas papeleras o químicas, según resume Bruselas, en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos.

 

Plazo de dos meses para solucionar la situación

 

Tampoco gusta a Bruselas que la ley española permita ampliar la duración de tales concesiones por un período de hasta setenta y cinco años, "una vez más sin procedimiento de selección alguno", por lo que concluye que "infringe la directiva de Servicios".

En este contexto, los servicios comunitarios han enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que es el primer paso de un expediente sancionador y concede un plazo de dos meses al país infractor para poner solución a la situación.

En el caso de que no haya acuerdo entre Bruselas y España, el procedimiento prevé aún una segunda fase --dictamen motivado-- que da unos meses más de espacio al diálogo para resolver las dudas antes de que el Ejecutivo comunitario decida si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).