Agentes del Seprona de la Guardia Civil han investigado a los integrantes de la Junta de Gobierno de una comunidad de regantes por desviar agua del río Palancia, provocar la desecación de un tramo protegido a su paso por Jérica (Castellón) y causar la muerte de peces, así como daños que podrían superar los 150.000 euros.
Las cinco personas investigadas están acusadas como presuntas autoras de delitos de daños, usurpación del medioambiente y otro contra los recursos naturales, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
El pasado 17 de marzo, la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de fauna ictícola (relativa a peces) muerta en un tramo del río Palancia a su paso por la localidad de Jérica, causada por la desecación del mismo.
Se trata de una Zona de Especial Protección (ZEC) de la Red Natura 2000. La desecación afecta gravemente al hábitat
El Seprona de la Guardia Civil de Segorbe se trasladó al lugar y comprobó que un tramo del río, en el que debería haber agua, se encontraba totalmente seco. Además, se trata de una Zona de Especial Protección (ZEC) de la Red Natura 2000 y la desecación afectó "gravemente al hábitat del mismo".
Un medio ambiente adecuado es un derecho y una obligación su conservación
Un azud dirigía la totalidad del caudal del río hacia una acequia de riego
Cuando los agentes siguieron el cauce río arriba encontraron un azud --muro generalmente más pequeño que una presa, construido para reconducir el agua-- que dirigía la totalidad del caudal del río hacia una acequia de riego.
Como consecuencia de todo ello, se ha procedido a la estimación económica de los daños causados al medio natural y valor del agua desviada que podría superar los 150.000 euros, y se ha investigado a cinco personas. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción e Instancia Único de Segorbe.
La UPRONA de la Guardia Civil, encargada la investigación de los delitos medioambientales, ha recordado que la Constitución, diferentes tratados de la Unión Europea y la reciente resolución de la ONU aprobada en Nueva York declaran que "el disfrute de un medio ambiente adecuado es un derecho y una obligación su conservación".