“He traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo puede alguien decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?”. Con esta frase que atribuyó a un primo suyo sintetizaba en 2007 Mariano Rajoy, durante un congreso empresarial, su más absoluto desconocimiento y la menor falta de preocupación por el cambio climático. "Yo de este asunto sé poco, pero mi primo supongo que sabrá", reconoció, antes de remachar que, a su juicio, al calentamiento global “tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial”.

El problema es que el citado primo es catedrático de Física Teórica en la Universidad de Sevilla y, pese a ello, un convencido negacionista del cambio climático inducido por la actividad humana. Y que lo que realmente había dicho era todavía mucho peor: en una entrevista con un periódico local publicada unas semanas antes, José Javier Brey afirmaba sin ambages que “se invoca a la ciencia para decir que Dios existe, que Dios no existe, para el cambio climático, para los submarinos atómicos de la base de Rota... Traes a los cien mejores científicos del mundo y no te pueden decir al 100% de probabilidades si pasado mañana va a llover en Sevilla. Y hay seudocientíficos que saben lo que va a ocurrir dentro de 300 años con el cambio climático". Entre esos "pseudocientíficos" a los que aludía se cuentan los más de 15.000 especialistas de 184 países que han firmado una advertencia a la humanidad ante el inmenso deterioro ambiental del planeta. 

El ex presidente negó durante años el cambio climático, ante el que no ha tomado medidas

Aunque el físico Brey se ratificaba en 2016 en sus opiniones a pesar de la unanimidad de la comunidad científica mundial, su familiar –el hasta el pasado viernes presidente del Gobierno–, sí evolucionó en las suyas, por lo menos en las públicas, y en 2015 ya admitía en la Cumbre de París, seguramente más influenciado por el abrumador consenso científico y político que reinaba en la misma que por un convencimiento real, que ocho años atrás “me equivoqué” y que el cambio climático de origen antropogénico era "el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos”, que “nos obligará a plantearnos grandes desafíos sociales y económicos".

Sin embargo, de las palabras a los hechos el trecho que media ha sido inmenso. En la COP22 de Marrakech 2016 Rajoy no llegó a intervenir ante el pleno, y a la de Bonn 2017 ya ni siquiera se molestó en acudir. La Ley de Cambio Climático que anunció en la Cumbre del Clima parisina aún no ha visto la luz tres años después, lo que convierte a España en uno de los últimos grandes países europeos que aún no la tiene (mientras, impugnó y logró la suspensión, levantada finalmente en abril pasado, de la que sí aprobó Cataluña en 2016) y los presupuestos de la oficina creada al efecto no han dejado de disminuir.

España es uno de los estados miembros que más se aleja de los compromisos europeos de reducción de emisiones, y el Gobierno no solamente sigue apostando abiertamente por la quema de carbón en las centrales térmicas y por mantener abiertas las nucleares pese al agotamiento de su vida útil (con la excusa de que ayudan a que las emisiones no crezcan, pese al amplio consenso parlamentario y social a favor de cerrarlas), sino que, desde su acceso al poder, los gabinetes de Rajoy se han dedicado sistemáticamente a desmantelar la política de incentivos a las energías renovables puesta en marcha por su antecesor en la presidencia, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aprobando en 2012 una moratoria para todas las ayudas vigentes. Así, en 2016 el Reino Unido sumó a su parque energético más de 2.000 megavatios fotovoltaicos mientras el de España solo creció en 55. En este contexto, la llegada de la sequía ha disparado las emisiones españolas. 

El 'impuesto al sol'

Según el último informe de Carbon Market Watch, España ocupa el puesto 21 de los 27 en cumplimiento de los compromisos de la UE en materia de cambio climático, y su política “debilita” los objetivos de la Comisión Europea en este terreno de reducir en un 40% las emisiones para 2030. Y no puede ser de otra manera, después de la legislación aprobada en 2015 que penaliza fiscalmente el autoconsumo eléctrico procedente de placas solares domésticas, el denominado impuesto al sol, una ley considerada por los ecologistas como la más restrictiva del mundo en este campo y que la oposición se comprometió a derogar en cuanto tuviera la suficiente fuerza para ello. 

Por si eso fuera poco, según el Observatorio Crítico de la Energía en 2014, "el carbón representó el 70% de las emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad en España a pesar de que solo supuso el 16,5% de la electricidad consumida. Ese mismo año, el carbón fue responsable de aproximadamente un 13% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España". La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, abrió una investigación contra el régimen español de ayudas a las centrales eléctricas de carbón. Desde 2007, 14 plantas han recibido más de 440 millones de euros en subsidios, que si el nuevo Gobierno no lo remedia continuarán cobrando hasta 2020.

Su penalización fiscal del autoconsumo ha frenado las energías renovables

Del absoluto desinterés de Rajoy por los temas ambientales fue ya una prueba el que eliminara de inmediato al llegar al cargo el ministerio específico creado por los socialistas para difuminar este ámbito en un departamento ministerial de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. También lo son los constantes recortes a las ya magras partidas presupuestarias relacionadas con estos temas o la inversión en investigación científica –entre otros–, su inacción legislativa, a menudo criticada y hasta sancionada por Bruselas, o el hecho de que España sea líder absoluto en la UE en infracciones a las normativas medioambientales comunitarias, lo que además cuesta a todos los ciudadanos el pago de cuantiosas multas. El año pasado, La UE abrió al Gobierno 30 procedimientos por infracción medioambiental, cuatro más que en 2016 y casi la décima parte (concretamente, el 9,2%) de todos los abiertos al conjunto de los 28 miembros, que fueron 325. El principio europeo de que quien contamina, paga no tiene aplicación efectiva en España. 

En cambio, el gabinete de Rajoy no dudó ni un instante en indemnizar con más de 1.300 millones de euros a la empresa titular del almacén de gas Castor cuando los cientos de terremotos que causó su construcción obligaron a descartar el proyecto –aunque bien es cierto que que dicha indemnización, suspendida en diciembre pasado por el Tribunal Constitucional, había sido pactada por los promotores de la infraestructura con el último Ejecutivo del PSOE–.

Los problemas ambientales, como los sociales o los humanitarios –la admisión de refugiados de las guerras de Oriente Medio en España no puede calificarse más que de ridícula–, nunca se han hallado entre las prioridades de Mariano Rajoy, en cuya concepción del mundo no hay causas, sólo intereses. De todos es conocida su actuación, entonces como vicepresidente, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Aznar, durante la catástrofe del petrolero Prestige en 2002, tratando de negar la evidencia del desastre ecológico causado por el hundimiento deliberado del buque en alta mar.  Su ideario ético lo resumió perfectamente en una entrevista con la Cadena COPE a primeros del año pasado, al afirmar que “una cosa es ser solidario, y otra es serlo a cambio de nada”.