Solo en cinco años, entre 2013 y 2017, la extracción ilegal de agua en España supuso al menos 77 millones de euros en daños al dominio público hidráulico. Así lo revela una investigación de Greenpeace, que, ante la ausencia de información pública y la falta de transparencia de la administración en torno a este asunto, ha dedicado más de un año a solicitar y analizar datos de las confederaciones hidrológicas. La falta de información detallada de todas las confederaciones solo ha permitido cuantificar daños económicos muy conservadores.

“Si tuviéramos cifras reales del número de pozos ilegales que hay en toda España, el daño al dominio hidráulico podría ascender a miles de millones de euros”, asegura Julio Barea, responsable de la campaña de Agua.

En España, el país más árido de Europa, el desgobierno en la gestión de los recursos hídricos es una constante. El robo del agua va más allá de la existencia de pozos ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso de manera ilegal. El saqueo del agua cuenta incluso con su propio caso Gürtel: en Puebla del Río (Sevilla), en la ribera del Guadalquivir, se localiza una sanción de daño al dominio público hidráulico de casi 64 millones de euros en 2014.

Por confederaciones, la del Guadalquivir encabeza la lista de número de denuncias tramitadas por pozos ilegales, con 968 registradas en el periodo de la investigación, y con casos como el de Puebla del Río o Lucena del Puerto (Huelva), una localidad que en tan solo un expediente acumula 77 pozos ilegales. Le siguen las del Tajo (703), Ebro (608), Guadiana (583), Duero (385), Miño (114), Segura (113) y Cantábrico (0) -datos no disponibles del Júcar-. En cuanto al resto de extracciones ilegales, encabeza el ranking la Confederación Hidrográfica del Duero, con 1.305 denuncias tramitadas, y le siguen el Guadalquivir (974), Tajo (607), Guadiana (540), Miño (265), Júcar (147), Cantábrico (136) y Segura (109) -datos no disponibles del Ebro.

La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad. Un problema medioambiental que se ha revelado además, en el caso de los pozos ilegales, como una amenaza para la seguridad ciudadana.

 

Descoordinación entre administraciones

 

Greenpeace inició esta investigación a comienzos de 2018, cuando se puso en contacto con las distintas administraciones públicas competentes: confederaciones hidrográficas, Fiscalía de Medio Ambiente, autoridad minera, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y Defensor del Pueblo.

Las diferentes confederaciones, que son las administraciones responsables de la gestión del agua, han respondido de forma muy desigual, en algunos casos enviando datos muy parciales y genéricos. “Esta falta de transparencia es un reflejo claro de que el robo de agua no es una prioridad en España y de que no se le están dedicando ni el tiempo ni los recursos necesarios”, señala Barea. “Además, la actual situación de descoordinación entre administraciones pone en serio peligro nuestras futuras reservas estratégicas de agua, un recurso imprescindible para la vida”, advierte.

Para evitar esta situación, es fundamental frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles como consecuencia de los efecto del cambio climático.

Por otro lado, es clave que se persiga el delito de robo de agua a través de una coordinación efectiva de las administraciones competentes, que prioricen esta situación con mayor dotación de medios y seguimiento tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora.

Además, Greenpeace solicita al Ministerio para la Transición Ecológica, confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas, Seprona y Fiscalía que hagan público lo antes posible los datos y expedientes referidos al número y localización de los pozos ilegales en todo el Estado, para llevar a cabo su control y cierre, ya que suponen un peligro de seguridad directa para la población.

Además, a través de su plafatorma de denuncias y filtraciones online, Fíltrala, Greenpeace pide ayuda a la ciudadanía para que aporte información y le haga llegar, de forma anónima y confidencial, aquellos documentos que puedan probar la existencia de pozos ilegales y otras malas prácticas relativas a la gestión de los recursos hídricos.