España no podrá otorgar nuevas autorizaciones de exploración, ni permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en "todo" el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, así como también quedan excluidas en el futuro las posibilidades de minería de uranio a partir del pasado sábado, cuando entró en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética publicada viernes en el Boletín Oficial del Estado.

Esto afecta a todas las solicitudes que no hayan estado ya en tramitación antes del sábado, según consta en la ley que establece, asimismo, que las prórrogas de los actuales proyectos quedan excluidas "expresamente".

Uno de los principales objetivos de esta norma es que España alcance en 2050 la neutralidad de sus emisiones, es decir que su balance de gases de efecto invernadero (GEI) sea cero de aquí a entonces comenzó, por ley, cuando entró en vigor la Ley 7/2021, de 20 de mayo.

Esta ley consta de cuarenta artículos distribuidos en nueve títulos, nueve disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única, y quince disposiciones finales.

En concreto, recoge los objetivos "mínimos" nacionales de reducción de emisiones GEI para el horizonte de 2030 y con la meta de la neutralidad puesta en "no más tardar" de 2050, aunque los objetivos establecidos en 2021 deberán ser revisados, al alza y para reflejar la "mayor ambición posible", en 2023.

 

Reducir las emisiones de GEI un 23%

 

De ese modo, refleja que de aquí a 2030 las emisiones de GEI se deberán haber reducido como poco un 23% respecto a 1990 y en esa fecha al menos se habrá de haber logrado una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%, un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Además, en materia energética, como regla general, la nueva norma establece que la aplicación de beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar "debidamente" justificada "por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas".

En ese ámbito, en las disposiciones destaca que se fomentarán los gases renovables incluidos el biogás, el biometano y el hidrógeno, así como otros alternativos.

Con ello, el Reino de España se compromete con una hoja de ruta específica a cumplir la parte que le corresponde del Acuerdo del Clima de París, firmado en la capital gala en 2015 y ratificado posteriormente en 2016 en Nueva York, así como con la Unión Europea, que ha marcado una senda por la que al menos reducirá de aquí a 2030 un 55% sus emisiones de GEI respecto a los niveles de 1990 y se situará en la línea del objetivo de los Veintisiete de lograr la neutralidad climática a mitad de siglo.

En materia de movilidad, el reto está en alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros "sin emisiones directas" de CO2, para lo que a partir de 2040 no se podrá vender en España ninguno de estos que sea propulsado por gasolina, diésel o híbridos.

En las ciudades, a partir de 2023, será de carácter obligatorio contar con zonas de bajas emisiones en el caso de los municipios de más de 50.000 habitantes o en los de más de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire.

El sector del transporte en carretera, que genera el 25% de las emisiones de CO2 deberá desarrollar una red de infraestructuras de recarga eléctrica que se instalará en la "amplia" red de 11.400 estaciones de servicio, cuyos titulares que estarán obligados a instalar -siempre que sus ventas anuales de combustible superen los 5 millones de litros- infraestructura para la recarga de coches con batería eléctrica. Estas deberán tener una potencia igual o superior a 150 kW o a 50 kW dependiendo del volumen de ventas.

 

Margen de tiempo

 

Pese que con carácter general es efectiva desde el pasado sábado, en el caso de los contratos de concesión en ejecución de estas redes de gasolineras o estaciones de servicio, la Ley no entrará en vigor hasta el momento en que desarrolle una reglamento que determine las obligaciones de los titulares o concesionarios de gasolineras respecto a la instalación de puntos de recarga eléctrica con el fin de garantizar unas condiciones suficientes de suministro al tráfico de vehículos eléctricos que circulen por las citadas vías.

En las ciudades, los edificios deberán también adaptarse al nuevo escenario y para ello se fomentará la eficiencia energética de los mismos, con un plan que prevé la rehabilitación del parque de viviendas, un aspecto en el que la Ley también observa un "motor" de mercado y empleo.

La ley reparte responsabilidades también a las empresas, ya que las cotizadas deberán presentar planes de descarbonización gradual e informes de cumplimiento de los mismos. Al mismo tiempo, las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a partir del 31 de diciembre de este mismo 2021.

La norma incluye también algunas protecciones para la biodiversidad, de modo que el despliegue de las energías renovables no podrá acometerse en enclaves de gran valor cultural, paisajístico o de biodiversidad.

Por otro lado, se da el plazo de tres años a contar desde este 22 de mayo, para que se presente a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, entre los que figurarán los ecosistemas naturales y las especies de alta montaña, los humedales terrestres españoles, las praderas de posidonia y las zonas de ribera de los ríos, así como aquellos que destaquen por su papel en la adaptación al cambio climático.

 

Estrategias de transición justa

 

Esta estrategia contará con líneas de financiación adecuadas a través del Fondo del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Por último, la ley quiere que todo este proceso de descarbonización genere los menores impactos negativos para las poblaciones y sectores más afectados, por lo que incluye una Estrategia de Transición Justa para "optimizar" las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y territorios en dicha transición.

Para ello, cada cinco años el Consejo de Ministros renovará estas estrategias de transición justa en las que colaborarán también las comunidades autónomas.

Según recoge la ley, de acuerdo con las estimaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) las actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1ºC sobre los niveles preindustriales, de modo que al ritmo actual el aumento de la temperatura de la Tierra llegará a 1,5ºC entre 2030 y 2052.

En el caso de España, este aumento de la temperatura es superior a la media en casi 0,5ºC. La Ley que entró en vigor este sábado busca, en definitiva, revertir, para o minimizar los efectos de la ya declarada "emergencia climática" por el Parlamento español.