El modelo energético que acaba de aprobar el Gobierno con la pretensión de corregir el déficit crónico de tarifa no ha dejado contento a nadie. Ni siquiera a grandes compañías eléctricas, que aseguran que la reforma les hará perder competitividad. Pero, entre todos los agraviados, quienes se llevan la peor parte son los consumidores y el sector de las renovables, que ha anunciado ya que acudirá a los tribunales.

Los 13 decretos aprobados reparten la deuda de 26.000 millones de euros acumulada por el sector eléctrico con el Estado de la siguiente manera: las empresas eléctricas convencionales y renovables aportarán 2.700 millones, el mismo Estado, 900 millones más, y otros 900 millones los sufragarán los ciudadanos a través del recibo de la luz, que a partir de agosto subirá un 3,2%, un incremento que podría elevarse a un 20%, según algunos medios.

Como “estafa”, “salvajada jurídica” y “disparate” han calificado las asociaciones de energías renovables Anpier, Appa, Protermosolar y Unef el conjunto de medidas impulsadas por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Una de ellas supone eliminación de las primas a las empresas y su sustitución por un sistema que garantiza una “rentabilidad razonable” de las inversiones del 7,5%, con carácter retroactivo.

Otra, el borrador del decreto sobre autoconsumo, esperado como agua de mayo por numerosos consumidores para ver si se podían ahorrar unos euros en su factura, prevé un peaje que castigará a quienes generen su propia electricidad, haciéndola un tercio más cara que la convencional.

Con el nuevo marco, el autoconsumo será un 27% más caro que el suministro habitual

Para las empresas de tecnologías limpias, la nueva normativa se ha hecho “de espaldas al sector” y llevará a la quiebra de numerosos inversores, sobretodo familias y ahorradores de clase media, que deberán entregar sus instalaciones a las entidades financieras al no poder afrontar las deudas. Denuncian además “un proceso de expropiación encubierta”.

“La prometida 'rentabilidad razonable' del 7,5% queda muy recortada al aplicar los impuestos y dependerá de los estándares que discrecionalmente establezca el Gobierno. Genera una gran inseguridad jurídica”, afirman en un comunicado conjunto las cuatro organizaciones.

“Los inversores están ahora como locos por salir del negocio”, asegura José Donoso, de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que agrupa a 300 empresas y representa al 85% de la actividad del sector. "Muchos están en situaciones desesperadas. Se sienten como los afectados por las preferentes, pero, en su caso, la culpa no es de los bancos, sino del Gobierno”, acusa.

La reforma supone también un ataque frontal al autoconsumo, el sistema por el que familias y empresas se abastecen de su propia electricidad ─con instalaciones fotovoltaicas o minieólicas─, aunque conectadas a la red para inyectar sus excedentes y nutrirse de ella en los momentos en que no hay suficiente sol o viento.

Precisamente éste es el argumento del que se vale el Gobierno para justificar la imposición de un peaje llamado de respaldo: “Cuando su red se encuentre conectada al sistema, éste se beneficiará del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando esté consumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada”.

Según Unef, el autoconsumo será un 27% más caro que el suministro habitual, lo que significa “impedirlo de facto”. Para la asociación, el peaje de respaldo “equivale a cobrar a un consumidor por encender una chimenea y apagar los radiadores”.

Multas de 30 millones

“La producción de miles de pequeñas instalaciones, dispersas por el territorio, compite con la electricidad generada por las centrales contaminantes propiedad de Unesa”, critican en un comunicado las principales cooperativas de energía verde (Som Energia, Zencer, Goiener, Enerplus), junto con organizaciones como Viure de l’aire, Ecooo o la Fundación Terra.

Para estos colectivos, comprometidos con la defensa de un modelo energético limpio y en manos de la ciudadanía, el Gobierno está mandando una señal muy clara. “No importa reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, no importa el cambio climático, no importa el desempleo, ni importa hacer desaparecer un sector productivo en el que, por una vez, nuestro país se había colocado en una posición de vanguardia. Lo único que importa es acabar con el déficit de tarifa, afectando lo menos posible a la cuenta de resultados de las grandes eléctricas”, atribuyen a la posición del ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

El temor de las cinco grandes compañías, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enesa, EDP (Energías de Portugal) y E.ON, que controlan en conjunto el 80% de la generación de la electricidad y el 90% de su comercialización, a que la autogeneración se descontrole y el sistema actual se colapse, explica también que el Gobierno se haya reservado el derecho de subir y bajar este peaje, penalizando o fomentando el autoconsumo, según vaya evolucionando el sector.

Para asegurarse el control sobre la producción casera de energía, se creará un registro y se prevén cortes de suministro y multas de hasta 30 millones de euros para quienes no se inscriban en él y paguen el peaje.

Una instalación doméstica de 2,5 Kw tardará 17 años en amortizarse

A la creación de esta tasa, hay que sumar el hecho de que la subida de la luz que comenzará a aplicarse en agosto recae mayoritariamente sobre la parte fija de la factura. El aumento supondrá un 77% de subida en este tramo para una tarifa doméstica —algo de lo que los productores domésticos no pueden prescindir— y una bajada del 23% en la parte del consumo   —la que se reduce con la autoproducción─.

“Hasta ahora, el gasto se podía repartir en un 30% de parte fija y un 70% de parte variable. Se camina al 50-50%, por lo que cualquier iniciativa de generar tu propia potencia se desincentiva”, señala Ignacio Cruz, investigador de la división de Energías Renovables del Centro de Investigaciones Energéticas, Tecnológicas y Medioambientales (CIEMAT).

Además, con las nuevas condiciones que establece la reforma eléctrica, una instalación de autoconsumo de 2,5 Kw tardará 17 años en amortizarse, tres veces más de lo que venía costando hasta ahora, aseguran desde la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (Anae).

Hasta hace un par de años, en nuestro país apenas se producía energía de forma privada para consumirla en el momento. Simplemente, no resultaba rentable. Sin embargo, el abaratamiento hasta en un 80% de las instalaciones fotovoltaicas y el incremento de la factura de la luz han hecho del autoconsumo inmediato una muy buena opción para ahorrar en tiempos de crisis.

Permite generar tu propia electricidad con fuentes renovables y darle un descanso al medio ambiente y al bolsillo. También existe la posibilidad de ceder la energía sobrante a compañías eléctricas y recuperarla cuando se necesite o, directamente, venderla, algo que se conoce como autoconsumo con balance neto.

La autosuficiencia energética está más que consolidada en países como Estados Unidos ─sobre todo en California─ o Japón y es el camino hacia el que se dirigen las políticas europeas que tratan de favorecer el uso de energías limpias. El Gobierno de España ni se lo plantea. El proyecto de decreto de autoconsumo deja bien claro que no se remunerará la energía sobrante que se vierta a la red.