Greenpeace ha presentado este jueves en el Nueva Economía Fórum Tendencias el informe Darle la vuelta al sistema: Un 4,8% del PIB para entrar en números verdes, elaborado por la consultora Abay Analistas para Greenpeace, que revela que una inversión de 197.000 millones de euros en los próximos cuatro años (equivalente al 4,8% del PIB) permitiría poner en marcha un paquete de 117 medidas para recuperar y transformar el país en clave verde y justa.

Estas medidas, a la vez que facilitan el mantenimiento o la creación de empleo y la protección social, supondrían un firme impulso para luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, que ayudaría a construir una sociedad más resiliente.

"Cada vez hay más evidencias científicas que demuestran la estrecha relación entre la salud del planeta y la humana, y esto hace que sea imprescindible repensar el modelo en el que hemos vivido si queremos salir con fuerza de esta dolorosa crisis, y que podamos dar la vuelta al sistema pasando de los números rojos a los verdes", ha declarado el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, que sostiene que la llegada de los fondos de recuperación europeos presentan una oportunidad única para transformar el sistema.

 

53,7% con financiación pública y 46,3% con inversión privada

 

De las 117 propuestas presentadas, el 43,2% son cambios normativos y regulatorios, el 34,1% requieren inversión o gasto y el 22,7% se dirigen a alinear las políticas públicas y sus prioridades hacia los objetivos energéticos y ambientales contemplados en la propuesta. Y de los 197.000 millones de inversión en cuatro años, en torno al 53,7% de las inversiones necesarias se llevarán a cabo con financiación pública y el 46,3%, con inversión privada.

En la inversión pública, la propuesta implicaría un esfuerzo de inversión adicional respecto a las inversiones ya contempladas en otros planes aprobados por el Gobierno de 43.103 millones de euros. Según Greenpeace, el esfuerzo de inversión pública adicional se podría obtenerse por varias vías entre las que se encuentra una adecuada reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde. Además, dada la coincidencia en la orientación estratégica y en el plazo de ejecución de la propuesta, el dinero procedente de los Fondos Next Generation UE serían otra fuente de financiación.

Por último, la ONG considera imprescindible que el Gobierno reoriente los objetivos de gasto para mejorar el alineamiento de las políticas hacia una recuperación verde y justa. Esta reorientación se puede concretar claramente en las inversiones en Defensa o en el reajuste de las políticas de compra, entre otras.

 

Inversión por bloques de actuación

 

Para transformar el sistema energético y hacerlo 100% renovable, eficiente, inteligente y abierto a la participación ciudadana, Greenpeace propone un conjunto de 12 medidas que suman una inversión total de 53.560 millones de euros. La mayoría de estas inversiones (un 78,4%) procederían del sector privado que, mediante subastas anuales de energía renovable (por energía y por pago por oferta), podrían alcanzar los 40.945 millones de euros. La inversión pública se reduciría a 10.880 millones.

Asimismo, Greenpeace cuenta con un conjunto de 14 medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, y la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas, especialmente las que más lo necesitan, medidas que también ayudarán a aumentar la resiliencia de sectores productivos como es el de la construcción; a la rehabilitación energética de edificios; el establecimiento de un Fondo estatal de vivienda ecológica y equitativa o un nuevo Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, entre otras.

El conjunto de las medidas alcanza la cifra de 52.592 millones de euros. La rehabilitación energética contempla una inversión de 23.035 millones.

En el sector del transporte y movilidad se proponen 9 medidas que contabilizan un total de 29.187 millones de euros y que van dirigidas principalmente a la mejora del transporte público. Destaca la creación de un Programa Nacional Reparo primero que priorice el mantenimiento y reparación de infraestructuras viales y que cuentan con casi la mitad de la inversión en movilidad (13.238 millones); la promoción del transporte ferroviario y en especial cercanías (6.491 millones) y la electrificación del ferrocarril, en especial los tramos entre las terminales de mercancías, para acabar con la dependencia de la tracción diésel en algunos trenes (1.280 millones).

Igualmente, el conjunto de 33 propuestas destinadas al entorno rural están dirigidas a proteger y reconocer la conservación de la biodiversidad, a repensar el uso del suelo y el territorio incorporando también al sector agrícola cuentan con un total de 23.000 millones de euros en inversiones. En concreto, para repensar el suelo y el territorio para que terrenos públicos sean rescatados para usos como los cultivos ecológicos y se huya del uso especulativo del suelo, el estudio plantea canalizar una inversión de 7.406 millones.

Realizar una transición justa para transformar la industria contaminante en una más sostenible y que genere empleo duradero e igualitario cuenta con un total de 10 medidas que contabilizan 12.900 millones de euros. Entre las medidas propuestas destaca la implementación de una renta básica universal con garantías para que permita ir hacia la transición ecológica para la que se requieren 12.000 millones de euros de inversión pública; la creación de un fondo para apoyar la formación de cooperativas para realizar una transición justa (722 millones); o medidas para la reducción de residuos en la cadena de producción, así como la reutilización de los productos (45 millones).

 

Ley de cambio climático

 

Precisamente, este jueves comienzan a estudiarse en el Congreso las casi las 757 enmiendas parciales al articulado del proyecto de Ley de Cambio Climático en la Ponencia de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, un tema que Rodríguez ha celebrado: "Un país como España no podía permitirse más retrasos".

Según indica, esta nueva Ley aportará "el marco jurídico, de estabilidad, que permitirá que las inversiones tengan un espacio para que se analicen con tranquilidad" porque "si algo huye en las inversiones es cuando no hay un marco jurídico estable y es cambiante".

El director ejecutivo de Greenpeace tiene "esperanza" de que se produzca "un acuerdo de Estado" para sacar adelante esta Ley, de modo que haga posible que "no peligre cuando haya alternancia en el Gobierno del país". Así, está convencido de que "la Ley marcará un antes y un después", pues espera que refleje el grado de ambición que necesita el planeta por el reto al que se enfrenta.