El grupo de mujeres mayores suizas ecologistas, Klimaseniorinnen, ha pedido al Parlamento y al Consejo Federal de Suiza que se tomen "en serio" la sentencia de abril del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que acusaba al país de "inacción climática" y que protejan a las instituciones.

En un comunicado remitido por Greenpeace (con cuyo apoyo se formó en 2016), la asociación reclama que en lugar de impugnar la decisión del Tribunal basándose en una interpretación "errónea", el Consejo Federal encargue un análisis científico independiente de los objetivos climáticos de Suiza teniendo en cuenta el presupuesto de carbono (es decir, la cantidad promedio de CO2 que se puede producir para limitar el calentamiento global a 1,5°C) del país en comparación con el internacional.

Cuando la política estatal afecta a los derechos humanos, ya no es sólo una cuestión política, sino también jurídica

CORDELIA BÄHR, abogada principal de las Klimaseniorennen

En este sentido, Greenpeace afirma que no se sostiene la acusación del Comité de Asuntos Jurídicos del Consejo de los Estados (Cámara Alta del país) de que el TEDH ha socavado con su veredicto el margen de apreciación de los Estados y su función subsidiaria. "Cuando la política estatal afecta a los derechos humanos, ya no es sólo una cuestión política, sino también jurídica", ha remarcado la abogada principal de las Klimaseniorinnen, Cordelia Bähr.

 

Injusto e incompatible con el derecho internacional

 

Por otra parte, el grupo ecologista destaca que el Comité se equivoca al sugerir que la Ley federal sobre objetivos de protección del clima, innovación y fortalecimiento de la seguridad energética cumple con los requisitos de derechos humanos aclarados por la sentencia del TEDH. En su opinión, los objetivos establecidos son insuficientes porque no se basan en un presupuesto de carbono equitativo en comparación con el global.

A su vez, incide en que el organismo comete otro error cuando afirma que los objetivos climáticos de los Estados pueden "deducirse" del presupuesto de carbono, tal y como hizo Suiza en el procedimiento ante el TEDH. En este sentido, Georg Klingler, de Greenpeace Suiza, ha señalado que "establecer un presupuesto de carbono sin hacer referencia al presupuesto global equivale a decir qué parte del pastel restante quiere comer Suiza, pero no cuánto puede comer para dejar una parte justa a otros países". A su juicio, esto es "profundamente injusto e incompatible con el derecho internacional" y constituye un "obstáculo" para una resolución conjunta del problema.