En el anuncio se ve una mano introduciendo en una urna una papeleta del Partido Popular (PP) ardiendo. Dentro, una pila humeante con las cenizas de más papeletas de la misma candidatura. Debajo de la imagen aparece la leyenda: “No sabíamos que nuestro voto se convertiría en un arma contra nosotros”.
La Anpier tacha de "estafa" el nuevo marco legislativo de las energías renovables
A pesar de la dureza del anuncio y de su amplia difusión, apenas nadie se ha dado por enterado. Ni el PP, obviamente, que no ha querido echar más sal en la herida, aunque algunas fuentes aseguran que ha protestado ante la Junta Electoral, ni tampoco los otros partidos en liza, ni ningún tertuliano o columnista.
“Nos habían prometido seguridad jurídica en sus discursos e intervenciones parlamentarias, pero nos engañaron. Muy pronto nos dimos cuenta de que prefieren mantener un sistema energético que resulta favorable al oligopolio eléctrico a costa de la seguridad jurídica, el medio ambiente y el bienestar social”, continua la letra pequeña de la publicidad.
La campaña la firma la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), una entidad que asegura representar a más de 62.000 familias que invirtieron en energías renovables a pequeña escala y ahora se han encontrado atrapadas por una serie de medidas que ponen en riesgo sus inversiones, que en la mayoría de los casos suponen la totalidad o buena parte del patrimonio familiar.
Desde su punto de vista, la aprobación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, mediante el cual se pretendía “adoptar medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico”, es una verdadera “estafa” y una “salvajada jurídica” que no dudan en comparar con el caso de las preferentes: “Nosotros no fuimos engañados por los bancos, sino por un Gobierno que ha cambiado la ley sin respetar nuestra seguridad jurídica y condenándonos a la ruina”, declaran desde Anpier.
Además de la batalla política, con campañas como la citada o una manifestación que se celebrará en Madrid el próximo 21 de junio, el principal frente de lucha se encuentra ahora mismo en la lejana Bruselas.
Precedente judicial
El decreto de julio del año pasado podría estar incumpliendo diversas directivas europeas relativas a la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética y, con este argumento, diferentes asociaciones empresariales del sector de las renovables –como la misma Anpier, pero también UNEF, Appa o Protermosolar– están tratando de que sea la Unión Europea la que obligue al ejecutivo de Madrid a dar marcha atrás.
El quebranto de la seguridad jurídica y el flagrante caso de retroactividad –los parámetros de retribución a las renovables tendrían que tener en cuenta toda la vida útil de las instalaciones, a riesgo de hacerlas inviables una vez hecha la inversión– son las razones más fuertes en el ámbito más puramente económico.
Pero también solivianta a los defensores de las renovables el incumplimiento de varias directivas comunitarias superiores en rango a la normativa estatal. “Estas directivas proclaman el carácter preferente y no discriminatorio de las renovables, y obligan a los estados a una estabilidad regulatoria que dé seguridad a las inversiones en las mismas”, asegura Javier García Breva, experto en políticas energéticas y expresidente del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).
La CE también estudia la tasa del 7% a la autoproducción energética
Todas estas esperanzas cifradas en Europa han cobrado más fuerza tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de setiembre pasado sobre el recorte de ayudas de la región belga de Valonia. En una demanda presentada por la empresa IVB, el tribunal dio la razón a esta última, en un caso muy similar al español y que crea jurisprudencia, tal y como contó el abogado especializado en temas ambientales y energéticos Piet Holtrop en su blog.
Según Holtrop, esta sentencia es “extraordinariamente relevante, ya que confirma que España no puede discriminar cuando adopta o modifica medidas de apoyo a las renovables” e implica “un cambio de rumbo para la Comisión Europea”.
El mismo parecer que Holtrop es el que tiene la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que agrupa a más de 300 organizaciones, desde productores de renovables hasta entidades ecologistas y vecinales, sindicatos y partidos, tras su reciente visita a Bruselas, durante la cual se entrevistaron con diferentes direcciones generales de la Comisión Europea (CE), como las de Energía y Fiscalidad. La plataforma destaca cómo desde la propia CE “se tenía altamente en cuenta la nueva jurisprudencia creada por el caso IVB y se pidió más documentación para estudiar el caso español”.
La CE también tiene los ojos puestos en la tasa del 7% a la autoproducción energética, que la hace económicamente inviable a efectos prácticos y sobre la cual ha solicitado información al Gobierno español. La primera respuesta recibida “no fue satisfactoria”, según la Dirección General de Fiscalidad, que ha emitido un nuevo requerimiento a Madrid a través del sistema EU Pilot.