Aquel 25 de abril de 1998, el paisaje se tiñó de negro cuando casi todos los elementos de la tabla periódica se vertieron a lo largo de los ríos Agrio y Guadiamar, llegando a las puertas de Doñana. Seis millones de metros cúbicos de lodos discurrieron por la brecha de la balsa, afectando a unas 6.000 hectáreas.

Un deficiente mantenimiento facilitó el desastre, anunciado años atrás por científicos y ecologistas. La empresa Boliden-Apirsa acababa de provocar el mayor accidente contaminante de la historia de Europa Occidental.

A pesar del desconcierto inicial, las actuaciones de recuperación fueron excelentes. La rápida intervención para limitar la zona afectada resultó acertada, mucho más que la idea de alejar al Prestige. En este caso, se acotaron los daños, ya que un vertido mucho más pequeño terminó incidiendo en una superficie enorme.

La actuación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fue fundamental, por un lado, para asesorar a las administraciones en las tareas de recuperación y, por otro, porque se convirtió en una fuente de información fidedigna que contribuyó a generar la tranquilidad necesaria para afrontar el tremendo trabajo que nos esperaba.

La balsa todavía tiene filtraciones hacia el río Agrio que, poco a poco, descienden hacia el parque nacional

En los mismos parajes que habían sido testigos de esa descomunal arriada de lodos tóxicos, se constataría, durante los siguientes tres años, la mayor operación de limpieza de suelos contaminados en Europa.

Ahora, 25 años después, la contaminación basal —si bien algo superior a la que había antes del accidente— se halla muy lejos de niveles preocupantes. La zona está limpia y no existen riesgos derivados del accidente para ningún ser vivo, incluidas las personas.

La recuperación ha sido ejemplar y constituye, de hecho, un modelo de referencia a nivel internacional. Desde el punto de vista del conocimiento científico hay un antes y un después. Todo lo que sabemos en el mundo de accidentes de este tipo lo sabemos por Aznalcóllar.

 

Lo que aún amenaza a Doñana 

 

Aunque las administraciones siguieron mayoritariamente las sugerencias del CSIC, hubo dos problemas que convendría tener en cuenta: por un lado, la balsa sigue teniendo filtraciones hacia el río Agrio que, poco a poco, descienden hacia Doñana. Por otro, el alejamiento del cauce del Agrio del borde de la balsa sería la solución que resulta, además, completamente viable desde el punto de vista técnico.

 

Como consecuencia del accidente se produjeron cambios en las normativas, tanto nacionales como europeas, que hacen que hoy resulte más difícil que algo así vuelva a ocurrir

El segundo punto pendiente se encuentra en el Corredor Verde. Aunque es un magnífico ejemplo de recuperación del cauce fluvial contaminado y casi destruido durante la limpieza, desde el punto de vista ecológico, no es un corredor funcional porque no se aseguró su conexión con las masas forestales del norte del Parque Nacional y es, por lo tanto, incapaz de conectarlas con Sierra Morena.

De nuevo, esto resulta técnicamente posible pero no se afrontó en su momento. Por último, conviene recordar que, como consecuencia del accidente, se produjeron cambios en las normativas, tanto nacionales como europeas, que hacen que hoy resulte mucho más difícil que algo así pueda volver a ocurrir.

Desgraciadamente, como el caso Prestige se encargó de dejar claro, la intervención de los investigadores del CSIC como asesores en situaciones de crisis, que tan buenos resultados arrojó  en Aznalcóllar, lejos de convertirse en un ejemplo, se quedó en una anécdota.

Hoy, 25 años después, se plantea la oportunidad de reabrir la actividad minera en Aznalcóllar. Personalmente, teniendo en cuenta que la explotación no se plantea a cielo abierto y que el procedimiento de extracción no genera esas descomunales y peligrosas balsas que se necesitaban en el pasado, me parece que la reapertura es la única oportunidad realista de que alguien pague la inertización de los lodos, se haga cargo de los pasivos ambientales y afronte el necesario reto de no solamente no dañar el medio ambiente sino dejarlo en una mejor situación, con niveles más altos de salud ambiental y biodiversidad.

Si este fuese el propósito de la Junta de Andalucía y de la empresa concesionaria, los científicos que en su momento trabajamos en el accidente estaríamos muy felices, ya que no tendríamos que volver a hacerlo jamás.

Miguel Ferrer trabaja como profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones (CSIC) en la Estación Biológica de Doñana, de la que fue director desde 1996 hasta 2000. Es también presidente de la Fundación Migres, desde 2003; miembro del grupo de Expertos en Biodiversidad y Cambio Global del Consejo de Europa, desde 2001, y revisor del IPCC.