El sistema de cuotas lácteas nacionales se implantó en la década de los 80 con una duración prevista inicialmente de cinco años. Consistía en fijar el límite de producción anual de leche de cada país europeo con el objetivo de reducir la sobreproducción que había por entonces en un sector permanentemente subsidiado. Los productores podían comprar o vender las cuotas según sus necesidades y si se superaba el tope asignado la multa ascendía a 0,27 euros por litro. Con la medida se buscaba limitar el gasto público y estabilizar los precios y los ingresos de los ganaderos. El régimen se fue prorrogando hasta que en 2003 se le puso fecha de caducidad.
"La situación actual es completamente diferente a la de 1984", cuando empezó el sistema de cuotas, considera el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. “No tenemos montañas de mantequilla ni lagos de leche, el intervencionismo está en un nivel que no incentiva los excedentes de producción y los precios europeos y mundiales nos permiten ser lo suficientemente competitivos para exportar el 11% de nuestra producción sin ningún tipo de subsidio”, añadió.
El sector español tiene una desequilibrada cadena de valor y falta de transparencia
Pero, para los productores europeos, el fin de la regulación es un revés. “Las grandes empresas dictarán los términos y condiciones a los agricultores, incluso más que antes. Los precios serán bajísimos, ya que los ganaderos europeos tendrán aún menos poder en el mercado para lograr un precio de la leche que cubra los costes", advierte el presidente de la organización de productores europeos, la European Milk Board (EMB), Romuald Schaber.
En la Unión Europea se producen 170 millones de toneladas de leche al año en cerca de 650.000 explotaciones. El sector representa el 15% de la producción agrícola total de la UE. Alemania es el mayor productor, seguido de Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Polonia y España, país al que se le lleva asignando una polémica cuota baja desde la implantación del sistema.
Mientras la cuota alemana era de 30,3 millones de toneladas, la francesa de 26, la del Reino Unido de 15, la holandesa de 12, la italiana de 11 y la polaca de 10, en la última campaña la cuota para España era de tan sólo 6,5 millones de toneladas de leche.
Se trata de una cifra insuficiente incluso para abastecer el consumo interno, que se sitúa en 9 millones. Por ello. España se ve obligada, desde la instauración de los derechos de cuota, a importar excedentes de otros países europeos, sobre todo en forma de elaborados como quesos, yogures y leche en polvo.
Para Hogan, la liberalización es a la vez "un desafío y una oportunidad". "Un desafío porque toda una generación de ganaderos tendrá que vivir bajo nuevas circunstancias, y seguramente la volatilidad de los precios les acompañará en el camino, pero es sin duda una oportunidad en términos de crecimiento y empleo", afirmó.
Sin poder de negociación
El pasado año se consiguió el récord mundial de producción de leche, con unos 768 millones de toneladas. Las proyecciones de mercado indican que la demanda global de productos lácteos, que crece de media un 2% al año, seguirá aumentando, en particular para los productos de valor añadido como quesos o yogures.
Ello genera una posibilidad de negocio para la que algunos países como Alemania, Países Bajos, el Reino Unido e Irlanda –que pretende aumentar su producción en un 50% para 2020– llevan años preparándose. Podrán competir con países extracomunitarios, sobre todo con Estados Unidos y Nueva Zelanda –principales exportadores a nivel mundial– en los crecientes mercados emergentes.
La demanda de leche y productos lácteos en Asia llegará a casi 320 millones de toneladas para el año 2021, unos 50 millones de toneladas más que ahora. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Asia ha experimentado un notable crecimiento en la producción y el consumo de leche y productos lácteos en las últimas décadas y ya ha superado a Europa como el mayor productor mundial.
Sin embargo, el consumo en aquel continente es superior a la oferta interna y la mayoría de países tienen que importar, enfrentándose a la volatilidad de los precios. En China, el mayor importador mundial de lácteos, los consumidores prefieren comprar productos lácteos de otros países tras el escándalo de la leche en polvo contaminada de 2008, que dejó seis muertos y más de 300.000 afectados.
En España, las previsiones de incremento de la demanda no alcanzan semejantes magnitudes. Los productores consideran que la eliminación de las cuotas beneficiará sólo a las grandes empresas alimentarias y a los mayores productores de leche, provocando la una concentración de explotaciones y el cierre de muchas. Y ven la desregulación como una amenaza para las regiones menos competitivas.
Un grupo de empresas lácteas y asociaciones pactaron precios durante 13 años
Galicia es la principal productora de España, con el 40% de los 6,5 millones de toneladas anuales de la última campaña, provenientes de vacas frisonas o Holstein, la raza más utilizada en todo el mundo para la producción lechera gracias a su alto rendimiento y buena adaptabilidad, según constatan los expertos. Detrás de estos calificativos y de las cifras económicas que barajan productores, industria y envasadores –y a menor escala, los consumidores con su decisión final de compra– está la vida de miles de vacas lecheras –eran 858.773 en marzo de 2010 sólo en España– que tienen una serie de necesidades –como el pastoreo– y derechos que difícilmente se respetan con las explotaciones mayoritarias, las intensivas.
El sector lácteo español arrastra una serie de polémicas por su desequilibrada cadena de valor, falta de transparencia y atomización. Los ganaderos llevan años lamentando que se ven sometidos a las decisiones unilaterales de la industria y los distribuidores. Denuncian que no tienen capacidad de negociación –las cooperativas sólo representan el 20% del mercado–, que la industria fija los precios y que los distribuidores utilizan la leche como producto-reclamo y revientan precios de venta con sus marcas blancas (que suponen el 60% de toda la leche que se vende en España). El sector está dominado por la multinacional francesa Lactalis desde que se hizo en 2010 con Puleva (el grupo integra firmas como Flor de Esgueva, Prado y Prèsident).
Sus denuncias han sido ahora recogidas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que, tras años de investigación ha revelado que un grupo de nueve empresas lácteas y dos asociaciones habían estado pactando precios durante 13 años –desde 2000 hasta 2013– y repartiéndose las zonas de recogida. Competencia les ha multado con 88,2 millones de euros, siendo Danone, con 23,2 millones, la marca con la mayor sanción.
El resto de empresas amonestadas fueron Corporación Alimentaria Peñasanta, con 21,8 millones; Grupo Lactalis Iberia, con 11,6 millones; Nestlé España (10,6 millones); Puleva (10,2 millones); Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), con 8,5 millones; Senoble Ibérica (proveedora de Mercadona), con 929.644 euros; Central Lechera Asturiana, con 698.477 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 200.000; Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), con 100.000 euros, y Central Lechera de Galicia (GIL), con 53.310 euros.
“Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por sí concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota”, constataba la CNMC el pasado marzo. Habrá que ver cómo afecta ahora el final de los derechos de cuota al complicado tejido productivo lechero español.