Muy pocas grandes corporaciones empresariales se hacen responsables de sus agresiones contra la naturaleza. Tampoco albergan ningún miedo de la justicia los gobiernos que autorizan proyectos que significan la ruina de espacios naturales de gran valor. Pero eso podría cambiar si prosperan iniciativas como Eradicating Ecocide (Erradicando el Ecocidio), que impulsa una campaña internacional para que la destrucción de ecosistemas sea declarada "crimen internacional contra la paz".

La campaña, nacida en el Reino Unido, pretende que esos delitos sean competencia del Tribunal Penal Internacional. Para sus impulsores, la ley debería considerar responsables de los crímenes ambientales a los cargos que tienen "responsabilidad superior", es decir, los jefes de estado y los altos ejecutivos de bancos y empresas industriales. Una legislación de este tipo requiere para su aprobación el consenso de 80 países, lo que hace extremadamente lento el proceso.

La abogada de la Tierra

La tarea es complicada y desafiante, pero no hay espacio para el desánimo en la agenda de Polly Higgins, la voz y el rostro más visible de Eradicating Ecocide. En 2008, esta abogada y activista escocesa emprendió su lucha para convertir el ecocidio en un delito, con el mismo rango legal que el genocidio, los crímenes de guerra, de agresiones o de lesa humanidad.

"Si como letrada tuviera que representar a la Tierra ante un tribunal, ¿cómo podría hacerlo? Si tuviera que defenderla con la ley en la mano, mi cliente no tendría derechos", relata Higgins en una entrevista. "No basta con que algunos países sí reconozcan sus derechos. Necesitamos una ley con carácter universal", añade.

Un año después, la letrada lograba persuadir a la ONU para que elaborara una Declaración Universal de los Derechos Planetarios basada en la carta que establece los derechos humanos. El siguiente paso fue presentar una proposición legal sobre el ecocidio ante la Comisión de Derecho Internacional, con el fin de que se convierta en resolución y sea sometida a votación en la Asamblea General de la ONU.

"Nos encontramos en un momento crucial en la historia de nuestra civilización", escribe Higgins en la revista Resurgence. "Sabemos que podemos poner fin a la destrucción del planeta y tenemos las herramientas necesarias para que esto ocurra. Todo lo que necesitamos es reescribir las reglas del juego y hacer del ecocidio un crimen".

Juicio por 'ecocidio'

En septiembre de 2011, Eradicating Ecocide protagonizó un simulacro de juicio en el Tribunal Supremo del Reino Unido. Dos ejecutivos de compañías petroleras ficticias, interpretados por actores, fueron sentados en el banquillo por tres cargos de ecocidio. A las multinacionales para las que trabajaban se las acusaba de la muerte de miles de aves migratorias y de degradación medioambiental, en un caso por el vertido de crudo en el Golfo de México en abril de 2010 y, en el otro, por la contaminación de alquitrán en las arenas de Athabasca, en Canadá.

Durante varios días, un jurado formado por voluntarios –y depurado de activistas–, escuchó sus argumentos. "Nos lo tomamos muy en serio", asegura a la revista Time su presidente, el escritor y editor Huw Spanner. "Era un grupo de gente muy variada: había incluso varios escépticos verdes", afirma.

El veredicto fue unánime y los dos acusados fueron condenados por tres de los cargos. A uno de ellos se le impuso una pena de cuatro años de prisión. Para algunos, aquella fue una victoria sin la menor trascendencia, ya que a pesar de que la vista estaba basada en hechos reales y contó con auténticos abogados, peritos y un juez, carecía de efectos jurídicos. Los implicados, en cambio, insisten en que la representación ofreció un claro ejemplo de cómo una ley sobre el ecocidio podría funcionar en la práctica.

La definición

Acotar el término ecocidio y establecer qué escenarios contemplaría la nueva ley es uno de los grandes obstáculos que ha de salvar el proceso. No existe, de momento, una definición legal. Para los impulsores de este movimiento se trataría de "la pérdida de ecosistemas de un territorio determinado, ya sea por la acción humana o por otra causa, cuando los daños producidos signifiquen una disminución severa del disfrute pacífico de los habitantes de ese territorio".

La palabra se escuchó por primera vez hace exactamente 40 años, en la primera cumbre ambiental de las Naciones Unidas en Estocolmo (Suecia). El primer ministro sueco, Olof Palme, la empleó para denunciar el uso de productos químicos defoliantes por parte de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.

Para Polly Higgins, sin embargo, los actos ecocidas cometidos en el marco de una contienda bélica no son el principal problema, ya que éstos ya se consideran crímenes de guerra. Lo más preocupante es lo que ocurre en tiempos de paz.

Una ley sin fronteras

Sin duda, en algunos países, encender un fuego en el bosque o construir en suelo protegido ya está penado por la ley. Pero no todos los estados tienen tales leyes y algunas actividades que dañan el medio natural ocurren más allá del ámbito de las fronteras nacionales, como sucede con la pesca indiscriminada en alta mar.

Como sostiene el periodista de la BBC Richard Black, los peores daños al medio ambiente provienen a menudo de las compañías que pertenecen a un país y operan en el territorio de otro.

En este sentido, la campaña que lidera la letrada británica incorpora el concepto de extraterritorialidad, lo que significa que los crímenes cometidos en el extranjero son punibles en el país de origen, tal y como ocurre con los sobornos y los delitos sexuales. Así, cualquier persona involucrada en un ecocidio en cualquier parte del mundo podría ser enjuiciada.

En el caso de que los tribunales estatales no pudieran o no quisieran procesar a los autores de un ecocidio, estos serían juzgados por la Corte Penal Internacional. Pero sólo 120 de los 193 países representados en la ONU reconocen la autoridad jurídica de esta institución con sede en La Haya (Países Bajos) encargada de juzgar cuatro tipos de delitos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión y crímenes de lesa humanidad.

Para que el ecocidio sea incluido en esta lista, alguno de estos países tendría que proponer una enmienda al Estatuto de Roma de 1998 –el texto fundacional del tribunal– y 80 partes o estados miembros –el equivalente a dos tercios– deberían ratificarla para que se convirtiera en ley.

La realidad, sin embargo, puede resultar desalentadora. De los 193 países miembros, sólo 142 han firmado y ratificado la Convención sobre el Genocidio; únicamente 147 suscriben la Convención contra la Tortura y nada más que 120 aceptan la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, siendo Estados Unidos, Rusia y China las excepciones más notables.

Resolver el vacío legal

Aunque la iniciativa va ganando apoyos, Higgins no da cifras de cuántos gobiernos la respaldan. Asegura que hay algunos, aunque todavía no lo hayan reconocido públicamente, y se muestra satisfecha con el espíritu de compromiso que ha encontrado en numerosos países de todos los continentes.

Para la abogada escocesa, el estancamiento en las negociaciones sobre el cambio climático ha puesto de manifiesto que los enfoques actuales en las cuestiones medioambientales son redundantes y que es preciso un sistema punitivo totalmente nuevo.

En términos parecidos se expresa la asesora del movimiento Louise Kulbicki, quien asistió al Congreso Mundial de Justicia, Gobierno y Ley que se celebró en el marco de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de Río+20.

"Todo el mundo reconoce que hay una necesidad de desarrollar la legislación sobre los delitos medioambientales. Hablamos de un crimen contra la naturaleza, contra la humanidad, contra las futuras generaciones. Es una injusticia enorme y hay un vacío legal que debe resolverse", sentencia Kulbicki.

"Si se mira la evolución de la legislación a través de la historia, siempre llega un cierto momento en el que el imperativo moral triunfa sobre el imperativo económico", concluye con optimismo Polly Higgins.