Cincuenta millones de personas han tenido que abandonar sus lugares de origen para huir de catástrofes ambientales, muchas de ellas provocadas por la actividad humana. En las últimas décadas, el fenómeno de la migración provocada por esta clase de desastres, con antecedentes a lo largo de toda la historia, ha experimentado un fuerte auge como consecuencia de los efectos del calentamiento global.

Debido al efecto invernadero, se han multiplicado los eventos climáticos extremos: catástrofes como los ciclones y los terremotos, y otros procesos de evolución más lenta, pero no menos dañina, como la desertificación y el aumento del nivel del mar, se registran con cada vez mayor fuerza y frecuencia. Estos fenómenos han obligado a decenas de millones de personas a dejar atrás sus hogares.

Los afectados superan ya en número a los refugiados por conflictos armados

Ya a mediados de la década de 1990, el experto ambientalista inglés Norman Myers calculó que había 25 millones de desplazados ambientales, una cifra recogida por los organismos internacionales. Actualmente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que el número de afectados roza los 50 millones y prevé que alcance los 200-250 millones en 2050. De acuerdo con dichos cómputos, los eco-desplazados ya superan a los refugiados por causa de los conflictos armados.

El término desplazado ambiental fue empleado por primera vez por el ambientalista Lester Brown en los años 70 del pasado siglo. Según la Organización Internacional para las Migraciones los “emigrantes medioambientales son personas o grupos de personas que, por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a su vida o sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o permanentemente, y migran dentro de su país o hacia el extranjero.

Vacío legal

Las migraciones causadas por factores ambientales pueden estar provocadas, por un lado, por desastres naturales puntuales como inundaciones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas o vertidos industriales. En las dos últimas décadas, estas catástrofes se han duplicado: de una media de 200 han pasado a más de 400 por año, según el informe de 2012 del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego para los Refugiados. Estos sucesos forzaron el desplazamiento de unos 32,4 millones de personas durante el año pasado, casi el doble del número de personas desplazadas en 2011. 

Por otra parte, la población también huye de sus tierras por la escasez de recursos que son consecuencia de lentos cambios ambientales como la degradación y la erosión del suelo, la deforestación, la desertificación, la contaminación del agua y del aire, etc. A pesar de que la raíz del problema está en el deterioro ambiental, frecuentemente, las víctimas no son conscientes de ello y consideran que su forzado desplazamiento es obra de tan sólo factores económicos y sociales ─la única excepción es cuando el aumento del nivel del mar es la causa de la emigración como en el caso del archipiélago de Tuvalu, en el Pacífico─. Además de provocar el éxodo de pueblos enteros, la falta de recursos puede encender la chispa de conflictos entre comunidades.

El año pasado tuvieron que migrar 32,4 millones de personas, el doble que en 2011

La mayoría de los desplazados ambientales del mundo (según la terminología de la ONU, no se trata legalmente de refugiados, aunque en la práctica su problemática sea idéntica, porque no traspasan las fronteras de su estado de origen) se hallan en las zonas marginales de los países más pobres ─en 2012 el 98% procedían de países en vías de desarrollo─ que, además, sufren con mayor rigor los efectos de los desastres naturales. El África subsahariana y Asia son las regiones en las que hay más emigrantes climáticos.

Los desplazados ambientales son uno de los colectivos olvidados por el derecho internacional, puesto que carecen de reconocimiento y respaldo jurídico. No son considerados refugiados, estatus reconocido por la Convención de Ginebra de 1951 y por el Protocolo de 1967, y por ello el ACNUR no los cataloga como tales. Ante esta situación, cada vez se alzan más voces que reclaman que la figura del desplazado ambiental se haga un hueco en el ordenamiento jurídico internacional para así poder garantizar la supervivencia de estas personas y mejorar las medidas de protección del equilibrio medioambiental.

A finales de 2012 se dio un paso adelante en esta dirección con la entrada en vigor de la Convención de la Unión Africana (UA) para la Protección y Asistencia de las Personas Desplazadas Internas en África (Convención de Kampala), un tratado internacional para la protección y asistencia de las personas desplazadas dentro de su propio país. Un buen gesto, pero insuficiente, ya que desde hace años es el turno de toda la comunidad internacional: los países tienen que mover ficha, al unísono, con rapidez y precisión, para afrontar el gran desafío humanitario que planteará el cambio climático en el siglo XXI.