Greenpeace observa "ciertos brotes verdes" en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que reconoce como "tímidos avances", ya que celebra el aumento de un 49 por ciento de las partidas para cambio climático, aunque lamenta el descenso de un 7 por ciento en las partidas ambientales. Por su parte, Ecologistas en Acción también lo celebra, pero considera que los incrementos en cambio climático "quedan muy lejos ante la magnitud de los retos"que España debe afrontar.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha señalado a Europa Press que el cambio climático y las políticas ambientales deben estar "al mismo nivel de importancia" que otros temas sociales como las pensiones, porque de ello depende el futuro y ha confesado que la ONG empieza a impacientarse al no ver, pese a "ciertos brotes verdes", que el Gobierno de Pedro Sánchez esté apostando, de verdad, por la transición ecológica.

"El avance no es acorde con la dimensión del reto del cambio climático y, por mucho que el Ministerio para la Transición Ecológica quiera esta transformación, sin el apoyo del presidente del Gobierno, no es posible. Pedro Sánchez debe pasar de las palabras a los hechos", critica.

Rodríguez pide así unos Presupuestos Generales del Estado que estén orientados al reto y ha mostrado su preocupación por el nuevo retroceso en las políticas ambientales. No obstante ve como una buena señal el aumento en el presupuesto para la Oficina Española de Cambio Climático y la nueva fiscalidad ambiental que reclama, sin embargo, que esta recaudación se revierta en cuestiones ambientales.

En definitiva, la ONG reclama una "revisión seria" para adaptar los "ciertos brotes verdes" en los PGE a la lucha contra el cambio climático. Para la ONG es necesaria y urgente la ley de Cambio climático y transición energética que pueda obligar a que se concrete en los PGE una apuesta real por la transición ecológica.

Así, la ONG ve "algunos gestos para el optimismo", en especial en abordar la transición justa, pero pide una profunda reflexión tras comprobar que el interés que ha manifestado el Gobierno por frenar el cambio climático y la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica no se ven reflejados totalmente en los PGE.

Por su parte, la coordinadora del análisis de PGE de Greenpeace, Alicia Cantero, ha destacado que la fiscalidad ambiental es una de las "vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía y la generación de empleo estable y de calidad".

"Animamos al Gobierno a asumir su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad ambiental en las políticas estatales, favoreciendo una transición más justa y más sostenible", ha concluido.

 

"Lejos de la magnitud de los retos"

 

Por su parte, desde Ecologistas en Acción, reconocen que los incrementos presupuestarios "tienen que ver con la lucha contra el cambio climático", pero que estos "quedan muy lejos ante la magnitud de los retos" que debe afrontar España.

El coordinador estatal de esta ONG, Paco Segura, asegura a Europa Press que "lo mismo se puede decir en políticas de biodiversidad, con algunos aspectos positivos" como el incremento en un 46,8 por ciento de la partida para Parques Nacionales, "pero con otras partidas que no corrigen los fortísimos descensos que ha sufrido la conservación de la naturaleza en la última década".

También considera "positiva" la reducción de los subsidios al diésel: "Este combustible ha estado bonificado durante años, lo que ha llevado a que el 60 por ciento de nuestra flota de coches sean diésel, los vehículos más contaminantes". "Esto provoca grandes problemas de salud e incluso económicos. La subida del impuesto del diésel supondrá un aumento de 670 millones de euros en recaudación, lo que contribuye al aumento del 6,4 por ciento del gasto en medidas sociales (aumento pensiones mínimas, dependencia, becas, ayudas desempleo)".

Por otro lado, considera "un craso error", si lo que se busca es la descarbonización del transporte o la reducción de la contaminación, que el Ministerio de Industria pretenda aprobar el plan MOVEA, que servirá para financiar los automóviles de gas.