No hubo acuerdo entre pro y antitransgénicos en el seno de la Unión Europea. A partir de la próxima primavera, cada país miembro podrá restringir o prohibir los cultivos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM) en su territorio, incluso aunque hayan sido autorizados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según una nueva legislación aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 13 de enero con 480 votos a favor, 159 votos en contra y 58 abstenciones.

La norma, que modificará la actual Directiva 2001/18/CE, llega tras cuatro años de intenso debate y se centra exclusivamente en los cultivos dejando de lado la importación de alimentos transgénicos. Actualmente, 23 productos transgénicos esperan ser aprobados por la Comisión Europea para entrar en el mercado común tras informes favorables de la EFSA. De éstos, 18 son artículos ya finalizados que se importarían de otros países y cinco, semillas para cultivar en las tierras del Viejo Continente. Este hecho merma la competitividad de los ganaderos europeos, ya que los animales criados para el consumo humano, a excepción de los certificados como ecológicos, son alimentados con piensos transgénicos.

El único cultivo transgénico que por ahora se siembra a gran escala en la UE –con otros productos sólo se llevan a cabo ensayos experimentales al aire libre– es el maíz MON810, resistente a la plaga del taladro. La Comisión Europea también había autorizado en su momento la siembra de la patata transgénica Amflora de la multinacional alemana BASF, pero en última instancia fue prohibida por el Tribunal General comunitario en 2013.

El único cultivo OGM que se siembra en España es el maíz resistente al taladro

España es el principal productor europeo de este maíz de la multinacional Monsanto: es el país que más superficie le destina, con unas 131.500 hectáreas en 2014, cifra que supone el 31,6% del total del maíz cultivado en el territorio. Se planta en Aragón, Cataluña, Extremadura y Andalucía. También lo producen comercialmente la Chequia, Eslovaquia, Rumanía y Portugal.

En cambio, otros países se niegan a plantar OGM. Austria, Bulgaria, Grecia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia han hecho uso de la cláusula de salvaguardia para prohibirlos, justificando la decisión por los posibles daños que dichos productos pueden provocar a la salud humana y al medio ambiente. En Francia hay un conflicto entre el poder legislativo y judicial por la aprobación de una moratoria para este tipo de cultivos.

Con la legislación ahora aprobada se podrán alegar nuevas causas para la prohibición, como la ordenación urbanística y territorial, el impacto socioeconómico, motivaciones de política agrícola y la voluntad de evitar transgénicos en otros productos. Las restricciones también podrán aplicarse a determinados organismos genéticamente modificados por grupos o tipos de cultivo. Por ejemplo, a todas las plantas de maíz transgénico, o a todas las semillas resistentes a insectos. Por su parte, los gobiernos que apuesten por su siembra tendrán que garantizar las medidas necesarias para prevenir la contaminación transfronteriza.

El mercado global de semillas está controlado por seis grandes multinacionales de la biotecnología: Dupont, Syngenta, Bayer, Dow, D-Basf y, en particular, Monsanto, que posee más del 90% de las patentes de semillas transgénicas y es la única que opera actualmente en Europa.

Según el director de Sostenibilidad para Europa y Oriente Medio de Monsanto, Carlos Vicente, la legislación aprobada por la Eurocámara "socava el principio de mercado único" porque, afirma, ahora se podrá prohibir productos seguros basándose en consideraciones no científicas, sino de carácter político e ideológico. “Es una señal de stop para la industria de la innovación" que repercutirá negativamente en el continente, advierte. En la misma línea se pronuncian el resto de las principales empresas del sector.

Ruina para la agricultura ecológica

Las simientes modificadas se venden a los agricultores con la garantía de que estas plantas necesitarán menos agrotóxicos –sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas, que se utilizan para combatir plagas, malas hierbas o enfermedades de las plantas–. Una argumentación considerada “falsa” por muchas organizaciones medioambientales que denuncian el aumento del uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, vendidos a su vez por las mismas corporaciones. 

Amigos de la Tierra, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Red de Semillas y la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT) valoran que con el cambio legislativo se “corre el peligro de crear una Europa a dos velocidades: aquellos estados más sensibles ambientalmente y más preocupados por la sostenibilidad de su agricultura tendrán la posibilidad de prohibirlos en su territorio, mientras otros miembros darán vía libre a la entrada de nuevas variedades transgénicas”.

En este segundo grupo se encuentra España. La norma “afectará de forma negativa al sector agrícola español por la entrada masiva de cultivos transgénicos, la contaminación transgénica de la cadena alimentaria y la ruina del sector de la agricultura ecológica”, afirman en un comunicado conjunto.

Las empresas invocan el principio de mercado único y advierten de un freno en la I+D

El sector de la agricultura ecológica –con más de 1,6 millones de hectáreas, 34.000 operadores y casi 4.000 industrias en 2013– es el principal afectado por la norma, ya que perpetúa su situación de desprotección ante las contaminaciones que se producen por la convivencia con cultivos transgénicos.

“Si sufres una contaminación por los cultivos transgénicos de tu vecino, tienes que asumir el 100% de las consecuencias”, afirmaba el presidente del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, en una entrevista con EcoAvant.com.

Valls refería como en los últimos años han tenido lugar numerosos casos de contaminación en el maíz en Cataluña, y que por ello el 99% del maíz ecológico se tiene que importar de Francia e Italia.

A pesar de la apuesta del Gobierno español por el cultivo de transgénicos, varios ejecutivos autonómicos se oponen, como es el caso del País Vasco. Ahora podrán amparar esta voluntad bajo la nueva ley. “Animamos a las comunidades autónomas a seguir los pasos del País Vasco y a solicitar la prohibición de estos cultivos en su territorio”, ha señalado Luís Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España.

“Esperamos que la ministra Isabel García Tejerina, acérrima defensora de los cultivos transgénicos, no ponga trabas a las solicitudes de prohibición que efectúen las comunidades autónomas”. Europa seguirá sin mostrar una única voz en un debate que marcará el futuro de la agricultura en el continente y en todo el planeta.