El Proyecto de Ley de Parques Nacionales ya ha sido remitido a las Cortes para su aprobación. La nueva normativa, que debe reemplazar a la vigente de 2007, ha desatado una polémica al abrir las puertas a la posible explotación comercial –como actividades turísticas, o incluso la caza– en unos espacios naturales que hasta ahora gozaban del máximo nivel de protección y en los que estaba vetada toda actividad humana.

La versión oficial del Gobierno afirma que el proyecto tiene como objetivo garantizar la adecuada conservación de estos espacios y reforzar la coordinación y la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas encargadas de la gestión de los mismos. Pero, en el documento remitido al parlamento, el poder central se reserva la potestad de intervenir en competencias transferidas a los gobiernos autonómicos.

Se podrán desarrollar "actividades medioambientales" y de turismo rural  

Para ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se atribuye la capacidad de intervención en el caso de que los parques no cumplan los requisitos establecidos en el Plan Director de Parques Nacionales, y también en situaciones de emergencia o catástrofes. Sin embargo, antes de actuar tendrá que pedir a los gobiernos autonómicos que adopten las medidas y acciones necesarias. Si en seis meses no responden de manera satisfactoria, será la Administración central quien tome cartas en el asunto “con carácter excepcional y con el fin de evitar daños irreparables”.

Este procedimiento se ha incorporado a la norma tras el crítico dictamen del Consejo de Estado del pasado mes de diciembre que pedía la reconsideración de la totalidad de la ley. A pesar de la corrección, las comunidades autónomas han criticado con dureza el proyecto denunciando la invasión de competencias.

La Administración central también colaborará para garantizar la conservación integrada de los parques cuya superficie comprenda territorios de más de una autonomía. Concretamente, el texto contempla la creación de dos órganos específicos: el Comité de Colaboración y Coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para el conjunto de los Parques Nacionales, y una comisión específica para cada parque nacional cuya superficie supere los límites de una comunidad autónoma.

Control de poblaciones

La ley también aclara y simplifica el proceso de declaración de un parque nacional y establece requisitos medioambientales más exigentes: la superficie mínima pasa de las actuales 15.000 hectáreas a 20.000 en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares y en parques nacionales en aguas marinas; y en los parques insulares se fija en 5.000 hectáreas. Además, la norma posibilita ampliar los parques nacionales extendiéndolos sobre áreas marinas colindantes y se asigna al Estado la competencia plena para la creación y gestión de nuevos parques marinos.

También prevé el desarrollo de la marca Parques Nacionales de España como un identificador común de calidad para los espacios con mayor nivel de protección ambiental del país. En la actualidad, el país cuenta con 15 parques nacionales, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas.

La ley abre la puerta por primera vez a la explotación mercantil de los parques: posibilita la realización de actividades medioambientales. El ejecutivo permite la navegación en aguas de Monfragüe (Cáceres) mientras estudia autorizar actividades de vuelo sin motor en Guadarrama (Madrid).

La pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial no se podrán desarrollar en los parques, pero sí “se podrán programar actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats por motivos de gestión y de acuerdo al mejor conocimiento científico”.

Los ecologistas temen que se permita la caza selectiva de forma camuflada

Esta formulación ha levantado sospechas entre las organizaciones medioambientales. Desde Ecologistas en Acción se advierte de que “no se regula cómo se llevará a cabo el control de poblaciones –en el que se matan animales–, de forma que se podrá seguir practicando la caza de forma camuflada”. Por ello, los ecologistas piden que se especifique que sólo los técnicos del parque podrán realizar ese control.

Tampoco se permiten los aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación, redes energéticas y otras infraestructuras “salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución satisfactoria”. Asimismo, el Gobierno da carta blanca a los propietarios de terrenos que forman parte de los Parques Nacionales “para desarrollar actividades económicas y comerciales, en especial, relacionadas con el uso público y el turismo rural”.

“Esta ley contempla toda una serie de excepciones a la carta que se incluyen en el proyecto de ley para fomentar actividades turísticas y económicas en beneficio de la rentabilidad particular y en perjuicio de los parques nacionales como figura de máxima protección", explica en un comunicado de prensa Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.

Los grupos ecologistas denuncian que la norma permite usos turísticos y recreativos reduciendo el nivel de protección de los parques y convirtiéndolos en “espacios temáticos” y muestran su "preocupación" ante la posibilidad de que se pueda "urbanizar y edificar" en el interior de los Parques Nacionales.