Entidades y plataformas ciudadanas de todo el Estado, y también de Baleares --GOB Mallorca, Fridays For Future Mallorca y Extinction Rebellion Mallorca--, se han opuesto a los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 20/2022 que, han censurado, "eximen a los macro proyectos renovables de evaluaciones ambientales", lo que "vulnera normativas europeas" al "perder", las principales entidades ecologistas, "la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones".

En una nota de prensa, el GOB ha advertido que este martes, en sesión extraordinaria, el Congreso de los Diputados previsiblemente convalidará el Real Decreto Ley (RDL) 20/2022, cuyos artículos 22 y 23 permiten, ha censurado, que "los macro proyectos de renovables de más de 50MW no estén sujetos a ninguna evaluación ambiental y su aprobación por silencio administrativo".

 

'Macro Renovables No', autoconsumo

 

'Macro Renovables No' / Imagen: MR 'Macro Renovables No' / Imagen: MR

Cerca de 400 entidades de todo el Estado, vinculadas a territorios afectados, asociaciones ecologistas y ayuntamientos han mostrado ya su oposición en un documento conjunto publicado en la web Macro Renovables No (1). Este movimiento lucha por la justicia climática y apoya a una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, dentro de un modelo energético "distribuido" y "justo". Las entidades han advertido que el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición en la actualidad "favorece a promotoras, anula a la ciudadanía, promueve la despoblación, y pone en peligro la biodiversidad".

Macro Renovables No. Este movimiento lucha por la justicia climática y apoya a una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética

Representantes y vocales de las distintas entidades ciudadanas y ecologistas acudirán al Congreso a entregar este documento a los diputados, y a manifestar su oposición a un modelo que, han alertado, "pone en peligro su manera de vivir y sus actividades, así como el patrimonio ambiental, agrario y cultural de estos territorios".

Para las entidades, el Real Decreto 20/2022 "no se ajusta a las normativas europeas, vulnera el Convenio de Aarhus de participación ciudadana y priva, incluso, a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones".

En este sentido, ha recordado que, la aprobación del Reglamento europeo 2022/2577, del pasado 22 de diciembre, "precisamente establece la necesidad previa de una zonificación y de una evaluación medioambiental estratégica". Condiciones, ambas, "cruciales" que han sido, sin embargo, "obviadas" en este Real Decreto 20/2022.

Desprotección ambiental, la inseguridad jurídica y el agravio comparativo están servidos

Por ello, han reiterado su advertencia sobre que "la desprotección ambiental, la inseguridad jurídica y el agravio comparativo están servidos".

En Baleares, entidades que trabajan el conflicto de las renovables en suelo rústico en el archipiélago, "agraviado" últimamente por el impulso de "grandes parques" a través de las figuras de "proyectos industriales estratégicos" --Inca, Selva, Mainou en Santa Maria, Son Serra a la carretera de Bunyola, entre otros-- se han sumado también a esta iniciativa de ámbito estatal que "también afectará a las Islas, donde el suelo disponible es todavía más escaso".

Referencias