El proyecto 'Life Unify', promovido por Climate Action Network (CAN) Europe y desarrollado por ONG ambientales repartidas por 10 países europeos, entre ellas SEO/BirdLife, reclama una mayor acción climática a las comunidades autónomas para reducir el 65% de las emisiones de carbono que España desprende a la atmósfera, según informa SEO/BirdLife.

 

Falta de planes autonómicos de descarbonización

 

Así, el último informe del proyecto, que pretende impulsar una transición temprana y eficaz de los estados miembros de la UE hacia economías bajas en carbono, señala que España "debe mejorar" la coherencia de su respuesta multigobierno frente al cambio climático, en particular las regiones, ya que no todas cuentan todavía con planes autonómicos de descarbonización de cara a 2030 y su grado de ambición no guarda "plena coherencia" con los objetivos nacionales y europeos.

Así, el informe también insta a implementar medidas a escala local en las ciudades. Del mismo modo, recomienda que se destinen fondos y recursos técnicos, en el marco Next Generation, a municipios de menor tamaño para dotarles de planes de descarbonización que se encuentren a la altura del desafío.

Por ello, el estudio urge a que, en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se incluyan indicadores y medidas clave para que los ayuntamientos reduzcan sus emisiones. Estas pueden ser aumentar el uso de energía fotovoltaica en zonas edificadas, medir el rendimiento de las zonas de bajas emisiones y zonas peatonalizadas, incrementar los espacios que actúan como sumideros de carbono y fomentar el uso de transporte público y bicicleta.

 

Coherencia política

 

El responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife, David Howell, considera que la coherencia política entre diferentes niveles de gobierno es "vital" para hacer frente a situaciones como esta. Igualmente, Howell explica que, para combatir el cambio climático, las comunidades autónomas deben "pisar el acelerador" de la acción y coordinación para dar con una única respuesta "conjunta y solidaria" con la que cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Según recuerda el informe, Baleares, Cataluña y Andalucía disponen de leyes de cambio climático aprobadas y en fase de desarrollo, algo con lo que no cuentan Asturias y Madrid. En el resto de comunidades, las leyes se encuentran en varias fases de elaboración o tramitación.

Por otro lado, respecto a planes o estrategias, apunta que mientras que Asturias, Cataluña, La Rioja y Madrid se encuentran en fase de estudios previos o tramitación, el resto de comunidades tiene documentos en vigor con vistas a 2030, menos País Vasco, Galicia y Navarra, que tienen planes con horizonte 2050.

La responsable del proyecto Unify en SEO/BirdLife, Ana Márquez, apunta que el papel de la acción climática de los municipios tiene una "incidencia directa y rápida" en el bienestar y la calidad de vida de las personas.

 

Opinión científica independiente

 

Además de la acción a escala autonómica y local, el estudio considera "fundamental" establecer objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos para 2030; conseguir que la opinión científica independiente pese más que aquellos intereses empresariales, financieros y políticos que ralentizan la acción climática; y hacer un buen uso de los fondos públicos.

De igual modo, pide asegurar que los sumideros naturales de carbono estén adecuadamente protegidos y mejorados y que el uso de la tierra urbana y rural, y que las políticas de zonificación favorezcan la reducción de emisiones y el ahorro de energía. También reclama impulsar el despliegue de renovables que respeten la biodiversidad y a las personas y garantizar una acción climática decisiva para la agricultura y para los sumideros naturales de carbono.