Los supervisores de bancos y seguros tienen ahora más en cuenta las cuestiones relacionadas con el clima que hace cuatro años. De hecho, las medidas de supervisión aumentaron un 18% y un 17% respectivamente en 2021 y 2024. Sin embargo, los esfuerzos para incluir los riesgos relacionados con la naturaleza (deforestación, gestión del agua, etc.) siguen siendo "insuficientes" y su integración en la política monetaria y las actividades de los bancos centrales son escasas.

Estas son las conclusiones a las que llega el informe Seguimiento de regulaciones financieras sostenibles y de actividades del banco central de 2024 del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) a través del que la ONG insta al sector regulador financiero a tomar medidas colectivas "urgentes" ante la creciente pérdida de naturaleza que puede desencadenar "puntos de inflexión" irreversibles, que provocarían "cambios bruscos e irreversibles" en el planeta, de acuerdo con el último Informe Planeta Vivo 2024 de WWF, publicado la semana pasada.

En este marco, la organización ha destacado que la supervisión del sector asegurador sobre la crisis climática va "sistemáticamente retrasada" con respecto a la bancaria. Por este lado, ha hablado de cómo la Unión Europea (UE), Singapur, Malasia, Hong Kong, Reino Unido y Brasil están imponiendo "estrictas normativas" y medidas de supervisión al sector financiero en lo que respecta a los riesgos relacionados con el clima.

A su vez, la ONG ha indicado que un número cada vez mayor de supervisores y reguladores están exigiendo a las instituciones financieras que divulguen sus objetivos climáticos y planes de transición. Además, supervisores financieros como el Banco Central Europeo (BCE) también están estableciendo plazos "estrictos" para que las instituciones financieras se alineen con sus expectativas de supervisión al respecto para finales de 2024.

 

Bancos centrales y política monetaria no integran riesgos climáticos

 

Por otra parte, WWF ha resaltado que los bancos centrales y la política monetaria aún no incorporan los riesgos climáticos y "mucho menos" los ambientales en la mayoría de las jurisdicciones. De hecho, ha recalcado que en lo relacionado con éstos últimos, la evaluación de este año concluye que siete de los diez países con mayor biodiversidad están rezagados en la supervisión bancaria de estos riesgos, y que los diez se están quedando cortos en la integración de estos en la supervisión del sector asegurador.

En líneas generales, los ecologistas estiman en siete billones de dólares (6.412.620.674.600 euros) las inversiones perjudiciales para el medio ambiente, como los pagos directos, los incentivos fiscales y las subvenciones que agravan la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. En cambio, señalan que los flujos financieros positivos para soluciones basadas en la naturaleza ascienden "tan solo" a 200.000 millones de dólares (183.217.733.560 euros).

A pesar de ello, han indicado que algunos bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, la Autoridad Monetaria de Singapur y el Banco de Eslovenia, han empezado a retirar progresivamente los activos perjudiciales de sus inversiones en empresas cuyas actividades económicas contribuyen significativamente a la crisis climática, incluidas las asociadas al carbón y a los combustibles fósiles.

 

Gestión y control de riesgos, requisitos adicionales de capital

 

En el documento, WWF ha aconsejado que los marcos reguladores adopten un enfoque de precaución e incorporen el riesgo relacionado con la naturaleza en todas las medidas de supervisión prudencial. En su opinión, éstas deben centrarse en la gestión y control de riesgos, en requisitos de capital adicionales para tener en cuenta estos riesgos y en modelos de pruebas de resistencia que incluyan los riesgos naturales y garantizar su resiliencia ante escenarios adversos.

Además, considera que es importante mejorar la información cualitativa y cuantitativa para que el sector financiero rinda cuentas. Para ello, la ONG aconseja mejorar la normativa sobre divulgación financiera para incluir los riesgos relacionados con la crisis de la naturaleza y adoptar marcos de mejores prácticas como los desarrollados por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés).

Por último, la organización sostiene que una parte crucial del mandato de los bancos centrales y los supervisores financieros es establecer objetivos climáticos y ambientales con una hoja de ruta o un plan de acción concretos y medibles que detallen cómo se alcanzarán estos objetivos. Dicha hoja de ruta debe dar prioridad a los hitos clave de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2019 y para revertir la pérdida de la naturaleza para 2030, así como limitar el calentamiento global a 1,5ºC y lograr la plena recuperación de la biodiversidad en 2050.

"Los próximos cinco años son cruciales para encaminar al mundo hacia una trayectoria sostenible. El coste de la inacción es demasiado alto y las consecuencias son impensables", ha advertido la responsable de SUSREG en WWF, Siti Kholifatul Rizkiah.

El informe estudia 52 jurisdicciones en América, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico que representan más del 89% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, el 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernaderos, y 13 de los 17 países con mayor biodiversidad.