La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha señalado este jueves que el gasto medioambiental de 96 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes solamente dedicó a gastos medioambientales el 1% del total de gastos de servicios públicos.

En una comparecencia en el Senado, en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, De la Fuente ha presentado el informe de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio: Cantabria, Castilla- La Mancha, Extremadura, la Rioja y la Región de Murcia, durante el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018.

El resultado de la fiscalización señala que solo el 44% de las entidades fiscalizadas realizó actuaciones de "inspección y control medioambiental" y se indica que no han utilizado adecuadamente los recursos puestos a su disposición por organizaciones internacionales. Así, el 39% de las 61 entidades que suscribieron los compromisos de la Agenda 21 Local de la Organización de las Naciones Unidas, "ni siquiera" realizaron un diagnóstico de su situación medioambiental y solo el 20% culminaron el procedimiento previsto.

El informe del Tribunal de Cuentas también destaca que el 31% de los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, no desarrollaron actuaciones de planificación de sus políticas de protección del medioambiente.

En general, las entidades no han optado por establecer sistemas de gestión medioambiental de la Unión Europea, lo que hubiese supuesto el reconocimiento oficial de su compromiso respecto al medio ambiente y permitido controlar sus actuaciones y certificado los proyectos. Solamente dos ayuntamientos, y para proyectos parciales, han acudido a estos instrumentos de planificación y culminado los procedimientos.

De la Fuente también ha detallado que el 41% de los ayuntamientos no disponían de unidades específicas dedicadas exclusivamente a la gestión medioambiental y en el 38% de estos no existía personal con competencias en la materia. Finalmente, ha afirmado que la disponibilidad de técnicos especialistas en medioambiente ha sido "insuficiente", incluso en aquellas entidades que disponían de unidades o departamentos específicos.