El cambio climático y la necesidad de proteger el planeta nos enfrentan a otras formas de dar respuesta a la justicia, en aspectos distintos de lo que se ha experimentado hasta ahora. La reciente condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Suiza por inacción climática abre un nuevo paso para la justicia climática.
La decisión evidencia que la sociedad civil (representada en este caso por la asociación Klimaseniorinne) puede cambiar el actual esquema de poder globalizado y reclamar el cumplimiento por los Estados de sus compromisos en la lucha contra el cambio climático.
Ya en 2022, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Secretaría de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, declaraba que el coste de la inacción es mucho mayor que el de la acción. Por primera vez, también lo reconoce el Tribunal Europeo: no actuar de forma adecuada contra el cambio climático incumple la Convención de Derechos Humanos.
Más litigios climáticos
La litigiosidad climática pone de manifiesto la necesidad y la concienciación de los ciudadanos de actuar contra el cambio climático y convierte la justicia en una herramienta para lograr el cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos internacionales, impulsando políticas legislativas más exigentes.
El último informe mundial sobre litigios climáticos de Naciones Unidas muestra el rápido aumento de los litigios climáticos en todo el mundo. En 2017, se presentaron 884 casos. El 1 de julio de 2020, el número de casos se había casi duplicado, con 1 550. En 2023, ya se alcanzaron 2 180 casos.
Otro aspecto significativo es el perfil de los demandantes. Ya no son sólo organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y partidos políticos, sino que se suman menores, ancianos, migrantes y pueblos indígenas, las poblaciones que más padecen las consecuencias climáticas. Además, se constata una tendencia a la expansión geográfica por todo el planeta, incluso en países del sur como India, Pakistán, Perú, Filipinas y Chile.
El informe del Foro Económico Mundial The Global Risks 2024, donde se identifican los mayores riesgos que percibe la población mundial, muestra el protagonismo de los riesgos climáticos. Principalmente, la preocupación mundial por el clima extremo.
Justicia climática nacional e internacional
En este contexto, se desprende la conveniencia y la necesidad de modernizar la justicia en materia ambiental y climática. Se trata de agilizar, economizar y posibilitar a la sociedad civil el acceso a la justicia ambiental para suplir la inactividad o ineficacia de la Administración y evitar o reparar el daño a los intereses colectivos de las generaciones actuales y de las futuras.
Sin embargo, la justicia internacional sigue siendo opcional, solo pueden ser parte los Estados y la competencia de la Corte Internacional de Justicia no es reconocida por todos los grandes Estados. Por ello, surgen las reflexiones y las voces que defienden la creación de una jurisdicción internacional especializada en temas ambientales y una organización mundial del medio ambiente.
Tampoco hay que olvidar la importancia para la justicia climática de las jurisdicciones nacionales. El juez nacional debe ser el primer garante del respeto por los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Un proceso difícil para los ciudadanos
En España, a pesar de la normativa existente y de los impactos ecológicos que se han sucedido en el país, el acceso a la justicia en materia de medio ambiente es, actualmente, un derecho limitado y poco ejercido.
Los costes legales son elevados para el ciudadano medio. Se trata de procedimientos con una exigencia de trabajo alta –complejidad de la legislación, dificultades en la recopilación de datos que requieren informes técnicos, pericias y pruebas de gran complejidad– que, unida a la prolongación del proceso, exige mucha constancia, esfuerzo y años de dedicación por parte del profesional del derecho.
Los mecanismos de defensa deben ser justos, inclusivos, de fácil acceso, acordes a la cultura del lugar y transparentes, y tener debidamente en cuenta la confidencialidad de los demandantes. Se deben adoptar medidas para detectar, afrontar y reducir el riesgo de represalias contra ellos.
El último informe de la ONG Global Witness, dedicada a denunciar los abusos de poder, la corrupción y los delitos contra el medio ambiente, expone los múltiples riesgos a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente en el planeta. En el 2022, 177 personas fueron asesinadas. Entre 2012 y 2022 el número asciende a 1 910 personas. Principalmente, en países de Latinoamérica, África, Filipinas e Indonesia. El informe resalta su importante labor en la lucha climática.
El objetivo debe ser proporcionar a la sociedad, a la población, los medios que le permitan ejercitar sus derechos cuando su entorno se destruye y se atenta contra su salud e integridad, facilitar una sociedad comprometida con la búsqueda de la justicia climática, que luche por el bien común y la equidad en el planeta.
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