En el documento final, aprobado tras dos días de negociaciones a puerta cerrada de la Conferencia sobre Comercio Ilegal de Vida Salvaje, los firmantes se comprometen a lograr la erradicación de productos ilegales del mercado, a fortalecer los esfuerzos de aplicación de las leyes, a asegurar que están en marcha marcos jurídicos y medidas disuasorias eficaces y a la promoción de medios de vida sostenibles, a través de un compromiso positivo con las comunidades locales, que permitan la protección efectiva de los ecosistemas y los conviertan en fuente de riqueza para las mismas.
El tráfico ilícito de fauna y flora silvestres genera más de 6.000 millones de euros al año
Entre las conclusiones de la conferencia, plasmadas en la declaración firmada por los jefes de Estado y de Gobierno, se incluye la prioridad de que se ponga freno a la caza furtiva de animales logrando que los gobiernos se den cuenta de la necesidad de considerarla como un delito grave. Asimismo, se considera fundamental investigar los vínculos del tráfico de especies con la corrupción y el crimen organizado. Y se exige tolerancia cero con estas prácticas.
Los 46 estados firmantes se comprometieron a intensificar la cooperación transfronteriza para combatir el comercio ilegal y la caza furtiva, que tiene una especial incidencia en África, donde se ceba en especies seriamente amenazadas como rinocerontes y elefantes debido a la fuerte demanda que se origina en Asia, donde numerosos productos procedentes de animales salvajes son considerados ingredientes imprescindibles de prácticas de medicina tradicional o de la más alta gastronomía.
Policías y guardas muertos
El importante volumen de negocio ha dado lugar al surgimiento de organizaciones criminales bien financiadas y equipadas, con frecuencia con medios muy superiores a los de los organismos policiales que deben combatirlas, que demasiado a menudo sufren bajas mortales en la lucha contra cazadores furtivos fuertemente armados.
En un documento adicional, los gobiernos de Botsuana, Chad, Gabón y Tanzania acordaron una moratoria de al menos 10 años en la prohibición del comercio de marfil, con el objetivo de seguir protegiendo con ello a los elefantes que viven en sus territorios.
El comercio internacional de marfil fue prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, en sus siglas en inglés) en 1989, pero algunos gobiernos habían obtenido permiso para vender los stocks de marfil acumulados con anterioridad a esa fecha.
La declaración final constata los vínculos con la corrupción y el crimen organizado
En 1999, el CITES permitió una venta de marfil almacenado desde Zimbabue, Botsuana y Namibia a Japón. Y en 2008 volvió a autorizar a Namibia, Botsuana, Sudáfrica y Zimbabue a exportar marfil acumulado en stocks a China y Japón. En esa ocasión fueron subastadas 100 toneladas de colmillos de elefante. Hace un año, la presión internacional logró que Tailandia, un eslabón clave de la cadena del tráfico ilícito, prohibiera el comercio de marfil.
Entre los países asistentes a la Conferencia de Londres se encontraban algunos de los más afectados por la caza furtiva de elefantes, como la República Democrática del Congo, Gabón, Kenia y Tanzania. También algunos de los identificados como principales puntos de paso del marfil en camino hacia sus mercados finales, como Togo, Filipinas y Malasia y, de manera significativa, China, el principal comprador mundial de marfil ilegal.
También estuvieron representados los países fundamentales en la cadena de comercio de cuernos de rinoceronte, como Sudáfrica, Mozambique y Vietnam, así como algunos de los más afectados por el comercio ilegal de partes de tigre, como Indonesia, Myanmar, Rusia y China.
Organizaciones como el WWF y Traffic, especialmente activas en la lucha contra el comercio ilegal de especies animales y vegetales, aplaudieron la Declaración de Londres por “reconocer la escala del problema y sus consecuencias económicas, sociales y ambientales perjudiciales, incluyendo el hecho de que la caza furtiva y el tráfico son controlados cada vez más por las redes criminales organizadas que socavan el estado de derecho y la buena gobernanza, fomentando la corrupción”.