Luchar contra el deterioro del medio ambiente siempre ha sido una tarea dura y complicada, desarrollada a menudo contra corriente. Pero en muchos lugares del mundo es también una misión peligrosa. Cada semana mueren por lo menos dos personas asesinadas por su defensa del futuro del planeta.

En 2014 fueron 116 activistas medioambientales los muertos a manos de quienes tienen poderosos intereses privados vinculados con la destrucción del entorno natural o la biodiversidad, según el último informe al respecto de la organización Global Witness. La cifra representa un 20% de aumento respecto a la del año anterior. Y casi duplica la de periodistas asesinados en todo el globo durante el mismo periodo. 

La cifra supone un 20% respecto a 2013 y duplica la de periodistas muertos

Las tres cuartas partes de las víctimas cayeron en países de América Central y del Sur. El continente americano se revela así como el más peligroso para los militantes ecologistas activos.

Un 40% de los fallecidos eran integrantes de pueblos indígenas cuyas tierras y modos de vida ancestrales son amenazados por proyectos de centrales hidroeléctricas, gigantescas minas o la tala de bosques para el cultivo de productos agrícolas industriales o la ganadería extensiva destinada a la exportación de carne.

Sin embargo, ésta es solamente la cifra de los casos de activistas asesinados debidamente documentados y registrados. Sin ninguna duda, la cifra real de muertes es mucho mayor. Muchos de ellos residen en parajes remotos, en montañas aisladas o en profundas selvas, y las noticias sobre estos crímenes no llegan a los grandes medios de comunicación.

El informe How many more? (¿Cuántos más?), publicado el mes pasado, señala a Honduras como el país más peligroso para los defensores de la naturaleza o el desarrollo sostenible. Entre 2010 y 2014, la pequeña república centroamericana (de 113.000 kilómetros cuadrados y apenas 8,7 millones de habitantes) fue la tumba de nada menos que 101 activistas medioambientales. Se trata de la ratio más elevada del mundo per cápita.

Tras el continente americano aparece el Asia Suroriental como la región del planeta menos propicia para emprender campañas que luchen contra el deterioro del globo. Por el contrario, hay escasos casos denunciados en África, China, Asia Central o del Sur y el Oriente Medio. No parece que se deba a que los defensores del medio ambiente sufren menos agresiones en esas zonas, sino a que hay un escaso control de éstas por parte de la sociedad civil y a la dificultad para informar de ellas debido a la falta de medios y a la censura.

 

Proyectos hidroeléctricos

 

Las cifras de 2014 situaron a Brasil al frente del ranking de la violencia contra los activistas. En el gigante sudamericano mataron el año pasado a 29. Le sigue en la tenebrosa lista Colombia, con 25 muertes. Filipinas, con 15, y Honduras, con 12, ocupan los siguientes puestos de la cruel clasificación.

La relación prosigue con Perú, con nueve muertes; Guatemala, con cinco; Tailandia, con cuatro; Paraguay y México con tres; Indonesia, Uganda y Myanmar (antigua Birmania) con dos; y Ecuador, India, Costa Rica, Camboya y Sudáfrica con un/a militante ecologista asesinado/a.

Los proyectos hidroeléctricos se revelaron como los más peligrosos para quienes deciden enfrentarse pacíficamente a ellos. Les siguen las disputas por la propiedad o el uso de la tierra. En los casos documentados en el informe de Global Witness se constata que en la mayoría de los casos es muy difícil establecer la autoría de los asesinatos. A menudo no se conoce a los asesinos, y si se les conoce impera una ley del silencio dictada por el terror o una censura de las autoridades.

Pero en los casos en los que se ha podido identificar a los responsables, la organización sin ánimo de lucro ha podido señalar en 10 crímenes a grupos paramilitares, en ocho a las fuerzas policiales, en cinco a guardias privados de seguridad a sueldo de particulares o empresas y en tres a militares.

América Central y del Sur concentran la mayor parte de los casos documentados

El informe pone como ejemplo emblemático el caso de Berta Cáceres, una activista por el medio hondureña que se enfrenta al proyecto Agua Zarca, una presa sobre el río Gualcarque destinada a la producción hidroeléctrica que dejaría sin acceso al elemento vital a las comunidades de indígenas lencas de la zona.

Desde 2013, tres de sus compañeros de lucha pacífica han sido asesinados, y ella misma ha sido objeto de acusaciones falsas delante de la justicia. Como consecuencia del acoso que sufre, dos de sus hijos han abandonado el país por razones de seguridad.

"Me siguen. Amenazan con matarme, con secuestrarme, con agredir a mi familia. Eso es a lo que nos enfrentamos”, declara Berta Cáceres, que ganó el Premio Ambiental Goldman 2015 para América Central y del Sur. 

“Mientras el mundo vuelve su atención hacia las más trascendentales conversaciones sobre el clima en muchos años –la Conferencia del Clima 2015 en París, llamada a alcanzar un acuerdo global sobre emisiones de carbono– ¿Cuántos más? pone de manifiesto una grave paradoja en las negociaciones. La gente que se halla en primera línea de la batalla por proteger nuestro medio ambiente está siendo asesinada”, señala el informe.

“El secretismo sobre los acuerdos alrededor de los recursos naturales alimenta la violencia y debe terminar”, reclama la organización a gobiernos y empresas. Respecto a los primeros, constata con preocupación que "se ha observado una tendencia alarmante por la que algunos gobiernos han usado legislación antiterrorista en contra de activistas, describiéndoles como enemigos del estado". Los enemigos del planeta llaman a quienes les plantan cara enemigos del estado.