El pueblo lenca y los defensores de la naturaleza lloran la muerte de Berta Cáceres. La activista medioambiental, de 45 años, fue asesinada a tiros el pasado jueves por dos individuos en su propia casa de la ciudad de La Esperanza, a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital, Tegucigalpa.

Mientras que las autoridades policiales afirman no tener claro el móvil del asesinato y apuntan a un posible robo con violencia, los compañeros y familiares de la fallecida no tienen la menor duda: vinculan su muerte con su defensa incansable del medio ambiente, los derechos de la comunidad lenca y los movimientos campesinos de base. “Todos sabemos que fue por su lucha”, denunciaba su madre, Berta Flores, a medios de comunicación locales.

Su labor fue reconocida a finales de abril de 2015 con el Premio Ambiental Goldman 

En el momento del crimen, Cáceres estaba acompañada por el activista mexicano Gustavo Castro, testigo principal del suceso en el que resultó herido. Las autoridades hondureñas impidieron ayer su salida del país con el fin de que pueda "brindar declaración ante las autoridades competentes", informa el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano. Según su familia, Castro ya ha declarado de forma voluntaria durante tres días.

Actualmente, se encuentra protegido por la embajada de México en Tegucigalpa. La ONG Otros Mundos Chiapas, de la que es director, y su familia han iniciado una campaña de llamamiento internacional para que se autorice su salida de Honduras, ya que temen por su "vida e integridad".

Berta Cáceres cofundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) para hacer frente a las crecientes amenazas del supuesto desarrollo para las comunidades lencas, proteger sus derechos territoriales y mejorar sus medios de vida.

Desde 2006 se opuso fervientemente al proyecto Agua Zarca, una presa sobre el río Gualcarque destinada a la producción hidroeléctrica que dejaría sin acceso al recurso vital, que les garantiza la soberanía alimentaria, a las comunidades indígenas lencas de la zona. El proyecto fue impulsado sin consultar a la población local, vulnerando los tratados internacionales que rigen los derechos de los pueblos indígenas.

Con su persistente, comprometida y siempre pacífica lucha consiguió, junto con su pueblo, echar de los territorios de la comunidad del río Blanco a la mayor empresa constructora de represas del mundo, Sinohydro, propiedad del gobierno chino, que había sido subcontratada por la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos S.A.). Entre los financiadores de la presa se encontraba la Corporación Financiera Internacional (IFC), vinculada con el Banco Mundial.

Su labor fue reconocida a finales de abril del pasado año con el Premio Ambiental Goldman 2015 para América Central y del Sur, un galardón conocido como el Premio Nobel del Medio Ambiente. "Ella era una heroína del medio ambiente sin miedo. Ella entendió los riesgos de su trabajo, pero siguió al frente de su comunidad con increíble fuerza y convicción”, ha afirmado el presidente la Fundación Goldman, John Goldman, tras conocer el asesinato de Cáceres.

El país más peligroso

Desde 2013, cuatro de sus compañeros de lucha pacífica han sido asesinados, y ella misma había sido objeto de amenazas y de acusaciones falsas ante la justicia. Como consecuencia del acoso que sufría, sus hijos tuvieron que abandonar el país por razones de seguridad. "Me siguen. Amenazan con matarme, con secuestrarme, con agredir a mi familia. Eso es a lo que nos enfrentamos”, declaraba la activista, quien a pesar de saber a lo que se enfrentaba, nunca tiró la toalla.

Tras sus denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en 2009 medidas cautelares para protegerla. “De hecho, no recibía protección del estado por la presión de las autoridades que defienden a la mineras y empresas hidroeléctricas”, explica Flores. Según la versión oficial, en el momento del crimen, Cáceres se encontraba en una vivienda distinta a la que había comunicado a la policía, y de ahí que los agentes no hubieran podido evitar el asesinato.

Honduras es el país más peligroso para los defensores de la naturaleza o el desarrollo sostenible, según el informe How many more? (¿Cuántos más?), publicado por la organización Global Witness. Entre 2010 y 2014, la pequeña república centroamericana (de 113.000 kilómetros cuadrados y apenas 8,7 millones de habitantes) fue la tumba de nada menos que 101 activistas medioambientales. Se trata de la ratio per cápita más elevada del mundo.

La tensión por la construcción de la represa ha aumentado en los últimos días

El mismo trabajo revela que en 2014 fueron 116 los activistas medioambientales muertos a manos de quienes tienen poderosos intereses privados vinculados con la destrucción del entorno natural o la biodiversidad, un 20% de aumento respecto a la cifra del año anterior. Las tres cuartas partes de las víctimas cayeron en países de América Central y del Sur. Y un 40% eran miembros de pueblos indígenas, cuyas tierras y modos de vida ancestrales son amenazados por proyectos de centrales hidroeléctricas, gigantescas minas o la tala de bosques para el cultivo de productos agrícolas industriales o la ganadería extensiva destinada a la exportación de carne.

Son precisamente los proyectos hidroeléctricos como el de Agua Zarca los más peligrosos para quienes deciden enfrentarse pacíficamente a ellos. Y el gobierno de Honduras, desde el golpe de estado del 28 de junio de 2009, ha impulsado la construcción de centenares de presas por todo el país para satisfacer el aumento de energía barata para la industria minera –casi el 30% de la superficie del territorio está sujeto a concesiones mineras–.

Aunque el pueblo lenca consiguió paralizar la construcción de la presa en el río Gualcarque, la concesión del gobierno a DESA sigue vigente. Ahora, el proyecto ha vuelto a reactivarse y la población local lleva meses manifestándose y resistiendo pacíficamente ante los abusos constantes de los poderosos. En las últimas semanas, la tensión ha ido aumentando: el pasado 20 de febrero en una manifestación en Río Blanco, los participantes se enfrentaron al ejército, la policía, el alcalde de la localidad y los empleados de la empresa constructora. Varios fueron detenidos y otros amenazados, según denuncia COPINH.

"Ella construyó una increíble comunidad de activistas en Honduras, que continuarán con la campaña por la que ella luchó y murió”, asegura Goldman. Con su ejemplo y con su sacrificio, Cáceres seguirá dando fuerza a su pueblo y a todos los defensores de la naturaleza.