Y eso es precisamente lo que debe fijar la llamada COP 21 (21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático) que tendrá lugar en París (Francia) dentro justamente de un año. Pero la COP20 de la capital peruana, pese a los “grandes logros” a los que se refieren las grandilocuentes declaraciones oficiales, sólo consiguió que los 194 países presentes se comprometieran –de forma no vinculante, como siempre– a presentar durante 2015 las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que estarían dispuestos a acometer.
Por primera vez, los 194 países aceptan proponer recortes de emisiones
Y llegar a tan poco costó mucho. Como casi siempre, el acuerdo dirigido a salvar la cara a la conferencia se firmó en el periodo de descuento, a la una de la madrugada del pasado domingo, tras conceder 25 horas de prórroga al plazo inicial de 14 días de la conferencia. Y, una vez más, los países en desarrollo reclamaron a los industrializados ayudas financieras destinadas "a prever y movilizar soporte financiero para acciones ambiciosas de mitigación y adaptación" para las naciones que ya sufren los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y la subida del nivel del mar.
Estos fondos de compensación ya se habían establecido en la anterior cumbre de Varsovia (2013), donde se acordó que en París 2015 debía lograrse un acuerdo “global y vinculante” que un año después todavía ni se atisba. Se fijó la cifra de 100.000 millones de dólares (80.000 millones de euros). Hasta el momento, sólo se han recaudado 10.000 millones (8.000 millones de euros).
Los que prefieren ver el vaso medio lleno destacan que es la primera vez que todos los países firmantes de la convención, y no sólo los desarrollados, aceptan formalmente plantearse afrontar reducciones. Pero la cuantía de las mismas seguirá siendo, como hasta ahora, voluntaria, a la carta y, por tanto, sujeta a toda clase de polémicas entre los que creen que se les pide demasiado esfuerzo y los que opinan lo contrario en defensa de sus propios intereses. La "hoja de ruta" hacia el nuevo acuerdo pacto global solicitada en Varsovia sigue sin definir. Y París no puede cerrarse con un nuevo fracaso. Ahora ya no hay más margen de error.
Vacío legal
En primer lugar, porque el ya obsoleto Protocolo de Kioto, el único acuerdo vinculante conseguido hasta ahora en este campo, que obligaba a los países desarrollados a lograr una reducción del 5,2% de las emisiones globales para 2012 (respecto a las de 1990), con cuotas distintas para cada uno según su volumen contaminador, que fue boicoteado por los dos principales emisores, China y Estados Unidos, y que muchos otros firmantes no han cumplido escrupulosamente, expira en 2020. A partir de esa fecha, si no cambian mucho las cosas en el próximo año y París alcanza un éxito inesperado, se abre un abismo ante la humanidad. Ante el vacío legal, ya nadie estaría obligado a limitar sus emisiones.
Pero, lo que es todavía más apremiante: el relativo fracaso de Lima se produce un mes después de que los 800 científicos del Panel Intergubernamental de Científicos de la ONU sobre Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés), ratificaran en su Quinto Informe de Evaluación, basado en los datos de la última década, y ya sin dejar el menor resquicio a la duda, que el actual calentamiento global es el más rápido y acelerado cambio de clima sufrido por la Tierra en milenios (y todos han causado extinciones masivas). Y que es causado, o por lo menos enormemente acelerado, por las actividades humanas.
Sólo se han aportado 10.000 de los 100.000 millones de dólares para los afectados
Y lo que la ciencia pide a los políticos parece muy lejos de lo que estos parecen haber demostrado entender en Lima: que, para evitar las consecuencias “peligrosas e irreversibles” de un aumento medio de las temperaturas del planeta en dos grados (ya se han alcanzado las siete décimas), será imprescindible reducir las emisiones para 2100 a “cero”.
"Con este informe en las manos, la ignorancia ya no puede ser un argumento para justificar la inacción", exhortó a los dirigentes políticos mundiales el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Michel Jarraud. “No hay un plan B, porque no tenemos un planeta B”, manifestó Rajendra Pachauri, presidente del panel internacional. “La ciencia ha hablado. No hay ambigüedad. Los políticos deben actuar”, remachó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la presentación del estudio.
Sus llamamientos a la acción parecen haberse estrellado de nuevo contra el muro de los intereses económicos. El camino hacia el nuevo acuerdo “global y vinculante” a firmar en París dentro de un año sigue sin estar ni remotamente definido. Y el limitado y ya más que superado Protocolo de Kioto agota su vigencia. La clase dirigente política y económica mundial sigue fijando su mirada en el corto plazo, opta por seguir exprimiendo los últimos dividendos económicos de un modelo que nos lleva al desastre ambiental. Lo demuestra la apuesta del Gobierno español por el fracking y las prospecciones petrolíferas en Canarias. Aunque no haya un planeta B.