Como no podía ser de otro modo, la simbólica sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que cerró el proceso judicial por el vertido del Prestige, la mayor catástrofe ambiental de la historia de España, 11 años después del hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas, no satisfizo a nadie. Por primera vez en el mundo, no se establecen responsabilidades penales por una marea negra. Y ya se han anunciado los esperados recursos que llevarán el caso hasta el Tribunal Supremo.

La misma administración, que tan bien parada salió en un fallo que no le atribuyó culpa alguna por haber ordenado alejarse del litoral al navío sin examinar antes el casco, una medida que empeoraría enormemente las consecuencias del vertido, presentó ayer miércoles un recurso en casación. Expertos en derecho ambiental y penal consultados por Greenpeace consideran que el Gobierno incurrió en responsabilidades penales y políticas.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya había anunciado esta semana que el Gobierno reclamaría en su alegación que se depuren las posibles “responsabilidades civiles” tanto de la naviera del barco como de la aseguradora con el objetivo de lograr que abonen los millonarios costes causados por la contaminación del litoral atlántico entre la desembocadura del Miño y las costas francesas.

El Gobierno quiere exigir indemnizaciones al armador y la aseguradora

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, expresó su confianza en que el Tribunal Supremo pueda determinar que existió “un delito ecológico con consecuencias devastadoras” que, según las estimaciones de la fiscalía, causó daños económicos y ambientales; y costes de limpieza y descontaminación por valor de 4.338 millones de euros.

El ejecutivo, sin embargo, no echa en falta ninguna clase de responsabilidad penal y respiró tranquilo cuando el fallo exculpó de todo posible delito al Estado, representado entre los imputados por el director general de la Marina Mercante, por las decisiones adoptadas en 2002, cuando también gobernaba el PP, con algunos de los actuales cargos del Ejecutivo, entre ellos el mismo Mariano Rajoy, en el Gobierno de entonces.

La orden del Gobierno de impedir la entrada del barco, de 243 metros de eslora, en algún puerto o ensenada, y obligarlo a alejarse mar adentro cuando el vertido era todavía controlable, lo dejó a merced del temporal, que lo acabó partiendo por la mitad y echándolo a pique a 250 kilómetros de la costa, lo que hizo que perdiera mucho mayor volumen del crudo embarcado.

El naufragio del petrolero –con matrícula de conveniencia liberiana pero bandera de Bahamas, operado por una empresa griega y con un cargamento de propiedad suiza– en noviembre de 2002 causó la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España debido al vertido de más de 67.000 toneladas de fuel que anegaron del famoso chapapote las costas de Galicia pero también afectaron a más de 1.700 kilómetros de litoral atlántico hasta el Canal de la Mancha y tuvieron que ser limpiados durante meses por decenas de miles de voluntarios llegados de toda España.

La sentencia, conocida la semana pasada, sólo condenó a nueve meses de prisión al capitán del barco, Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia a la orden de alejarse de la costa. Sin embargo, lo exculpó de los daños de la marea negra, igual que a los otros dos acusados, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.

La Xunta de Galicia, la administración autonómica del territorio más afectado por el vertido, también gobernada por el PP, está estudiando igualmente la posible presentación de recurso para reclamar indemnizaciones al armador y las compañías de seguros.

Desconfianza en la justicia

Por motivos bastante diferentes, también recurrirá la Plataforma Nunca Máis (Nunca más, en gallego), que canalizó la indignación de la sociedad gallega y española en aquellos instantes y que sigue activa una década más tarde. “Estamos ante una sentencia absolutoria sin precedentes en el mundo, claramente política, que oculta las responsabilidades del Gobierno”, manifestó su portavoz, Xaquín Rubido, al anunciar su recurso.

Además de recurrir ante el Supremo, que podría no admitir a trámite el recurso, o desestimarlo posteriormente, y debido a su “desconfianza en la justicia española”, Nunca Máis expresó su intención de agotar todas las vías judiciales hasta llegar si es necesario al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo (Francia).

Para hacer frente a los previsiblemente elevados costes de estas acciones judiciales, la plataforma, que reunió en manifestaciones a miles de personas en las principales ciudades gallegas el pasado viernes, apelará a la “solidaridad del pueblo” e iniciará un proceso de recaudación a través de un sistema “absolutamente transparente” del que informará a través de su web www.plataformanuncamais.org y de su cuenta en Facebook, que la semana pasada recibió medio millón de seguidores en apenas 48 horas.

De la misma forma, la asociación ecologista Arco Iris anunció su recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Prestige. Según sus portavoces, de las 55 partes personadas en su día en el proceso, ésta sería "única que aún quedaría activa hasta el final del mismo" si el Tribunal Supremo acepta tramitar el recurso.

Afectados franceses demandarán a España por la ineptitud del servicio público

Y también los afectados franceses por el Prestige se movilizan, pero en este caso para demandar al estado español. En un comunicado, las administraciones regionales, provinciales y municipales de la zona del país contaminada en 2002 afirman que la sentencia “consagra el permiso para contaminar al dar impunidad total a armadores, fletadores, compañías petroleras, barcos con bandera de conveniencia y aseguradoras”.

La iniciativa será suscrita por los consejos regionales de Bretaña y Aquitania, los departamentos (administraciones provinciales) del litoral oeste francés y una treintena de ayuntamientos que se muestran “indignados” por un fallo que, por primera vez en el mundo, no establece responsabilidades penales por una catástrofe de este tipo.

Los demandantes piensan reactivar un recurso administrativo planteado hace una década ante la Audiencia Nacional por parte del sindicato de protección del litoral de Las Landas, un organismo público nacido a raíz del desastre del Prestige que agrupa a 17 ayuntamientos y al mismo departamento landés.

“Lo presentamos al día siguiente de llegar fuel a nuestras costas por precaución, para poder actuar en caso de que se dictaminase que no había delito penal, como hace ahora la sentencia”, explica el abogado del organismo, Renaud Lahitète.

Se tratará una demanda contra el estado español “por mal funcionamiento del servicio público” al considerar que las autoridades cometieron “una falta” al decidir alejar mar adentro el petrolero sin tan siquiera examinar, como lo exigen las normas españolas, el estado del mismo.