Colonos, madereros y ganaderos ilegales han empezado a ser expulsados de la selva amazónica brasileña donde habitan los awás, considerados la tribu indígena más amenazada del planeta. Finalizado el plazo que las autoridades les dieron para que abandonaran el territorio de forma voluntaria, que expiró el pasado 24 de febrero, al que se acogieron un puñado de ellos, las fuerzas de seguridad procederán a desalojar a los invasores de manera forzada.
Por orden del juez Carlos Madeira, el Gobierno brasileño ha repartido 427 avisos de desalojo a todos los no indígenas que se han instalado en la zona. La operación, que debe completarse antes del próximo 9 de marzo, implica a varios ministerios, al departamento de asuntos indígenas brasileño (Fundación Nacional del Indio, FUNAI), al ejército, a la policía federal y al despacho de la Presidencia, que en conjunto tienen desplegado en el terreno un contingente de unos 200 funcionarios, agentes y soldados.
Unos 200 funcionarios y policías ejecutarán el traslado forzoso de 427 personas
La expulsión de madereros, ganaderos y otros intrusos que tratan de explotar ilegalmente el territorio de los awás, demarcado oficialmente en 2003 tras diversas acciones de presión internacional, pero vulnerado repetidamente por los colonos blancos, es el resultado de una intensa campaña de denuncia impulsada desde 2012 por la ONG Survival International, con sede en Londres.
Como consecuencia de la misma, el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, ha recibido más de 56.000 mensajes solicitando que actuara en defensa de la comunidad nativa. El mismo juez Madeira dijo haber recibido más de 10.000 cartas de todo el mundo instándole a tomar medidas.
Según establece la legislación brasileña, una vez se restituyan sus tierras a los indígenas, se establecerán mecanismos de protección para que nada les impida su uso exclusivo. En el inmenso país habitan 896.000 personas que se consideran indígenas, y el 57,5% habitan en tierras que les reconoce como propias el Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), tomó cartas en el asunto y exigió explicaciones a Brasil sobre su trato a los awás, a instancias de Survival y de la ONG brasileña CIMI (Consejo Indigenista Misionero), que lleva décadas de trabajo con los awás y que ha denunciado cómo los tractores y la maquinaria pesada de los madereros había pasado por encima de varios poblados indígenas arrasando todo lo que encontraron a su paso.
Peligro de contagios
Las fotografías de la situación de los awás tomadas por el fotógrafo Sebastião Salgado, uno de los fotorreporteros más célebres del mundo, contribuyeron a avivar la reacción internacional. Más de una tercera parte de la selva de uno de los territorios awás ha sido totalmente destruida, y se teme por la suerte de algunos grupos no contactados de esta etnia, es decir, sin relación alguna todavía con el hombre blanco, en cuyas zonas han penetrado madereros fuertemente armados.
En junio de 2013, el ejército brasileño puso en marcha una operación contra la tala ilegal en las tierras de los awás. Se cerraron, al menos, ocho aserraderos y se confiscaron y destruyeron otras tantas grandes máquinas, pero no se expulsó a los madereros y ganaderos asentados en la zona, en el estado de Marañón, al nordeste del país sudamericano.
Los awás son uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores nómadas puros que quedan en el planeta. Su población contactada es de unos 360 individuos, que viven en cuatro comunidades, y la no contactada, gravemente expuesta al peligro de contagios de enfermedades, se estima en menos de un centenar.
Los apenas 400 awás han visto destruido un 30% de las tierras que les pertenecen
Cazan en la selva con arcos de hasta dos metros de longitud y recolectan frutos, raíces, peces y otros pequeños animales. “Cuando mis hijos tienen hambre, tan solo tengo que internarme en la selva y les encuentro comida”, explica uno de ellos, Pecarí Awá. La presencia de los invasores en sus tierras pone en serio peligro su supervivencia, tanto por la destrucción del ecosistema que les da sustento como por la introducción de agentes patógenos contra los que carecen de defensas. Y, en ocasiones, por las agresiones directas de los colonos.
“Todos los animales han huido asustados […]. Hay madereros por todas partes. Están talando los árboles y no podemos cazar […]. Hemos estado contando a la gente que los madereros están aquí, y que sus motosierras, maquinaria y camiones están gritando”, explica Pire’i Ma’a, otro hombre awá, en un video distribuido por Survival.
Otra de las causas del peligro en que se halla la etnia es la explotación de la mina de Carajás, a unos 600 kilómetros al oeste del territorio awá, donde se calcula que hay siete mil millones de toneladas de mineral de hierro, que la convertirían en la mina de hierro más grande del planeta.
Trenes de más de dos kilómetros de longitud, que se cuentan entre los más largos del mundo, viajan día y noche entre la mina y el océano Atlántico. A su paso circulan a tan sólo algunos metros de distancia de la selva en la que aún viven los últimos awás no contactados.
Cuando se construyeron los 900 kilómetros de esta vía ferroviaria, hace tres décadas, las autoridades decidieron contactar y sedentarizar a muchos awás a través de cuyas tierras pasaba el tren. La malaria y la gripe transmitidas por los forasteros se cebaron en ellos y causaron la muerte de 66 de las 91 personas que conformaban una comunidad en apenas cuatro años.