Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han exigido la "retirada inmediata" y han mostrado su "más rotundo rechazo" al documento de bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y gestión del lobo en España planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Piden un nuevo borrador en el que se recoja un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y las posibles medidas para facilitar la coexistencia con la ganadería, el control poblacional y las compensaciones frente a los daños.
Las tres organizaciones han presentado una serie de alegaciones al borrador, en el denuncian la nula participación de los colectivos ganaderos, que son los principales afectados por las poblaciones de lobos, en los foros, comités técnicos de seguimiento y consultas para la implementación de estas medidas que van dirigidas y afectan al medio rural.
Solo persigue la expansión del lobo
Entre los principales motivos de rechazo al documento alegan que estas bases en sí mismas suponen ya una estrategia que solo persigue la expansión del lobo por la geografía española y su conexión con lobos de Francia e Italia, sin tener en cuenta las consecuencias económicas, sociales y medioambientales para los ganaderos y la población del medio rural.
Además, rechazan que el ministerio de Teresa Ribera olvide que la ganadería extensiva ha constituido tradicionalmente una actividad esencial para el mantenimiento del medio ambiente y de forma especial en las áreas de montaña. Además de ser generadora de empleo y riqueza, la ganadería extensiva y el mantenimiento de razas autóctonas ha resultado fundamental en la gestión de los recursos y la ordenación del territorio.
"Por otro lado, rechazamos una valoración tan sesgada del conflicto que conlleva la coexistencia con el lobo, criminalizando la actuación del sector ganadero y sin reconocer que la problemática viene dada por la expansión geográfica del lobo y su exponencial incremento poblacional".
Así, señalan que esta situación deriva en un incremento del número de ataques en las explotaciones ganaderas, sin que la Administración competente establezca medidas dirigidas a conseguir
una rápida compensación y un inmediato control poblacional.
"Está claro que los daños y secuelas que quedan en una explotación ganadera tras sufrir un ataque de lobo no han sido contemplados y vuelve a ser el sector ganadero el que debe cargar con un determinado nivel de daños. No se menciona en ninguna parte el compromiso de la viabilidad
económica de las explotaciones", señalan los máximos responsables de UPA, COAG y Asaja.
Se mantienen las movilizaciones
De esta forma, las organizaciones agrarias han señalado que se mantiene el proceso de movilizaciones en las regiones más afectadas.
Según estas organizaciones, en la actualidad, el lobo ibérico es una especie en expansión en España, cuyo número no ha dejado de crecer en las últimas cuatro décadas y sus poblaciones en el noroeste peninsular son las de mayor densidad de toda Europa occidental.
Las OPAs han indicado que esta abundancia, unido a la presencia de explotaciones de ganado extensivo en las zonas rurales, está generando un conflicto, que se ve agravado con medidas como las que pretende adoptar el Ministerio para la Transición Ecológica.
"Los ganaderos no entendemos que el 'Canis lupus' precise una protección especial, como no lo hace en los países de nuestro entorno donde las medidas de control son más rigurosas", afirman.