El tráfico ilegal de especies animales y vegetales está considerado el tercero más lucrativo del mundo, después de los de drogas y armas. Según estimaciones policiales, podría mover alrededor de 8.000 millones de euros al año, aunque organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) elevaban la cifra hasta los 130.000 millones en la década pasada.

Prueba de la extensión de esta actividad delictiva es la operación desplegada en los últimos meses por cuerpos de policía de 32 países coordinados por la Interpol en la que han sido detenidas 4.000 personas y se han confiscado 8.700 ejemplares (2.200 de ellos de aves, pero también mamíferos, reptiles e insectos) y abundante material empleado para la captura de los mismos, así como numerosas armas y municiones.

La operación, bautizada como Cage (jaula, en inglés) se inició el pasado mes de abril y se prolongó hasta junio, según informó la Interpol, que no descarta nuevas detenciones en los próximos días, dado que la investigación sigue abierta en algunos países. La policía española no tomó parte en la acción coordinada, y sólo se registró un ciudadano español entre los detenidos, un aspirante a comprador no involucrado en la trama.

Entre otros países, la operación, centrada especialmente en la lucha contra la venta ilegal de aves, se desarrolló en Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, El Salvador, Francia, Alemania, Guatemala, Hungría, Italia, México, Portugal, Rusia, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela. Las fuerzas de seguridad vigilaron y registraron puertos, aeropuertos, oficinas de correos, mercados, tiendas de mascotas y talleres de taxidermistas para disecar los animales de dichos países.

Entre las especies de aves recuperadas se incluyen azores, halcones peregrinos, cernícalos vulgares y papagayos. Se recuperaron también colmillos de marfil, tortugas, peces y otros animales que, cuando sea posible, se intentará que sean reintroducidos en la naturaleza o al menos acogidos en zoológicos o instituciones protectoras, explicó el responsable de la Unidad de Delitos contra la Vida Silvestre del Reino Unido, Nevin Hunter.

Según el WWF, la mayor organización conservacionista del mundo, el comercio ilegal mueve cada año más 100 millones de toneladas de pescado, 1,5 millones de pájaros vivos o 440.000 toneladas de plantas medicinales en todo el mundo. Además de la destrucción de los hábitats y poblaciones originales, este comercio conlleva el peligro para el medio ambiente de los países receptores de la introducción de especies invasoras.

Desde 1975, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, en sus siglas en inglés) lucha contra este tráfico. Fue firmado en Washington el 3 de marzo de 1973 por 21 países y entró en vigor dos años más tarde.

Actualmente, 175 países suscriben un acuerdo que establece una red mundial de controles del comercio internacional de especies y sus productos, para el que se exigen sin excepciones permisos oficiales. La protección se extiende a los animales y plantas, vivos o muertos, pero también a sus partes, sus derivados o los productos que los contengan: pieles, marfiles, caparazones, instrumentos musicales, semillas, extractos para perfumería, etc., elaborados a partir de especies incluidas en el convenio.