La provincia castellana de Ávila es el escenario de una batalla decisiva para el lobo ibérico (Canis lupus signatus), una subespecie endémica de la península clasificada como vulnerable o casi amenazada de la que apenas quedan unos 2.000 ejemplares en España, agrupados en unas 250 manadas, la mayoría de ellos en la cornisa cantábrica, y entre 300 y 400 animales más en Portugal. Mientras las instituciones abulenses apoyan la pretensión de los ganaderos de erradicar al cánido, los ecologistas han planteado batallas legales y han reunido decenas de miles de firmas en toda España en contra de dicha posibilidad.

A finales de enero, la Diputación de Ávila aprobaba en pleno, con los votos a favor de PP y PSOE, el voto en contra de IU y la abstención de UpyD, una resolución favorable a declarar el territorio de la provincia zona libre de lobos como, de hecho, ya había venido siendo desde hace cinco décadas, cuando la especie, perseguida con saña durante siglos, desapareció de esas tierras. Sin embargo, durante los últimos años, el cánido ha vuelto a cruzar el Duero y su llegada ha pillado desprevenidos a los propietarios de rebaños vacunos y ovinos, que han recibido sus ataques desprovistos de defensa alguna.

Con la resolución, el organismo provincial expresó su apoyo a las reivindicaciones de la alianza de los sindicatos agrarios UPA y COAG en favor de la eliminación, si es preciso violenta, del depredador, concretadas en la campaña Ávila libre de lobos. Los datos oficiales de la Junta de Castilla y León registran 746 ataques en 2012, con 1.930 animales muertos e indemnizaciones a pagar por valor de 350.000 euros. Según los ganaderos, los lobos les causaron el año pasado pérdidas por valor de 1,8 millones de euros.

El texto aprobado por el organismo provincial fue remitido a todos los municipios abulenses para que sus plenos expresen su adhesión y ha sido apoyado ya por cerca de un centenar de consistorios e instituciones locales, según informan UPA-COAG. La fiscalía de Medio Ambiente abrió diligencias y solicitó información detallada sobre el documento después de que Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico denunciaran la declaración ante la Defensora del Pueblo y la Comisión Europea.

La Junta de Castilla y León atribuyó al cánido 746 ataques y 1.930 reses muertas el año pasado

A iniciativa de la plataforma Lobo Marley –que adoptó el nombre de un ejemplar con un collar de control aparecido muerto en agosto pasado en el Parque Nacional de los Picos de Europa–, la red virtual de activismo social Change.org reunió a lo largo de los últimos meses 145.000 firmas que se entregaron hace unos días en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en Madrid, y en la sede de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

Lobo Marley –que lidera el popular naturalista Luis Miguel Domínguez– quiere llevar 200.000 firmas al Parlamento Europeo, puesto que la batalla entre ganaderos y ecologistas se ve marcada por la directiva europea 92/43/CEE, que considera al lobo ibérico una especie a proteger al sur del Duero.

Al norte del río, las batidas para limitar su número son legales (y frecuentes en Galicia, en Asturias y en Castilla y León). De hecho, la administración autonómica castellanoleonesa elaboró hace tres años un plan de gestión que autorizaba la caza del lobo en la riba meridional, pero los ecologistas lograron que la UE impusiera la aplicación de la directiva Hábitats, una de las piezas clave de la legislación sobre protección de la naturaleza en el continente, que permitió la creación de la Red Natura 2000 y ha hecho posible la supervivencia de osos, lobos o linces europeos.

Indemnizaciones retroactivas

También el Gobierno español solicitó en Bruselas una modificación de la norma que permitiera el "control de poblaciones" de lobos al sur del Duero con el fin de "hacer posible la coexistencia" del cánido y los rebaños extensivos de vacas u ovejas, pero la UE se mostró inflexible y denegó la demanda.

El conflicto se enconó a raíz de la sentencia emitida en abril por el Tribunal Supremo que emplaza a la junta castellanoleonesa a indemnizar a los ganaderos por los ataques de lobos. Además la sentencia confirmó la prohibición de abatir lobos al sur del Duero, donde la ley no los considera "especia cinegética".

Los ecologistas recogen 145.000 firmas en favor del lobo y las quieren llevar a Bruselas

En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya había dado la razón a las organizaciones ganaderas en su demanda de indemnizaciones del gobierno regional por los ataques, y los sindicatos agrarios opinan que la administración debería abonarles las compensaciones por los ataques verificados a partir de ese año.

"La sociedad no quiere perder al lobo, porque forma parte de nuestra historia natural. Detrás de la idea de los llamados controles de poblaciones hay una voluntad de exterminio. Por eso decimos: 'ni una muerte más de un lobo'", proclama Luis Miguel Domínguez. "Respetamos la directiva europea que protege al lobo, pero creemos que también se debe defender a las personas. Si queremos evitar la despoblación del mundo rural, que haya vida en el campo, debemos salvaguardar a los ganaderos", replica el coordinador de la alianza UPA-COAG, Julio López.

"La ganadería extensiva y el lobo son incompatibles", sentencia López. Desde las filas ecologistas se acusa a los ganaderos de inflar las cifras de animales muertos –incluyendo en ellas las causadas por perros asilvestrados u otros depredadores– y de haber olvidado durante los 50 años que el lobo estuvo ausente al sur del Duero que la ganadería extensiva se desarrolla en la naturaleza y que ello conlleva sus riesgos.

Según el WWF, la aplicación de medidas de seguridad como contratar más pastores, el empleo de pastores eléctricos, recoger el ganado por la noche o utilizar perros mastines podría reducir drásticamente el número de ataques, y el pago de indemnizaciones por las pérdidas inevitables de reses permitiría una convivencia sostenible entre la ganadería extensiva y el lobo.

El lobo ibérico está catalogado como especie vulnerable en el Libro rojo de los vertebrados de España, y como especie casi amenazada en el Atlas y Libro Rojo de mamíferos terrestres de España. Del resultado de la batalla de Ávila dependerá en gran medida que su situación siga siendo ésta.