Los Veintisiete han acordado su posición sobre la Ley de Vigilancia del Suelo propuesta por la Comisión Europea para garantizar que estos sean saludables en 2050, ya que actualmente, más del 60% de los suelos de la UE no están en buenas condiciones.

El mandato del Consejo permitirá a los Estados miembro iniciar negociaciones con el Parlamento sobre la forma final del texto legislativo, que prevé que arranquen con el inicio de la nueva legislatura.

Los Estados miembro, con el apoyo de la Comisión, primero monitorearán y luego evaluarán la salud de todos los suelos en su territorio, de modo que las autoridades y los propietarios de tierras de toda la UE puedan adoptar prácticas sostenibles de gestión del suelo y otras medidas apropiadas

Los Estados miembro, con el apoyo de la Comisión, primero monitorearán y luego evaluarán la salud de todos los suelos en su territorio, de modo que las autoridades y los propietarios de tierras de toda la UE puedan adoptar prácticas sostenibles de gestión del suelo y otras medidas apropiadas.

 

Una metodología común

 

Asimismo, determinarán los puntos de muestreo para el seguimiento, sobre la base de una metodología común a todo el territorio de la UE.

Si bien se mantiene el objetivo ambicioso a largo plazo de no tener una ocupación neta de tierras para 2050, el enfoque general se centra en abordar el sellado y la destrucción del suelo, como los aspectos más visibles, de mayor impacto y más fáciles de monitorear de la ocupación de tierras.

Los ministros de Medio Ambiente han acordado establecer listas nacionales de actividades potencialmente contaminantes y, una vez que se haya identificado un sitio contaminado, se investigará y se abordará cualquier riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente

La posición del Consejo también establece principios de mitigación que deben tenerse en cuenta en la planificación del uso del suelo de los Estados miembro, que son lo suficientemente flexibles para respetar las decisiones de planificación espacial de los países, incluidas las medidas de transición energética y de vivienda.

El mandato introduce un enfoque gradual y basado en el riesgo que permitirá a los Estados miembro priorizar las medidas, teniendo en cuenta los riesgos potenciales, el contexto socioeconómico y el uso de la tierra actual y previsto.

Para ayudar a identificar sitios afectados los ministros de Medio Ambiente han acordado establecer listas nacionales de actividades potencialmente contaminantes y, una vez que se haya identificado un sitio contaminado, se investigará y se abordará cualquier riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente.