Greenpeace ha denunciado que las Administraciones se limitan a elaborar recomendaciones sobre los menús en comedores escolares en vez de cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público, que en palabras de la portavoz de Biodiversidad de la organización, Mónica Parrilla de Diego, "marca la obligatoriedad de primar lo saludable y sostenible frente a lo barato".

 

Criterios de responsabilidad social y medioambiental

 

Esta es la conclusión a la que ha llegado la ONG tras revisar los contratos públicos adjudicados en el periodo 2018-2022, por una cantidad de 800 millones de euros, tras lo que ha criticado que sigan sin considerarse obligatorios los criterios de responsabilidad social y medioambiental que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a incorporar en todos los contratos de comedores públicos.

Greenpeace ha detallado que durante el curso escolar 2021/2022 se registraron 1.148.313 usuarios de comedores escolares en enseñanzas no universitarias, mientras que en el curso 1996/1997, el primer año con registros disponibles del Ministerio de Educación, el número total fue de 651.501. Por lo tanto, se ha producido un incremento del 76% entre los menores realizan alguna comida del día en los colegios públicos.

Las claves del menú "barato, insano e insostenible ambientalmente" se generan de forma generalizada en la gestión indirecta, cuando empresas subcontratadas a través de un proceso de licitación proveen el servicio de comedor y cuando se prioriza la línea fría frente a la cocina propia en los centros

En total, la ONG estima que la Administración pública invierte entre 2.000 y 3.000 millones de euros en las compras alimentarias, incluyendo la gestión de los comedores escolares y de otras colectividades (hospitales, residencias, centros de día, prisiones, etc). En su opinión, las claves del menú "barato, insano e insostenible ambientalmente" se generan de forma generalizada en la gestión indirecta, cuando empresas subcontratadas a través de un proceso de licitación proveen el servicio de comedor y cuando se prioriza la línea fría frente a la cocina propia en los centros.

 

Gana la oferta económica más baja

 

En este sentido, la organización ha criticado que aunque la normativa de contratación marca claramente la obligatoriedad de incluir criterios ambientales, a la hora de la verdad prima la oferta económica más baja (salvo que incurra en una rebaja temeraria). A su vez, los ecologistas han denunciado que se han visto, por ejemplo, contratos con criterios de distancia entre cocinas centrales y centros educativos de hasta 300 kilómetros (km) o, en otros casos, no hay distancia mínima recogida, por lo que en lugar de avanzar en favor de los criterios medioambientales, se suma el transporte del menú ya cocinado hasta los centros a la huella del transporte de la materia prima.

A raíz de su análisis, la ONG ha señalado que los criterios actuales de licitación del servicio de comedor, con una oferta económica irrisoria, favorecen a las grandes empresas. De esta manera, la exigencia en los pliegos de que el licitador se encuentre a una distancia determinada es rechazada por distintos tribunales para asegurar el principio de concurrencia, igualdad y no discriminación, lo que hace que los contratos se los lleven los grandes negocios.

No hay criterios claros de lo que se considera un plato sano y sostenible o, directamente, hay una ausencia en la propuesta del contrato para que haya alimentos ecológicos o de proximidad

Del total de contratos públicos estudiados, Mediterránea de Catering, Grupo Serunion, Grupo Aramark y Grupo Eurest recibieron adjudicaciones por valor de más del 50% del importe total. A su vez, la organización ha recalcado tras su estudio que "queda patente que no hay criterios claros de lo que se considera un plato sano y sostenible o, directamente, hay una ausencia en la propuesta del contrato para que haya alimentos ecológicos o de proximidad".

 

Las Administraciones tienen que garantizar el cumplimiento de la ley

 

En opinión de Greenpeace, las Administraciones deberían promover el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que obliga a incluir criterios de responsabilidad social y medioambiental en todos los contratos de comedores públicos; así como la meta 12.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre Promoción por la Administración de prácticas de contratación y de compra pública sostenible.

Además, la ONG ha considerado que promover los alimentos sostenibles y locales en los comedores no solo asegura dietas más saludables y sostenibles, sino que favorece la preservación de los medios de vida de los agricultores ecológicos de las zonas adyacentes. Por último, los ecologistas han incidido en que el Real Decreto en el que está trabajando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para fomentar una alimentación saludable en centros educativos es una oportunidad para incidir en el proceso de contratación de servicios de restauración colectiva.