Los Veintisiete han tomado una decisión clave al adoptar una nueva ley que establece limitaciones a las importaciones de productos como aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao o soja, si se ha demostrado que estos contribuyen a la deforestación y a la degradación forestal.

La normativa, que entró en vigor este miércoles, no prohíbe específicamente ningún país o producto, pero exige que las empresas se aseguren de que los productos que importan no provengan de tierras deforestadas, como requisito para poder venderlos en el mercado de la Unión Europea.

Además, se exigirá a las empresas que verifiquen que estos productos cumplen con la legislación pertinente del país de producción, incluyendo las normas sobre derechos humanos, y que se hayan respetado los derechos de los pueblos indígenas afectados.

La nueva legislación abarca productos como el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, incluyendo aquellos productos derivados, alimentados o elaborados con estos productos básicos, como el cuero, el chocolate y los muebles. También se incluyen el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y varios derivados del aceite de palma.

 

Nivel de riesgo asociado a los países de origen

 

El reglamento establece un sistema de controles basados en el nivel de riesgo asociado a los países de origen. La Comisión Europea será responsable de clasificar a los países, o partes de ellos, en categorías de bajo riesgo, riesgo estándar o alto riesgo, utilizando una evaluación objetiva y transparente en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la normativa.

En consecuencia, los productos procedentes de países de bajo riesgo estarán sujetos a un proceso simplificado de debida diligencia, mientras que se aumentará la proporción de controles para los operadores que importen productos de países con mayor riesgo: el 9% para países de alto riesgo, el 3% para países de riesgo estándar y el 1% para países de bajo riesgo.

Las autoridades competentes de la Unión Europea tendrán acceso a la información relevante proporcionada por las empresas, como coordenadas de geolocalización, y realizarán controles utilizando herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para verificar el origen de los productos.

Por otro lado, se establecerán sanciones proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento. La multa máxima impuesta a los operadores o comerciantes que no cumplan con las regulaciones deberá ser al menos el 4% de su volumen de negocios anual total en la Unión Europea.

Con estas medidas, la Unión Europea busca impulsar prácticas sostenibles en el comercio internacional y combatir la deforestación, protegiendo así los recursos naturales y promoviendo la responsabilidad ambiental en la cadena de suministro global.