La Alianza Residuo Cero, de la que forman parte ONG ambientales han solicitado al Gobierno que aumente de manera progresiva las tasas y gravámenes a los residuos y su gestión, así como a los envases desechables puesto que consideran que el impuesto al plástico que plantea el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados no es suficiente, no fomentará la reutilización y repercutirá en los consumidores.
En una reunión que la Alianza ha mantenido con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, Hugo Morán, le han planteado cinco medidas para fomentar la reducción de residuos y la reutilización.
En concreto, plantean que se fijen objetivos de reducción de envases del 50 por ciento para el 2025 y del 80 por ciento para el 2030 con un gravamen progresivo gestionado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que no desaparezca hasta que se logre el cumplimiento de los objetivos fijados.
Hacia el residuo cero y la economía circular
Para las ONG el anteproyecto de ley de residuos aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros y la consulta sobre el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, es la oportunidad en la que España decidirá "si busca un cambio real" hacia el residuo cero y la economía circular o "sigue protegiendo los intereses de la industria que fomenta y defiende el modelo de producción y consumo basado en el 'usar y tirar'".
En ese sentido, se ofrecen al Gobierno para impulsar políticas "ambiciosas" que supongan eliminar productos "innecesarios", impulsar la reutilización de envases, productos de higiene y textil, la durabilidad de los productos de consumo, el sistema de depósito para envases de bebidas y la recuperación masiva y de calidad de la materia orgánica.
A su juicio, el impulso normativo del Ministerio para la Transición ecológico es positivo pero para esta transformación está "falto de ambición" si de verdad se busca una transformación del modelo productivo que elimine todos los daños ambientales y permita la creación de riqueza y empleo estable. "No valdrán políticas de medias tintas ni objetivos de queden a medio camino", valoran.
Además, sus cinco "propuestas estratégica" plantean facilitar el derecho y el acceso a consumir productos sin embalajes que acaban siendo residuos que ni se reutilizan, ni se reciclan, ni se compostan.
También proponen que se asegure una oferta amplia de productos y elementos reutilizables y libre de tóxicos, como las botellas de bebidas o los envases de alimentación de vidrio rellenables o los productos de higiene como la copa menstrual, las compresas de tela o las cuchillas de afeitar con recambios, entre otros elementos.
Igualmente, reclama mayor duración de los productos y su fácil reparación y, al mismo tiempo que se prohíban los productos no reutilizables, reciclables o reparables y la obsolescencia programada.
Un impuesto estatal único al vertido y la incineración
Otra de sus exigencias es habilitar "de manera inmediata" un sistema de depósito, devolución y retorno de envases que permita devolver los envases de bebida al comercio, para que los 30 millones de latas, botellas y brics puedan reutilizarse y reciclarse. Finalmente, insisten en que se implante la recogida separada de la materia orgánica y se fomente el compostaje para favorecer, al mismo tiempo la regeneración de suelos.
Por último, proponen otras medidas como la venta a granel, los productos reutilizables, los incentivos fiscales que potencien el uso de esos envases y que los envases reutilizables supongan, al menos, el 70 por ciento del total de los envases de bebidas para el año 2030; los productos menstruales, pañales y toallitas húmedas deberían ser reutilizables en un 30 por ciento en 2030 o, el textil, debería tener un objetivo de reutilización del 50 por ciento para el 2030.
Finalmente, exigen un impuesto estatal único al vertido y la incineración que puede provocar que el vertido sea la "solución residual" y no la central como hasta ahora.