No fue hasta la década de los 90 cuando la problemática ambiental pasó a formar parte de forma significativa de la agenda internacional. En 1992, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro (Brasil), estableció el Programa 21, más conocido como Agenda 21, con la intención de disponer de un instrumento práctico con el que configurar un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI.
El documento, que no es jurídicamente vinculante, fue firmado por 179 países
Este documento de planificación medioambiental, que no es jurídicamente vinculante, fue suscrito por 179 países, entre ellos España. Los estados signatarios se comprometieron a aplicar políticas económicas, ecológicas y socioculturales con la mirada puesta en la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico. Y, sobre todo, pensando en el legado que dejaremos a las generaciones futuras.
El plan de acción está formado por 40 capítulos divididos en cuatro partes. En lo que respecta a la temática medioambiental, hace referencia a diversas áreas relacionadas con la conservación y la gestión de los recursos: la protección de la atmósfera; la planificación y ordenación de la tierra; la lucha contra la deforestación, la desertificación y la sequía: el desarrollo sostenible de las zonas de montaña; el fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible, la conservación de la diversidad biológica y la gestión de la biotecnología y los residuos.
También dedica un apartado al desarrollo de los países más pobres, en el que destacan la lucha contra la pobreza y el control de la demografía, y otro al refuerzo del papel de las minorías, como las mujeres, los jóvenes y los ancianos.
La Agenda 21 es una estrategia mundial que se ejecuta en el territorio donde uno habita (un concepto que el movimiento ambientalista resume con el eslogan Piensa globalmente, actúa localmente) y tiene como objetivo la implicación de todos los sectores de la comunidad.
Promoción del consenso
Por tanto, promueve una sociedad con democracia participativa en la que las entidades sociales, públicas y privadas, colectivos y ciudadanos puedan hacer valer sus puntos de vista, si bien la voz cantante no dejará de tenerla el poder público, que debe ser el principal promotor de las acciones a emprender.
“Cada autoridad local debería iniciar un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones locales y empresas privadas y aprobar un Programa 21 local. Mediante la celebración de consultas y la promoción de un consenso, las autoridades locales recibirían aportes de la ciudadanía y las organizaciones cívicas, empresariales e industriales locales y obtendrían la información necesaria para formular las mejores estrategias”, reza el artículo 28.3 del documento.
Así, cada región o localidad ─el modelo tiene como campo de acción idóneo las ciudades─ puede implementar su propia Agenda 21. Las mismas son promovidas desde 1992 por la entidad International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Europa encabeza el ranking de número de urbes sumadas a la iniciativa con más de 1.000 participantes.
En Europa han confeccionado su propia agenda más de mil ciudades
Cabe destacar que se ha llevado a cabo una campaña supranacional sobre la temática: la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles emitió la Declaración de Aalborg (Dinamarca) en 1994, la adhesión a la cual supone el compromiso de las ciudades con la sostenibilidad.
En España, la comunidad autónoma más adelantada en el desarrollo de programas y políticas de sostenibilidad local es Cataluña, donde destacan la Diputación de Barcelona, con la creación de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, y la propia agenda de la ciudad de Barcelona.
Desde su implantación, la Agenda 21 ha sido objeto de críticas. Por un lado, algunos analistas objetan que la participación ciudadana no es del todo plural, sino que está sometida a la decisión de las autoridades locales y de los equipos técnicos, por lo que consideran que con la iniciativa se trata tan sólo de emplear dicha participación para hacer posibles entornos locales más gobernables, amortiguando así los conflictos sociales. Asimismo, lo vinculan con un neocorporativismo elitista liderado por coaliciones público-privadas.
Algunos sectores conservadores de Estados Unidos también se oponen al modelo argumentando que sirve para expandir el control de los gobiernos sobre los recursos naturales y el desarrollo económico, reduciendo así la libertad individual en cuanto a la toma de decisiones sobre la producción de alimentos, transporte, propiedad e incluso sobre el tamaño de la familia, como sucede en la República Popular China.
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