La Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes, con 21 votos a favor –todos de la oposición– y 14 abstenciones, una Proposición no de Ley en la que la cámara expresa su apoyo a la prohibición de las armas nucleares en todo el mundo y se insta al Gobierno a implicarse en las iniciativas diplomáticas que están en marcha en ese sentido en las Naciones Unidas.
La Proposición no de Ley sobre apoyo a la Resolución L41 de Naciones Unidas y la aprobación de un tratado de prohibición de armas nucleares, presentada por el Grupo Socialista a instancias de la Fundació per la Pau (Fundipau), que remitió el texto a todos los grupos parlamentarios, reclama al ejecutivo de Mariano Rajoy "apoyar y liderar la voluntad de avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarme con la aprobación de un tratado de prohibición de las armas nucleares".
Precisamente estos días –del 15 de junio al 7 de julio– se celebra en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York la segunda sesión de la conferencia internacional que negocia un posible tratado de prohibición de estas armas, las únicas de destrucción masiva que no están vedadas por la legalidad internacional. Y las únicas que podrían acabar con todo vestigio de vida sobre la faz del planeta.
132 países se han declarado a favor de un tratado que elimine los arsenales
Tras la primera sesión, celebrada en marzo también en la ciudad estadounidense, 132 países se declararon partidarios de la prohibición de su desarrollo, posesión, almacenamiento, estacionamiento o financiación. España, al igual que la mayor parte de los miembros de la OTAN, se opone y, al igual que hicieron todos ellos, ni tan siquiera ha querido participar en la conferencia.
En total, han declinado participar en los debates unos 40 estados miembros de la ONU, de los 193 que integran la organización, entre los que se cuentan Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad –que, como vencedores de la Segunda Guerra Mundial, disponen cada uno de ellos desde la fundación de las Naciones Unidas de veto permanente sobre cualquiera de las decisiones del organismo– y que son asimismo parte de los nueve países del mundo que poseen –o por lo menos que admiten poseer– armas nucleares.
El resto son India, Pakistán y Corea del Norte, junto a Israel –que dispone de proyectiles nucleares pero ni lo admite ni lo niega oficialmente–. Ninguno de ellos asiste tampoco a la conferencia. Suráfrica también las tuvo, pero renunció a ellas en los años 90 del pasado siglo, tras la caída del régimen del apartheid, y destruyó su pequeño arsenal.
Hiroshima y Nagasaki
En la actualidad se estima que existen más de 15.000 cabezas nucleares operativas en todo el planeta, el 93% de las mismas repartidas entre Rusia y Estados Unidos, que tienen unas 2.000 listas cada uno para ser lanzadas en cuestión de minutos. Cada una de ellas es miles de veces más potente que las dos únicas empleadas en guerra en la historia, las que arrasaron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, lanzadas por aviones estadounidenses y que causaron 140.000 muertos inmediatos y varios cientos de miles más en los años siguientes.
En 1990 las dos superpotencias tenían desplegadas más de 10.000 armas nucleares cada una. Y la cifra había sido muy superior, hasta más del doble, en los momentos álgidos de la carrera armamentista entre ambas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial a los años 80, cuando Washington y Moscú empezaron a negociar tratados de desarme atómico que permitieron reducir poco a poco su número. "Aunque la cantidad de armas nucleares es de las más bajas desde el fin de la Guerra Fría, está claro que mientras exista una sola de ellas, constituyen un riesgo inaceptable para la humanidad", afirma el presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thompson.
En el planeta hay 15.000 cabezas operativas, el 93% de ellas de Estados Unidos y Rusia
El Grupo de Trabajo Abierto sobre Armas Nucleares de las Naciones Unidas, reunido el 19 de agosto del año pasado en Ginebra (Suiza), recomendó a la Asamblea General que convocara una conferencia en 2017 para "negociar un instrumento legalmente vinculante para prohibir las armas nucleares orientado hacia su total eliminación". La asamblea aprobó la Resolución L41, que permitió iniciar el proceso para negociar el tratado que se está negociando en las dos conferencias de este año. En la primera de ellas se aprobó un borrador de tratado de prohibición, tomado como punto de partida de los trabajos de la segunda conferencia en curso.
“Las armas nucleares son éticamente inaceptables en el siglo XXI. Pensadas para matar civiles de forma indiscriminada, esta tecnología de los años 40 pone cada día en riesgo incontables vidas. Su existencia continuada mina la credibilidad moral de todos los países que confían en ellas. Un tratado para prohibirlas, como primer paso hacia su eliminación, tendría un impacto real y duradero", asegura Beatrice Fihn, la directora de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, en sus siglas en inglés).
Las potencias nucleares se niegan en redondo a la prohibición y afirman preferir seguir aplicando el modelo del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) suscrito en 1968, que solamente permitía poseerlas –con el compromiso de no usarlas ofensivamente– a los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, y que ha evidenciado claramente su fracaso. Cinco países –India, Pakistán, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte– están fuera del mismo y, como se ha dicho, cuatro de ellos disponen de arsenal atómico, y unos cuantos más intentaron lograrlo sin éxito.
Se da la circunstancia de que el anterior presidente norteamericano, Barack Obama, que expresó tan repetidamente su visión de un futuro sin armas nucleares, obtuvo el Premio Nobel de la Paz y negoció con Irán la renuncia persa a su programa atómico susceptible de aplicación militar –acuerdo que ahora Donald Trump podría dinamitar–, impulsó sin embargo un ambicioso plan para modernizar el programa armamentista nuclear norteamericano –que ocupa a 40.000 personas– en el que está prevista la descomunal inversión de 900.000 millones de euros en las próximas tres décadas. Los poderes económicos no renunciarán fácilmente a semejante negocio.